Mazón indemnizará con 10.000 € a la víctima del ex de Oltra y se abre a otros 240.000 por el abuso sexual

Carlos Mazón ha puesto fin a la batalla judicial de la Generalitat Valenciana contra Maite. La víctima de abusos sexuales en un centro de menores por parte del educador Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de la entonces vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, cobrará en las próximas semanas la indemnización por su despido en el Hospital de Torrevieja, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de Presidencia.

La Justicia la cifró en 10.000 euros, y el Ejecutivo de Ximo Puig recurrió una condena que el nuevo presidente valenciano ha decidido ahora acatar. Se trata de un nuevo talante con la joven , que puede resultar crucial de cara a la indemnización más importante, ya que Maite solicitó una reclamación patrimonial por los abusos y el desamparo sufridos que asciende a un importe de 240.000 euros.

Este segundo caso se encuentra todavía en el aire, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de Ramírez Icardi contra su condena de cinco años de cárcel por abusar de Maite. "Una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella", concluyó la sentencia inicial, confirmada después por la Audiencia de Valencia y por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

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Mientras no se confirme esta condena, la Justicia no abordará la reclamación patrimonial que solicita Maite T. M., cuya cantidad es también una incógnita. En cualquier caso, la chica se encontrará con una actitud bien distinta por parte de la Administración autonómica, partidaria ahora de atender el mandato judicial y, sobre todo, reparar el daño sufrido por la entonces menor de edad.

Prueba de ello es la decisión del nuevo Ejecutivo del PP de acabar con los cinco meses de espera de Maite para cobrar los 10.000 euros por su despido en el Hospital de Torrevieja. Fue contratada en el centro público cuando lo gestionaba la empresa Ribera, y despedida cuando la Generalitat Valenciana asumió la gestión al dar por finalizada la concesión sanitaria.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Social número 1 de Elche condenó a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 10.000 euros tanto a la joven como a su pareja. Consideró acreditado que sufrieron una vulneración de sus derechos al ser los únicos trabajadores del área de salud de Torrevieja que no fueron subrogados por la Administración autonómica.

Pese a la firmeza del fallo y la notoriedad del caso, la Generalitat Valenciana optó por recurrir. Y el pasado mes de julio recibió una nueva reprimenda por parte del mismo juzgado, que ordenó a la Conselleria de Sanidad que abonara la indemnización de inmediato.

Decisión pendiente

Restaba sólo una semana para que Mazón se convirtiera en el nuevo presidente, y el Ejecutivo en funciones optó por esperar a que el nuevo tomara una decisión que llega ahora. Solo entonces la vicepresidenta Aitana Más (Compromís) se mostró partidaria de pagar a la víctima, si bien dejó el asunto pendiente.

Cabe subrayar que no solo recurrió la Generalitat. Lo hizo también la propia Maite, ya que reclamaba una indemnización de 25.000 euros por el despido que el juzgado redujo a 10.000.

Algo similar podría ocurrir con la reclamación patrimonial de 240.000 euros. La aspiración de la víctima es ambiciosa. Su abogado, líder de la formación de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto, reclamó la cantidad máxima contemplada en la ley para un caso como el de la joven.

"Entendemos que resulta procedente una indemnización a favor de mi representada de 240.000 euros, que corresponde al límite superior del grado mínimo de la sanción administrativa prevista", precisó el letrado.

El escrito, presentado hace ya dos años, apeló "al daño moral infligido" por la "doble agresión" a Maite. "Por parte del educador del centro contra su libertad sexual" y "por parte del personal de esa administración autonómica contra su integridad moral", precisó.