El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la sanción económica de 16.800 euros a la empresa de comunicación de Francis Puig, hermano del presidente valenciano Ximo Puig, por pactar precios en un concurso público de la televisión pública valenciana, À Punt, y actuar "como un cártel" para "alcanzar los mayores beneficios posibles".
En la resolución, difundida este martes y que puede ser recurrida, el TSJ ha confirmado la multa de 16.801,7 euros impuesta en el año 2020 por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana a la empresa del sector audiovisual de la provincia de Castellón vinculada al hermano de Puig, Comunicació dels Ports SA, por una infracción "muy grave".
La sanción impuesta por este organismo de la Generalitat Valenciana se basaba en que la empresa había concurrido, junto a otras tres mercantiles del mismo sector, con ofertas prácticamente idénticas a una licitación para el servicio de recursos audiovisuales de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana.
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ha concluido que en este caso ha mediado "una conducta competitiva denominada cártel, que implica un acuerdo entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado para alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores".
"Las cuatro empresas expedientadas utilizaron cuatro tipos o modelos de ofertas con precios idénticos en los cuatro conceptos de preferencias que se empleaban para la adjudicación", señalan los magistrados.
Francis Puig, a la izquierda, acude junto a su abogado a declarar a los juzgados.
"Estos conceptos se repiten en los distintos lotes a los que concurrieron. La utilización coordinada de estos cuatro tipos o modelos de oferta responde a un sistema de reparto por el que las cuatro empresas expedientadas rotan en las posiciones 1a, 2a, 3a y 4a en los lotes 1, 2 y 3".
Por ello, "aun cuando la conformación de las ofertas por parte de las cuatro mercantiles sancionadas se apoye en un informe realizado por un profesional independiente, resulta difícil entender y nos parece suficientemente llamativo la identidad del informe teniendo en cuenta la diversa estructura y características de las empresas".
Según el TSJ, "en el presente asunto existe prueba sobrada sobre intercambio de información con contenido anticompetitivo entre las empresas participantes en la licitación".
"Los contactos resultan a través de las conversaciones por medio de whatsapp transcritas en la resolución recurrida". Así, en las conversaciones hablan de que "disponían de información con carácter previo a publicación de la licitación que se iba a celebrar y de los términos en que se iba a lanzar"; y negocian la "coordinación de ofertas" con el hermano de Puig.
El hermano del presidente valenciano se encuentra en estos momentos investigado por posibles irregularidades en la justificación de subvenciones tras una querella presentada por el Partido Popular, a la que se sumó como acusación la Fiscalía Anticorrupción.