Imagen panorámica de un mitin del PSOE celebrado en Elche durante los años investigados.
El PSOE de Valencia usó la empresa del hijo de un concejal para derivar 600.000 euros a su 'caja B'
La Guardia Civil concluye que el partido encubría como gastos de promoción y márketing donaciones de constructores valencianos.
22 diciembre, 2022 02:26El PSOE tenía su propia Gürtel en Valencia y recurrió a una empresa de comunicación de Gandía, administrada por el hijo de un concejal socialista, para recaudar el dinero procedente de supuestas donaciones ilegales de constructoras. Es decir, todo apunta a que el partido encubría como gastos de promoción lo que en realidad eran pagos de empresas.
Así consta en el informe elaborado por la Guardia Civil sobre la presunta financiación irregular del partido en las elecciones de 2007 y 2008, y que ha sido entregado al juzgado que instruye el Caso Azud, la trama que ha sacado a luz 20 años de corrupción de PP y PSOE en Valencia.
La empresa se llama Crespo Gomar y el partido le encargó diversos actos de sus candidaturas municipales, autonómicas y generales. Entre 2005 y 2007, la sociedad realizó trabajos para el partido por valor de al menos 600.000 euros, y en este caso analizado por la Guardia Civil fueron abonados con el dinero procedente de una constructora con intereses en ayuntamientos gobernados por el PSOE.
[Un exjuez afín al PSOE recaudó un millón para promocionar a Alborch y Fernández de la Vega]
Los investigadores hallaron en el domicilio de José María Cataluña, extesorero del PSOE de Valencia y exvicepresidente de Bancaja, un documento que corresponde a una anotación manuscrita titulada "Crespo Gomar".
En las anotaciones se exponen una serie de cantidades, "aparentemente monetarias", puntualiza la Guardia Civil, relacionadas con los años 2005, 2006 y 2007.
Anotación de Crespo Gomar hallada en casa del extesorero del PSOE.
Con el ejercicio 2005 se relacionan dos cantidades de 60.000 euros, 120 en total. Mientras, para el ejercicio 2006 se vinculan 300.000 euros divididos en 12 cuantías, aparentemente mensuales, por importe de 25.000. Finalmente, para el 2007 se relacionan 180.000 euros divididos en 4 pagos de 45.000. La suma de las cuantías asciende a los 600.000 euros.
Este no es el único documento que halló la Guardia Civil en casa del exjefe de finanzas del PSOE valenciano. Relacionado con el anterior, los agentes localizaron otro papel que detalla los "pagos acordados" y "facturas pagadas".
De nuevo aparece la cifra de 600.000 euros, pero las facturas no fueron abonadas por el partido, sino que en esta ocasión las habría asumido Construcciones Blauverd, con sede en Alzira (Valencia), e implicada en diversos sumarios abiertos por corrupción.
Los agentes llegan a esta conclusión tras revisar las anotaciones de Cataluña y los documentos que motivaron otra investigación judicial destapada en 2018 por la presunta financiación irregular del PSOE y el antiguo Bloc Nacionalista, el partido mayoritario de Compromís.
En uno de los correos investigados en aquel momento aparecía una "factura Blauverd" y apuntaba que había que enviarla "por mensajería a la sede del PSPV en calle Blanqueries a la att. de Pepe Cataluña. En el sobre además de la dirección solo deben poner eso".
José María Cataluña, extesorero del PSOE valenciano, accede a los juzgados para declarar.
Días Después, Crespo Gomar giró facturas a esta constructora como si se tratara de "servicios de asesoramiento de marketing y comunicación Feria Urbe".
Sin embargo, la investigación no pudo avanzar y acabó en archivo porque los delitos electorales habían prescrito.
En esta ocasión, los hechos se han articulado como un delito de cohecho, que todavía no ha prescrito pese al tiempo transcurrido, al considerar que las entregas eran dádivas para favorecer el interés de los promotores investigados.
Sobre la constructora Blauverd, los agentes también localizaron varias anotaciones manuscritas entre los documentos intervenidos al que vinculan a esta sociedad con las localidades de Godella (Valencia), Cullera (Valencia) o Dénia (Alicante).
En este último caso, además, "las anotaciones parecen estar vinculadas con alguna cuestión relativa al consistorio de esta localidad, apareciendo referencias a Alcaldía y Ajunt", traslada al juzgado la Guardia Civil.
Crespo Gomar, ahora extinguida, fue constituida en 2001 y su objeto social eran los servicios de marketing y comunicación de todo índole. Desde 2002, su administrador único era Alberto Gomar, hijo del que en ese momento era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, el socialista Antonio Gomar.
Gomar era una de las personas de la máxima confianza del entonces alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, un dirigente muy cercano al presidente Ximo Puig.
Orengo tuvo de asesor en el Ayuntamiento de Gandía, entre los años 2003 y 2007, a José Luis Vera, el exmagistrado afín al PSOE que habría recaudado hasta un millón de euros para la promoción de Carmen Alborch y la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en las elecciones de 2007 y 2008.
El líder de los socialistas valencianos era Joan Ignasi Pla, obligado a dimitir en 2008 tras descubrirse que un promotor adelantó el pago de las facturas de la reforma de su casa, y el secretario de Organización Vicent Sarrià, en la actualidad diputado del PSOE en el Congreso.
Operación Pego
José Luis Vera y José María Cataluña tuvieron un papel "nuclear" en la presunta financiación irregular del PSOE en Valencia.
El informe de la UCO de la Guardia Civil atribuye a ambos el papel de conseguidores de favores en operaciones urbanísticas a cambio de importantes sumas de dinero.
Una de estas operaciones bajo sospecha corresponde al desarrollo de una urbanización con campo de Golf en Pego (Alicante). El exmagistrado y un dirigente histórico de Compromís del mismo partido que el diputado Joan Baldoví, Pere Mayor, habrían pactado otra comisión de cerca de 2 millones de euros con el promotor que impulsó el proyecto, Jaime Febrer, también imputado.
La Guardia Civil ha trasladado al juzgado que halló en los registros efectuados en las empresas de Febrer una serie de anotaciones manuscritas vinculadas al proyecto de Pego.
En la primera de estas hojas figuran, entre otras, referencias al que se trataría del alcalde de Pego entre 1995 y 2003, Carlos Pascual, el primer cargo público que ingresó en prisión en España por un delito contra el medio ambiente.
Asimismo, se registraron una serie de anotaciones relacionadas con el PSOE, y más concretamente con su portavoz. En las anotaciones también ha aparecido el nombre de "Zapata" e indica que "ya ha pagado". La Guardia Civil afirma que el nombre corresponde al de otro empresario con intereses urbanísticos en la localidad y socio de Febrer en el proyecto.
En otra de las hojas con anotaciones manuscritas vinculada a estas negociaciones figura el nombre de "Ximo Tur", concejal en el Ayuntamiento de Pego por el Bloc y más tarde alcalde de Calpe (Alicante) por el mismo partido.
Nota intervenida al empresario Febrer e incluida en el sumario.
En abril de 2005, se produjo una reunión entre el constructor y los socialistas investigados. Y las anotaciones manuscritas, continúa la Guardia Civil, harían referencia a una reunión urgente con "Pepe, Pere (Mayor), J.L.Vera, Baño y nos”.
Unos días después, Febrer se reunió con sus socios y dejó anotado el siguiente texto: "Pego. Llamar a J.L.V. quedar con él, PSOE y Bloc 300M/pts".
Anotación con la referencia pactada para el PSOE y Bloc por la urbanización de Pego.
En este tiempo, el Ayuntamiento de Pego estaba gobernado por un tripartito formado por PP, PSOE y Bloc, siendo el alcalde Carmelo Ortolá, del PP.
En junio de 2005, el Ayuntamiento de Pego aprobó el proyecto del campo de golf con urbanización con los votos a favor de PP y el PSOE y la abstención de los nacionalistas, aunque finalmente nunca llegaría a desarrollarse.
Para la Guardia Civil, el promotor Febrer necesitaba "el apoyo de algunos miembros del PSOE" y por ello era "objeto de diferentes reuniones y análisis internos por su parte".
En este contexto, Jaime Febrer mantenía reuniones "con José Luis Vera y José María Cataluña, tanto de forma conjunta como individual, en las que el tema a tratar o uno de ellos son las actuaciones urbanísticas".
Tras estas reuniones, "aparecen anotaciones en las que se recogen importes monetarios que se vinculan al PSOE, haciéndolo además en anotaciones que se encuentran vinculadas a las actuaciones urbanísticas en cuestión", concluye la Guardia Civil.
