El exmagistrado valenciano José Luis Vera recaudó hasta dos millones de euros en comisiones ilegales a cambio de supuestos favores urbanísticos y el PSOE destinó parte del dinero a financiar la promoción de la exministra Carmen Alborch y la exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, en las elecciones de 2007 y 2008.
Esta es una de las conclusiones del informe de la Guardia Civil en el caso Azud, la macrocausa contra la corrupción política que salpica en Valencia tanto a PP como a PSOE.
El dinero lo abonó el constructor Jaime Febrer después de que el exmagistrado interviniera en el desarrollo de un Programa de Actuación Integrada El Espartal, desarrollado por el promotor en Xixona (Alicante), y la constructora Gigante, con sede en Tomelloso (Ciudad Real).
El Gobierno, en ese momento en manos del PSOE, garantizó el suministro hídrico de la urbanización que quería desarrollar Febrer y supuestamente los cargos del PSOE investigados pactaron la mordida de dos millones de euros por facilitar el proceso.
Al parecer, la mitad fue a parar al propio exjuez y el millón restante al PSOE para financiar su actividad electoral, entre la que se incluyen las candidaturas de Alborch y Fernández de la Vega al Ayuntamiento de Valencia y al Congreso, respectivamente, y la de Joan Ignasi Pla a la presidencia de la Generalitat Valenciana.
Anotaciones con referencias al reparto halladas por la Guardia Civil durante los registros.
El expediente policial detalla la supuesta financiación irregular de los socialistas con un esquema que imitaba el mismo modelo que usó la trama Gürtel para financiar al PP.
Es decir, empresas de comunicación y marketing que facturan a terceros (empresarios) por servicios que en realidad habrían sido prestados al PSOE valenciano.
Se han localizado facturas abonadas a través de este método que superan los 300.000 euros y entre los supuestos donantes también han aparecido empresas condenadas o investigadas por financiar al PP, como Facsa o Construcciones Luján.
Corrupción urbanística
José Luis Vera está casado con Antonia Armengol, diputada socialista en el Congreso entre 2004 y 2008, y durante 8 años ejerció de magistrado de la Audiencia de Valencia por el cuarto turno (el que se reserva para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada).
Según la Guardia Civil, "José Luis Vera habría percibido importantes sumas económicas, que habría destinado tanto a su beneficio personal" como al PSOE.
En el caso de los fondos destinados al PSOE, la investigación desarrollada "evidencia que en la obtención, gestión y utilización de estos fondos habría ejercido un papel nuclear, junto a José Luis Vera, José María Cataluña", exvicepresidente de Bancaja y tesorero del PSOE de Valencia hasta 2004.
No obstante, la Guardia Civil precisa que "las evidencias recopiladas muestran que habría continuado vinculado a las funciones de este cargo en fechas posteriores".
Los investigadores han puesto a disposición del juzgado una serie de anotaciones en los que figura el reparto de los fondos irregulares y la entrega de grandes cantidades de dinero en metálico. El empresario Febrer se comunicaba con Vera a través del correo electrónico oficial del Congreso que tenía su mujer en calidad de diputada.
"Mira a ver si es posible incluir estas cantidades en el convenio que mañana me entregarás", le comunicó Febrer a Vera en referencia al agua que necesitaba para desarrollar su urbanización en Xixona.
El constructor tenía una extensa red de contactos en el PSOE y la investigación ha descubierto que durante esos años contrató como chófer particular a Roberto P. Raga, actual alcalde socialista de Riba-roja (Valencia).
Correo remitido por Febrer a la cuenta oficial en el Congreso de la mujer de Vera.
El desarrollo de este PAI se duró durante un amplio periodo temporal, "que se inicia en el año 2004 y cuya investigación se prolonga al menos hasta el año 2008".
Durante este tiempo, uno de los problemas que se debía de solventar es la relacionada con la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos, un "aspecto problemático dada la escasez" recursos hídricos en la provincia de Alicante".
El PSOE estaba en el Gobierno y Cristina Narbona era la ministra de Medio Ambiente. La solución que se encontró fue "la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona, cuyo objetivo era la ampliación de la desaladora de Muchamiel-Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona", dice la Guardia Civil.
A cambio, se acordó el pago de una comisión de dos millones de euros. "De estos, 1 millón de euros tendría como destinatario al propio José Luis Vera y 1 millón el partido político al que este se encuentra estrechamente vinculado, es decir, el PSOE", según la Guardia Civil.
Para el pago de esta comisión "se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos".
Entre ellas destaca la firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios; entre otras", señala la Guardia Civil.
El informe recoge que el proyecto urbanístico de Xixona "no habría sido una actuación aislada" y cita operaciones sospechosas en Bétera (Valencia) y Pego (Alicante).
Modelo 'Gürtel'
Los pagos permitían aumentar considerablemente el gasto destinado a las campañas de 2007 y 2008 y las empresas obtenían una posición de ventaja en adjudicaciones de administraciones socialistas.
No obstante, el PP, que también se financió con donaciones ilegales en aquellas elecciones según estimó la Audiencia Nacional, se impuso finalmente por mayoría absoluta al PSOE.
Respecto a la campaña de Alborch, candidata socialista al Ayuntamiento de Valencia en 2007, la Guardia Civil ha acreditado que el PSOE financió con dinero negro su promoción. En concreto, se compraron 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 125.000 globos rojos, 5.300 llaveros y 1.028 kilos de caramelos con la imagen de la exministra de Cultura.
Artículos de la campaña de Alborch abonados por terceras empresas.
Por otra parte, la Guardia Civil cree que el PSOE también usó el dinero de los empresarios para reforzar la campaña de Fernández de la Vega en Valencia, candidata del PSOE al Congreso por esta provincia en 2008.
Las empresas abonaron artículos de merchandising como camisetas, llaveros, gorras o mochilas con la impresión "Valencia x la vice", el lema de la campaña de Fernández de la Vega, cuyo coste total ascendió a más de 70.000 euros.
Diseño de camisetas de la campaña de Fernández de la Vega abonadas por empresas.
Igualmente, con este método el PSOE pagó otros 102.000 euros de la campaña de Unión Valenciana, un partido regionalista que acabó integrado en el PP, para quitar votos a la candidatura de Francisco Camps; y financió la edición de vídeos y la presentación de programas electorales, tanto en la ciudad de Valencia como a nivel autonómico.
Además de la aportación de 2 millones de la empresa de Febrer y Construcciones Gigante, se han localizado facturas correspondientes al PSOE abonadas por otras empresas por servicios en campañas.
Entre ellas aparecen Edificaciones y Obras (33.367,08 euros); Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales -Sitra- (108.344 euros); Construcciones Luján (120.060 euros) y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense -Facsa- (70.817,40).
Delitos
El tiempo que ha trascurrido desde que se cometieron los hechos, 15 años, juega a favor de los investigados, entre los que se encuentran José Luis Vera, Cataluña y el expresidente de la Confederación Hidrográfico del Júcar, Juan José Moragues, pareja de la exalcaldesa socialista de Gandía Pepa Frau.
Los delitos electorales están prescritos, pero el juzgado mantiene las diligencias abiertas por un supuesto cohecho, pues la Fiscalía Anticorrupción atribuye los pagos a una dádiva a cambio de facilitar los negocios de Febrer y el resto de empresarios.
Este delito todavía no estaría prescrito y permite continuar con las diligencias, pero se descartan nuevas imputaciones por las dificultades que se están encontrando los investigadores para obtener más pruebas al haber transcurrido tanto tiempo, según apuntan las fuentes consultadas por esta redacción.
Además del cohecho, se investigan supuestos delitos de delitos tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
El caso le estalla a Ximo Puig a cinco meses de las elecciones y con las encuestas augurando un empate técnico entre bloques.