Mónica Oltra ha desacreditado en repetidas ocasiones a la víctima de los abusos sexuales de su exmarido por la ideología de extrema derecha de los abogados que la defienden, pero la declaración ante el juez de la líder de Compromís revela ahora que la menor tutelada tuvo que recurrir a letrados privados porque la Generalitat Valenciana no le brindó "apoyo legal". "Nadie lo planteó; y yo, tampoco", reconoció la propia exvicepresidenta valenciana el pasado lunes en el juzgado.
Así consta en la transcripción completa de la declaración de la exconsellera de Igualdad, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Se trata de la comparecencia ante el juez en la causa en la que se encuentra imputada junto a otras 13 personas de la conselleria. La Justicia analiza el papel de los investigados en la denominada "investigación paralela" o "parajudicial" que desarrolló la administración pese a que el asunto ya estaba en los tribunales.
Este expediente público concluyó que el testimonio de la víctima de abusos sexuales carecía de credibilidad, justo lo contrario que dictaminaron finalmente los tribunales. El exmarido de Oltra, Luis Eduardo Ramírez Icardi, fue condenado a 5 años de cárcel por abuso sexual a la joven tutelada en el centro en el que él ejercía como educador.
En la declaración de Mónica Oltra del pasado lunes, el magistrado, Vicente Ríos, preguntó con insistencia por qué no se asistió legalmente a la joven. "Se le pone de manifiesto que existe una doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que, ante los términos preclusivos del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitía la intervención adhesiva de las víctimas", recoge la transcripción.
"Puesto que expone usted razones para mostrar desacuerdos con la sentencia de la Audiencia Provincial (la que condenó al educador) existía la posibilidad de esa doctrina, intentar la personación en la causa", le expone el juez. "Se le pregunta por qué no se trató de hacerlo, lo que hubiera supuesto que la niña tuviera apoyo legal, se la tratara como víctima, y aportara documentación de actuaciones de la conselleria", recoge el texto de la mencionada declaración de Oltra.
"Título habilitante"
Según la misma, la exvicepresidenta respondió que "es algo que no se planteó nadie, porque no había titulo habilitante". "Y si no hay normativa que lo respalde, la Abogacía no actúa", argumentó Oltra en primer lugar.
Vicente Ríos insistió al respecto, y fue entonces cuando Mónica Oltra reconoció que nadie, ella incluida, barajó esa posibilidad. "Preguntada acerca de si puesto que el primer juicio tuvo lugar en noviembre de 2019, la abogacía no pudo actuar, manifiesta que nadie lo planteó; y yo, tampoco", recoge literalmente la transcripción.
Tras responder al juez, Oltra atendió al fiscal, que incidió en el mismo asunto: por qué la abogacía de la Generalitat no se personó en la causa. "Preguntada acerca de, si hallándose Maite bajo la tutela de la Generalitat, no le parece a la declarante titulo bastante para personarse como acusación particular ante el proceso correspondiente", inquirió el Ministerio Público.
"No me tiene que parecerme a mí, sino a quien tuviera que ejercer esa acusación. Y, en todo caso, lo que me tenía que parecer a mí, se plasmó en la Ley 26/2018", replicó Oltra.
Ante sus evasivas, el fiscal le preguntó directamente "quién, dentro del ámbito jerárquico institucional en el que se encontraba la niña, tenía la obligación de ejercer la acusación particular en defensa de los intereses de la misma". La exvicepresidenta respondió que "nunca, en ningún caso, la Generalitat se había personado donde hubiera habido abuso de un menor, en el ámbito de cualquier conselleria". "Por eso
impulsamos la Ley 26/18", agregó.
España 2000
En consecuencia, la Generalitat Valenciana no brindó apoyo legal a la menor, de modo que la joven recurrió a un abogado particular. Se trata de José Luis Roberto, el líder de la formación de ultraderecha España 2000. Además, en la causa por la que Oltra ha sido imputada ejercen de acusación tanto Vox como Gobiérnate, plataforma de la agitadora de extrema derecha Cristina Seguí.
Oltra y Compromís han aprovechado la presencia de estos tres actores para reducir el caso a una mera campaña de persecución de la extrema derecha, obviando que tanto la fiscalía como el juez instructor aprecian indicios de delito. Pero las respuestas de la acusada ante el magistrado han permitido conocer además que estuvo en manos de la propia Generalitat brindar a la menor una representación legal bien distinta.
Además de la cuestión del "apoyo legal" a la joven, la declaración de Oltra ha revelado otras cuestiones. Por ejemplo, que la exvicepresidenta y su exmarido estaban separados, pero compartían casa en el momento en que se produjeron los abusos. "Compartíamos inmueble", reconoció la propia acusada.
El juez instructor indagó detenidamente en esta circunstancia. La considera relevante para analizar la supuesta ocultación de los abusos sexuales por la que se encuentran imputadas tanto Oltra como otras trece personas de la Conselleria de Igualdad, el departamento que ella dirigía.
Oltra mantuvo en su declaración que no conoció los abusos -que tuvieron lugar entre finales de 2016 y principios de 2017- hasta el siguiente 4 de agosto. Por ello, al darse la circunstancia de que ambos seguían empadronados en el mismo domicilio, el juez le preguntó por el estado de la relación en aquel entonces, así como "dónde residía cada uno".
Mónica Oltra, en una imagen de archivo. Efe / Biel Aliño
"La relación de pareja se acabó en verano de 2016, y seguimos compartiendo el inmueble hasta finales de agosto o principios de septiembre de 2017", precisa la transcripción de la declaración de Oltra, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Al conocer este dato, el magistrado repreguntó a Oltra si no le extrañó que el educador pasara más tiempo en el domicilio, ya que, según precisó, "dejo de trabajar en el Centro de Atención de Menores Niño Jesús a partir del 20 de febrero y hasta el 12 de marzo de 2017".
Oltra negó tener conocimiento alguno de que había sido apartado durante ese tiempo. Argumentó que "ese fue un mes con mucha actividad". "Yo tenía que desplazarme fuera de Valencia. Estuve en Bruselas y estuve en Madrid. La conciliación con los niños en casa, si yo no estaba en casa, tenía que 'tirar' de mi madre porque todavía eran pequeños y él trabajaba de noche semana sí y otra no", expuso.
"En ese intervalo le dije que me tenía que ir fuera y él me dijo que le debían días y que no me preocupara por los niños, que él los iba a atender. Teníamos ya pautadas las semanas en las que yo me hacía cargo de los niños y al revés", agregó.
El juez zanja este asunto con una pregunta directa, según consta en la transcripción: "Preguntada acerca de si el hecho de que su marido fuera apartado de su trabajo fue puesto en su conocimiento por cualquier persona, incluidos su hijos, manifiesta que no".
Actuación errática
El conocimiento que tuviera o no Oltra en esas fechas es crucial en la investigación. Fueron los días en los que el aparato de la Conselleria de Igualdad empezó a actuar de forma errática, hasta el punto de desacreditar a la menor.
Inicialmente, el centro apartó al educador de forma temporal y puso la denuncia de la joven en conocimiento de la Dirección Territorial de Igualdad, que entrevistó a la chica, pero ni siquiera le preguntó por los abusos. Nadie dio parte a la Justicia hasta el 22 de junio, cuando, por casualidad, se enteraron del asunto dos agentes de la Policía Nacional en la puerta del centro de menores.
Durante todo ese tiempo, Oltra y Ramírez compartieron casa sin que, según la versión de la líder de Compromís, tuviera conocimiento alguno de los hechos que se investigan.