El extesorero del PSOE en Valencia, José María Cataluña, seguirá imputado por un presunto delito de cohecho tras hallar la Guardia Civil pagos irregulares por cerca de medio millón de euros a proveedores del partido en la campaña de 2007.
La juez del caso Azud, la macrocausa contra la corrupción que ha aflorado supuestos sobornos millonarios a cargos del PP y PSOE en Valencia, ha rechazado el recurso que presentó Cataluña para intentar anular las pruebas obtenidas durante el registro de su domicilio en Gilet, municipio valenciano del que fue alcalde.
Entre los argumentos que expone la juez Pepa Tarodo para justificar su decisión, destaca una relación de facturas de proveedores del PSOE que fueron abonadas por una de las empresas de la trama, Gigante. Esta constructora es la misma que pagó más de 100.000 euros en gastos de la campaña electoral de Unión Valenciana (UV) en 2007 para quitar votos al PP.
Así, según el relato de la juez, "Gigante Edificaciones y Obras efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total, 484.480,46 euros". En concreto, se abonaron 141.923,68 euros a la mercantil Metrofilms; 120.004 euros a la mercantil Industria Gráfica Valenciana SL; 102.080 euros a la mercantil Key; 87.105,70 euros a la mercantil Publipress Técnicos asociados; y 33.367,08 euros a la mercantil Cronosport SL.
"Dichas empresas se dedican a la publicidad y trabajaban para el PSOE en materia de publicidad", puntualiza la instructora. Además, subraya que existen pruebas que vinculan a Cataluña "con el pago por parte del investigado Jaime Maria Febrer del peaje que debía desembolsarse para obtener la adjudicación de sus negocios en
los ayuntamientos gobernados por el PSOE".
Según el sumario, Febrer generó junto a una red de empresas interpuestas hasta 7 millones de euros que habría repartido en efectivo entre los cargos públicos investigados. A cambio, obtuvo ventajosas operaciones urbanísticas en Valencia y otros municipios. Su abogado es Manolo Mata, exportavoz del PSOE en Valencia quien tuvo que dimitir de todos sus cargos para seguir ejerciendo la defensa.
La supuesta financiación irregular del PSOE en Valencia ya habría prescrito, pero el juzgado enmarca estos pagos como un cohecho, delito que no ha vencido pese al paso del tiempo, pues administraciones socialistas facilitaron el desarrollo de una urbanización en Xixona (Alicante), según recuerda ahora la juez.
Cataluña ejerció durante años de secretario de Finanzas del PSOE valenciano y fue vicepresidente de Bancaja. Tras el registro practicado en su casa, el PSOE anunció que le suspendía cautelarmente de militancia.
El histórico dirigente del PSOE valenciano lleva tiempo apartado de la primera línea, pero ha seguido años vinculado a la fontanería del partido y su núcleo duro, tal y como refleja la documentación intervenida en su domicilio. Cataluña pidió anular las pruebas y solicitó al juzgado la destrucción de toda la documentación.
El papel de Aquamed
"En este caso la entrega del dinero se llevó a cabo a través de un intermediario y el beneficiario fue un partido político, circunstancias estas que no impiden considerar los hechos como un delito de cohecho pues se consiguió a través del investigado Joan Navarro y la entidad Aquamed que el PAI que promovía Jaime Febrer no se paralizara", afirma la juez.
La investigación recoge que Febrer usó el grupo Axis para generar el dinero en efectivo y ahora la juez recuerda que José Luis Vera, el exjuez que el PSOE fichó en Valencia para limpiar la corrupción del PP, formaba parte del entramado como supuesto conseguidor de contratos en administraciones socialistas.
"Consta, que uno de los investigados que cobró comisiones ilícitas por su participación necesaria e imprescindible para que el empresario Jaime Febrer y su grupo de empresas alcanzaran sus fines era José Luis Vera Llorens". Así, "intervino en la operación urbanística desarrollada en el término municipal de Xixona en el denominado PAI El Espartal".
Además, José Luis Vera Llorens "es el que puso en relación, actuando como conseguidor, para que se firmara y redactara un convenio de suministro de agua entre la entidad estatal Acuamed y el Ayuntamiento de Xixona con la particularidad de que las reuniones mantenidas para llevar a buen fin el convenio se realizaron la mayor parte de las veces en la sede social de Axis con la presencia de Jaime María Febrer y José Luis Vera".
"Lo quedó claro es que habría un peaje que pagar por la obtención de los resultados a favor de Axis, para ello se sostuvieron reuniones y comidas entre Febrer, Vera y el PSOE, en este caso, con José Cataluña que precisamente porque no desempeñaba cargo orgánico en el partido pero tenía un gran peso y mando en el mismo podía actuar con total libertad", razona la instructora.
Al necesitar por tanto el Grupo Axis sumas de dinero en efectivo para abonar las comisiones ilícitas, "se utilizó la organización dirigida por el investigado Joaquín Pastor Rico, en concreto se utilizó la mercantil Gigante Edificaciones y Obras, cuyo
administrador es el investigado Francisco José Gigante".
Gastos en publicidad
Según la juez, esta empresa, con sede en Ciudad Real, "actuó como sociedad interpuesta sin llevar a cabo función alguna, pero aparecía como prestadora, entre
otros, de los servicios de publicidad del PAI El Espartal que debía abonar la empresa Espacios Urbanos de Xixona, del grupo Axis".
El objeto social de Gigante no contemplaba dicha actividad, pero "una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad y con parte de ese dinero Gigante Edificaciones y Obras efectuó pagos a empresas vinculadas a la publicidad, en total, 484.480,46 euros".
"Jaime Febrer vinculó siempre a José Luis Vera con el PSOE y las actuaciones de este, siempre han tenido lugar en ayuntamientos o entidades publicas vinculadas a dicho partido político", mantiene la magistrada.
Por tanto, "en este contexto, y teniendo en cuenta que en el año 2007 tuvieron lugar las elecciones municipales y a las Cortes Valencianas, el grupo Axis procedió a través de las mercantiles interpuestas a ingresar las cantidades de dinero que han sido reseñadas a las empresas de publicidad que figuran como perceptoras de fondos provenientes del PSOE", apunta el auto. El candidato en esas elecciones era Joan Ignasi Pla, exlíder del PSOE en Valencia.
Las reuniones entre Febrer y el extesorero del PSOE en Valencia eran "constantes" pese a que Cataluña "dejó el cargo que ostentaba en el PSOE siendo sustituido por Vicent Sarrià", en la actualidad diputado nacional del PSOE.
"Hay constancia de reuniones mantenidas con Jaime Febrer, José Luis Vera, José María Cataluña y Rafael Rubio -exsubdelegado del Gobierno en Valencia- lo que objetiva que José María Cataluña Oliver seguía teniendo peso entre los miembros y cargos del PSOE", concluye la magistrada. Sarrià habría estado al corriente de estos encuentros y su nombre aparece en la lista de cargos del PP y PSOE agasajados con regalos.