"Observamos un centro abandonado, tanto en el aspecto técnico como en el material. Con una franja muy dispersa en la edad de los menores ingresados, donde cada uno hace lo que quiere".
Una nueva investigación abierta de oficio por la Sindicatura de Greuges -la figura equivalente al Defensor del Pueblo en Valencia- a partir de un informe de la Fiscalía de Menores ha sacado a la luz las graves deficiencias que arrastra desde hace años el sistema de protección de menores en la Comunidad Valenciana.
En un nuevo informe del 20 de mayo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL la Sindicatura solicita a la vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que adopte todas las medidas necesarias para reforzar los controles periódicos a los centros y el asesoramiento técnico a sus profesionales.
El nuevo toque de atención a la líder de Compromís llega después de que la Fiscalía trasladara "deficiencias y carencias" en un centro de menores de Dénia (Alicante). El ministerio publico realizó una inspección rutinaria a finales del año 2021 y derivó sus conclusiones el 13 de enero al defensor del pueblo valenciano, el socialista Ángel Luna, tras corroborar "el abandono" de la Administración.
La Fiscalía se encontró con un "alto porcentaje de absentismo, de fugas, de conductas disruptivas y de consumo de tóxicos" entre los menores en situación de desamparo.
Un contexto, señala, "que ha influido en el comportamiento de los educadores, con falta de recursos para ejercer la autoridad, de motivación para emprender proyectos y objetivos, y una dirección implicada -asumiendo funciones de administrativo que no le corresponden- y cuyo objetivo de sacar el centro adelante está lejos de estar a su alcance en las circunstancias descritas"
"Observamos un centro abandonado, tanto en el aspecto técnico como en el material. Con una franja muy dispersa en la edad de los menores ingresados, donde cada uno hace lo que quiere", trasladó el ministerio público. La Sindicatura ha dado ahora a Oltra un mes de plazo para que aclare si acepta sus recomendaciones.
La directora general de Infancia y Adolescencia es Rosa Molero, imputada en la causa abierta para esclarecer la gestión de Oltra en el caso de los abusos a una menor tutelada. Su futuro judicial y el de Oltra sigue pendiente de la decisión que tome el Tribunal Superior de Valencia sobre la imputación de la vicepresidenta.
Oltra junto a la directora general responsable de los menores tutelados.
Traslados e incidencias
La residencia de acogida de Dénia es un centro público gestionado por personal al servicio de la Conselleria de Igualdad. La capacidad del centro es de 22 plazas aunque, según informó el equipo de Oltra durante las diligencias, se procura mantener entre 15-16 plazas para dotar de una ratio mayor de profesionales para la atención menores acogidos.
No obstante, el informe de la Sindicatura destaca que, según las manifestaciones de la dirección del centro, en las últimas semanas se han reducido los problemas de absentismo escolar y que un programa municipal desarrollado por el Ayuntamiento de Dénia compensa la falta de recursos autonómicos.
Una de las soluciones por las que ha optado la Generalitat Valenciana ha incluido el "traslado de varios menores a otros centros". Aún así, "existen numerosos partes de incidencias de carácter grave o muy grave" que están pendientes de resolver.
Según la investigación, de los 10 puestos ocupados de educador social, tan sólo 1 es funcionario y 9 puestos están ocupados por personal interino. Y "a lo anteriormente indicado debe añadirse que el puesto de director está siendo ocupado de forma interina por un funcionario que tiene su plaza en otro recurso público y que estará en la residencia hasta noviembre de 2022".
"El importante número de personal en situación de interinidad conlleva un alto grado de inestabilidad que dificultad la consolidación de un proyecto educativo para la residencia", ha concluido la sindicatura.
A esta inestabilidad estructural de la plantilla, "debe añadirse un importante número de sustituciones que añaden mayor inestabilidad y dificultan la continuidad en la intervención educativa a seguir con los menores acogidos". Esta situación de la plantilla "podría ser uno de los motivos que explicarían el alto nivel de incidencias producidas en el centro y la falta de vinculación educativa".
El informe recoge que las medidas de protección jurídica adoptadas respecto de los menores atendidos "evidencian las situaciones de extrema desprotección que han sufrido y, derivadas de ellas, sus importantes carencias y necesidades (físicas, psicológicas, emocionales)".
"El afrontamiento educativo de tales carencias y necesidades, a fin de garantizar el derecho de los menores acogidos a recibir una atención integral y compensadora, parece difícilmente alcanzable desde contextos de gran inestabilidad, como el que se da en la residencia", advierte el defensor del pueblo valenciano.
Las consecuencias "de esta falta de capacidad de intervención educativa adecuada, parece estar también en la base del importante nivel de incidencias ocurridas en la residencia, fruto de las cuales el estado general del mismo se ha visto seriamente deteriorado (cuestión que añade mayor dificultad de crear contextos educativos amables y sentimientos de pertenencia y seguridad".
A esta situación no se ha llegado de un día a otro, sino que "se va generando de forma continuada en el tiempo (no aparece de manera espontánea y rápida) y, de no adoptarse medidas integrales para su subsanación, puede derivar en disfunciones en la organización y dinámica de la residencia y la búsqueda de explicaciones y soluciones que no responden al interés superior de los menores".
Así, el síndic manifiesta que "es frecuente que se intenten buscar explicaciones en los perfiles" de los menores acogidos y "la falta de adecuación de los mismos a las características de la residencia".
"Debe quedar claro que son los profesionales y las dinámicas organizativas y de intervención educativa que se siguen en los centros las que deben amoldarse a las necesidades cambiantes de menores, evitando establecer criterios rígidos de acceso a los recursos", puntualiza el informe.
Es decir, lo "qué debemos hacer para atender adecuadamente a los menores no puede cambiarse por estos menores acogidos no tiene el perfil para el que está previsto este centro". "La información recabada, evidencia que las tareas de supervisión y asesoramiento técnico que deben llevarse regularmente desde la Dirección Territorial de la Conselleria, no se ha ejercido adecuadamente", manifiesta.
Y es que "la supervisión presencial en el centro, la emisión de los informes correspondientes y el trabajo de asesoramiento técnico desde la Dirección Territorial no se ha realizado con la periodicidad" prevista por el protocolo que Oltra impulsó en 2017.
Sin supervisión
Esta falta de supervisión y asesoramiento técnico ha resultado especialmente gravoso en la residencia investigada, tal y como quedó reflejado en el acta de inspección de la Fiscalía de Menores.
El centro muestra "haber sufrido un gran deterioro en las infraestructuras, deterioro que no ha sido puntual sino mantenido en el tiempo y que puede haber provocado sensación de abandono y falta de motivación para involucrarse en la buena marcha del centro por parte de todos los implicados".
Aún "cuando se están acometiendo actuaciones para revertir esta situación, mediante mejoras en las condiciones generales del centro y equipamientos, no queda claro que existan mecanismos para el mantenimiento de estas mejoras y para evitar que la situación vuelva a repetirse, pareciendo más bien que el cambio ha sido circunstancial y favorecido por la actitud y el esfuerzo de las personas que trabajan en él en la actualidad".
"La administración debería velar de una forma más directa por su mantenimiento", insiste la sindicatura. En los últimos meses, "se han acometido igualmente actuaciones relativas a la organización del centro, al diseño de programaciones técnicas y protocolos, la mayoría por propia iniciativa del equipo de profesionales".
Por ello, "su efectividad en la calidad de atención a los menores deberá ser también objeto de seguimiento y evaluación, por parte de las instituciones con competencia en la materia".
Por otra parte, existe un "problema añadido derivado de la falta de un contrato mayor para dotar de provisiones al centro que se suple con la formalización de contratos menores, cada vez más difíciles de conseguir por la escasa agilidad en el pago, y que suponen una elevada carga administrativa para la dirección del centro".