La Generalitat Valenciana adjudicó durante el primer año de pandemia 938 contratos a dedo por valor de más de 441 millones de euros. La mayoría de adjudicaciones están relacionadas con la adquisición de material sanitario, campañas de publicidad en medios de comunicación o la renovación urgente de concesiones administrativas para que los servicios públicos no se dejen de prestar.
Pese al fin del estado de alarma y la relajación de medidas sanitarias, las contrataciones por la vía de emergencia se han ido "normalizando" en la Administración valenciana hasta el día de hoy. Es más, se han "incrementando también durante el ejercicio 2021, poniendo en tela de juicio los principios de buena administración pública (legalidad, eficacia, eficiencia, entre otros), al detraer recursos públicos de su destino natural: la satisfacción de los intereses".
Así lo advierte la Agencia Valenciana Antifraude en su última memoria anual entregada recientemente a las Cortes Valencianas. El organismo alerta de que el "mantenimiento prolongado de contrataciones de emergencia ha generalizado adjudicaciones directas más allá de lo estrictamente requerido y justificado y, a menudo, pagando precios muy superiores a los de mercado al no existir concurrencia competitiva".
La crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 ha puesto en juego elevadas cantidades de fondos públicos a repartir vía subvenciones o bien destinados a satisfacer rápidamente las necesidades de contratación pública.
Solo entre los meses de marzo y mayo de 2020, la Generalitat Valenciana abonó a Chen Wu Keping, un empresario de origen chino que intermedió en las compras de la Generalitat en Asia, 39 millones de euros por la importación de material de protección sanitario y el transporte, siete millones más de lo previsto inicialmente.
La factura se redujo considerablemente cuando Chen Wu Keping, propietario de un centro comercial en Ontinyent (Valencia), dejó de ejercer de intermediario. Gracias a su intervención, Ximo Puig sacó pecho frente a la Comunidad de Madrid por la llegada de ocho aviones a Valencia cuando el mercado estaba colapsado.
"No bajar la guardia"
Este tipo de contrataciones, afirma Antifraude, "unido a la sustitución de la fiscalización previa de la función interventora por el control financiero posterior, ha generado, en ocasiones, un escenario favorable para la corrupción y las malas prácticas en el ámbito contractual".
El informe recoge que en los ejercicios 2018 y 2019 se contabilizaron 38 contratos de emergencia en la Generalitat Valenciana, de los cuales sólo se certificaron dos con todas las garantías. El gasto en la contratación de emergencia (IVA generalmente excluido) ascendió a 7,2 millones de euros.
Mientras que, "en el periodo de marzo a diciembre de 2020, se tramitaron por vía de emergencia emergencia 983 contratos, de los cuales se publicaron 231 tomas de razón al Consell. El gasto en dicha contratación ascendió a 441 millones", ha confirmado Antifraude.
La Agencia Valenciana de Antifraude, impulsada en 2016 por los partidos que integran el Gobierno de Puig y dirigido por el abogado Joan Llinares, pide "no bajar la guardia" y ha solicitado a la Generalitat "justificar con claridad la causa legal que ampare la contratación por vía de emergencia".
No es la primera vez que organismos autónomos de la Generalitat Valenciana advierten del abuso de este método de contratación y la ausencia total de medidas de control. La Sindicatura de Cuentas alertó a finales del año pasado de que la comisionada de la Presidencia para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la pandemia, María José Mira, encargó "verbalmente el suministro sanitario de los hospitales de campaña" por un importe conjunto de 7,6 millones de euros.
La contratación de estos hospitales de campaña fue uno de los grandes anuncios de Ximo Puig en las primeras semanas de pandemia y no han dejado de generar polémica, pues no se han podido utilizar para el fin que estaban previstos por diversas circunstancias.
Inicio del montaje del hospital de campaña de Valencia.
Según advirtió la Sindicaturas de Cuentas, "la única factura que incluyen los expedientes corresponde a un pago por 2.141.201 euros, sin desglose del material entregado ni del número de unidades ni su precio unitario".
Los contratos de emergencia cuentan con una regulación muy excepcional. Son tan flexibles que hasta se permite que puedan adjudicarse verbalmente, señalan expertos consultados por El ESPAÑOL. Como no existe un expediente administrativo porque son de emergencia, no hay trámites de comprobación ni informes jurídicos ni económicos.
Incumplimientos
Los incumplimientos más significativos consisten, principalmente, en la falta de acreditación de los supuestos de hecho que dan lugar a la contratación de emergencia, en la falta de constancia de los precios de las prestaciones contratadas en los respectivos contratos, en la imposibilidad de verificar la adecuada ejecución del contrato o su recepción de conformidad y en la falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior.
Así, los incumplimientos más reiterados se han observado en la Conselleria de Sanidad, donde en 30 expedientes no se ha podido verificar la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación.
Entre las medidas propuestas por Antifraude para evitar los incumplimientos, destaca la puesta en marcha de "decisiones públicas y transparentes también en ejercicio de poderes excepcionales, publicando cada detalle que informe sobre este tipo de contratos de emergencia, alejando toda sombra de favoritismo y/o corrupción, y permitiendo así que se pueda controlar su justificación y cumplimiento de la legalidad".
Igualmente, ha planteado "no renunciar a los controles internos de cada institución ni renunciar a la comprobación material de las inversiones del dinero público". "La Administración debe exigir el cumplimiento del contrato durante su ejecución, con independencia de la supresión de trámites en fase de licitación", recuerda Antifraude.