La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido que los cerca de 800.000 euros que el Ayuntamiento de Valencia repartió en sobresueldos entre concejales de Compromís, PSOE y Podemos son "recuperables". La recomendación llega después de que este órgano independiente concluyera tras una investigación que el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), se saltó la ley para pagar el complemento.
Antifraude investigó el cobro de un total de 772.000 euros mediante un complemento salarial por parte de diez concejales del Ayuntamiento de Valencia. Se trata de un importe repartido durante la pasada legislatura 2015/2019, en la que gobernaron en coalición Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú -la marca valenciana de Podemos-.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, consistió en un sobresueldo para equiparar la retribución de los ediles con dedicación parcial del equipo de Gobierno a la que recibían los que percibían la completa. La misma fue aprobada por el alcalde Joan Ribó el 3 de julio de 2015, a los pocos meses de llegar al poder.
Antifraude abrió formalmente una investigación sobre estos hechos hace ahora un año, y solicitó al Ayuntamiento de Valencia que precisara quién o quiénes idearon este sistema sobresueldos.
La respuesta se encuentra en el mencionado acuerdo del 3 de julio de 2015, firmada única y exclusivamente por el alcalde Joan Ribó.
La recomendación para recuperar el dinero cobrado indebidamente está incluida en la memoria anual que Antifraude ha presentado este martes. El órgano ha confirmado que el importe recuperable por las instituciones públicas valencianas a raíz de las investigaciones finalizadas en el año 2021 supera los 23 millones de euros.
Críticas del PP
Tras conocerse los resultados de Antifraude, el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que "el 16% de los casos investigados por irregularidades corresponden al Gobierno de Ribó y el PSOE en Valencia. Y además el Ayuntamiento de Valencia está a la cabeza de expedientes abiertos en la Comunidad Valenciana por esta agencia que lucha contra la corrupción".
En total, han sido 12 los expedientes resueltos de la gestión del Gobierno de Compromís y PSOE, de un total de 75, con recomendaciones "al detectar graves irregularidades del Gobierno de Ribó". El Ayuntamiento no ha aceptado ninguna de las recomendaciones de Antifraude para reforzar controles, ha asegurado el PP.
La portavoz del PP, María José Catalá, ha señalado que "la memoria anual de la Agencia Valenciana Antifraude pone en evidencia la gestión del Gobierno de Ribó y PSOE, que es nula, y como dato el nivel inversor que cada año es menor, pero que también es irregular como concluye este informe anual".
"Ni recuperan el dinero ni cumplen con las recomendaciones de la Agencia, demostrando una vez la opacidad de un gobierno de los menos transparentes de la Comunidad Valenciana", ha añadido.
Catalá ha incidido en que Antifraude califica como "recuperables los 772.576 euros de sobresueldos que cobraron irregularmente los concejales de Compromís, PSOE y Podemos la legislatura del año 2015 al 2019. Hasta un total de 8 concejales del Gobierno de Ribó percibieron unos complementos para cobrar más cada mes que Antifraude ha calificado de irregulares".
También señala como recuperables para el Ayuntamiento de Valencia "524.905 euros que la Generalitat debía abonar al Ayuntamiento por el servicio del Punto de Encuentro Familiar por la deuda que Ribó no reclamó durante los años 2019 y 2020".
Otro de los expedientes concluidos por Antifraude señala como recuperables "614.501 euros del sobrecoste que se produjo en el servicio de la grúa municipal, pero que tampoco realizó ninguna actuación Ribó y el PSOE para su recuperación".
Antifraude señala que "el Ayuntamiento ya se ha negado a recuperar 91.908 euros por el importe pagado superior al precio de mercado sin justificación en los comedores de los Centros Ocupacionales Municipales", ha denunciado María José Catalá.
Investigaciones
Según ha destacado el director de Antifraude, el abogado Joan Llinares, durante el año 2021 se han presentado 359 denuncias, un 58% más respecto al año 2020. Desde su creación en 2017, se han abierto un total de 969 expedientes de investigación.
Con respecto a la actividad formativa en el año 2021, la Agencia ha organizado 43 acciones en las que han participado más de 1.800 personas.