La Generalitat Valenciana ha recurrido la sentencia de un juzgado de Alicante que condenó a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a los profesionales médicos que trabajaron durante la primera ola de la pandemia de Covid por no haberles dado los equipos de protección adecuados.
La sentencia, la primera que se dictó sobre este asunto en España, obliga a la Administración valenciana al pago de cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros tras estimar parcialmente la demanda presentada por el sindicato médico CESM.
El juzgado concluyó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, el personal sanitario "solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios" y que “las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables” de cada centro.
Ahora, según avanzaron este martes a EL ESPAÑOL fuentes del sindicato médico, la Abogacía de la Generalitat ha presentado un recurso en el que afirma que el material de protección estaba custodiado bajo llave porque se "estaba sustrayendo ante el pánico que había en el personal sanitario por la pandemia".
La Sanidad valenciana cita como ejemplo, según estas fuentes, una denuncia que presentó el 2 de marzo de 2020, días antes del primer estado de alarma, en el que alerta del supuesto robo de mascarillas en el área de Medicina Interna del Hospital General de Elda (Alicante). El valor del material sustraído era de 139 euros. No hay constancia de más denuncias, pero la decisión de guardarlas bajo llave se extendió a todos los centros.
Por otra parte, la Abogacía recuerda que la Generalitat ha abonado una paga extrarodinaria a los sanitarios que estuvieron trabajando en primera linea. El jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, anunció esta gratificación para compensar el esfuerzo que realizaron en la primera ola. Por tanto, defiende ahora la Sanidad valenciana, esta paga debería considerarse ya parte de la indemnización final, explican desde el sindicato.
Más sentencias
Los argumentos defendidos por la Conselleria de Sanidad en los tribunales han generado un profundo malestar en el sindicato de médicos por extender la sospecha a todo el personal sanitario. La organización tiene prevista una reunión en las próximas horas para abordar el recurso de la conselleria.
El juzgado de lo Social 5 de Alicante fue el órgano que dictó la primera sentencia y poco después se sumó otro de Benidorm en los mismos términos. Se esperan más resoluciones favorables en las próximas semanas, apuntan desde el sindicato.
En la primera sentencia, el juez consideró que los trabajadores “se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables” que “se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus”.
Asimismo, el fallo asegura "que la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana tiene la obligación, en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, frente a sus trabajadores, de adoptar medidas y medios de protección tanto colectivos como individuales, habiendo infringido dicha obligación desde el conocimiento que se tenía de la existencia de una pandemia de Covid-19 y, especialmente, desde la declaración del estado de alarma, acordado por RD 463/20 de 14 de marzo de 2020".
También afirma "que el incumplimiento de las medidas de prevención individual ha significado un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio".
Críticas del PP
Al margen de las sentencias por falta de material de protección, este martes también se conoció que dos juzgados de lo contencioso-administrativo han condenado a la conselleria a pagar a dos jefes de guardia del Hospital La Fe las diferencias retributivas por las guardias realizadas de mayo de 2017 hasta la fecha de las sentencias y que se les había pagado como "coordinador".
Al respecto, el portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, José Juan Zaplana, explicó que en 2017 la entonces gerente del Hospital La Fe de València, Mónica Alminaña, que ha recordado que "hoy es subsecretaria de la conselleria e imputada por adjudicaciones en Sanidad", retiró el complemento que recibían los médicos jefes de guardias.
Ante esa decisión, se plantearon recursos "y ahora conocemos dos sentencias que condenan a la conselleria a pagar los atrasos que dejaron de percibir estos profesionales, a pagar intereses y a pagar las costas del proceso". En ese sentido, lamentó que "la obsesión del tripartito valenciano de ir contra el personal sanitario de la Comunidad le cuesta otras dos nuevas condenas a la consellera Ana Barceló".
La respuesta vino de la mano de la portavoz de Sanidad del PSOE, Carmen Martínez. La socialista afirmó que "el mismo PP que, cuando gobernaba, recortó en servicios y plantillas de profesionales sanitarios, no está legitimado para criticar al Consell de Ximo Puig, que ha creado 6.000 plazas nuevas en Sanidad".
En este sentido, Martínez afeó al PP que pretenda "hacer olvidar a la ciudadanía que su partido dejó a la sanidad pública valenciana en la UCI". Recordó que "el compromiso de este Gobierno con un sistema de salud fuerte y potente le ha llevado a aumentar en un 10% la plantilla de profesionales sanitarios".