El magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, Jacobo Pin, ha solicitado abrir una nueva causa contra Carlos Fabra, al considerar que el político del PP pudo prevaricar al disfrutar de dos escoltas abonados por dos empresas: La firma turística Marina d'Or y la constructora Becsa.
Esta posible investigación parte del nuevo caso ya abierto por el juez contra el expresidente de la Diputación de Castellón. "Existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero", sostiene el magistrado, que cifra la cantidad ocultada en cerca de 29 millones de euros (26 en cuentas bancarias y 2,7 en metálico).
En un auto inicial, Jacobo Pin citó a declarar como imputados a los escoltas de Fabra Manuel Izquierdo Segura y Jesús Marmeneu Viciano. Finalmente decretó el sobreseimiento para ambos en esta causa. Pero, tras escuchar la declaración del primero el pasado 29 de enero, considera que debe abrirse una nueva investigación para dilucidar la contratación de estos agentes por parte del político.
El juez aprecia "indicios de delito de prevaricación en la prestación por parte de este y de Jesús Marmeneu de funciones de escolta en la Policía Local de Castellón". Explica que ambos estaban "asignados a Carlos Fabra, tanto cuando este era presidente de la Diputación Provincial de Castellón como durante los años posteriores a dejar dicho cargo".
Al respecto asevera que su contratación se produjo "abonando el coste de su formación y salarios como escoltas privados las mercantiles Becsa SA y Marina d'Or SL". "Dedúzcase testimonio de la declaración de ambos y, tras el reparto correspondiente, incóese el correspondiente procedimiento para investigar tales hechos", solicita el juez Jacobo Pin.
"El servicio se cobró"
Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de Marina d'Or aseguraron que la empresa referida es realmente Seguridad Privada Marina d'Or SL, una de las compañías creadas Jesús Ger, el impulsor de la conocida 'ciudad de vacaciones' de Oropesa del Mar.
No obstante, subrayaron al respecto que en absoluto fue un servicio regalado al mandatario. "Se cobró como a cualquier otro cliente", afirmó la enseña, que asegura que conserva "varias facturas" de los servicios prestados al político del PP. A su vez, dice no haber recibido ninguna comunicación por parte de la Justicia sobre esta cuestión.
Una de las incógnitas que no resolvió este martes Marina d'Or es por qué estos dos agentes formaban parte de su plantilla, cuando se trataba realmente de policías locales que, inicialmente, prestaban un servicio público y no privado. La permanencia de los dos escoltas al servicio de Carlos Fabra cuando ya había dejado el cargo fue objeto de controversia cuando abandonó su responsabilidad.
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