El brote de Covid-19 que afecta a la cárcel de Picassent afecta ya a un total de 59 personas, el grueso presos y un total de 3 funcionarios. Los contagios, provocados tras el regreso al centro penitenciario de un interno que contrajo el virus de permiso, parecen haber sido controlados durante los últimos días. Pero lograrlo ha requerido una compleja organización, hasta el punto que 220 se encuentran aislados en estos momentos.
Así lo precisan a EL ESPAÑOL fuentes del sindicato CSIF. La organización precisa que el brote se estabilizó en los mencionados 59 casos positivos. Ante tal circunstancia, el módulo 14 -en el que se registraron- se encuentra en estos momentos en cuarentena. Para que puedan pasarla en solitario han sido divididos en dos módulos, el propio 14 y el 16. Entre ambos suman en estos momentos 90 internos en aislamiento.
Pero no es el único que se encuentra en estas circunstancias. “Ahora mismo tenemos otro módulo con 70 internos en cuarentena preventiva por un positivo”, precisa CSIF. Se trata del número 12, donde no parece haberse extendido el virus. Sus internos fueron sometidos a pruebas PCR y de anticuerpos hasta en dos ocasiones con resultado negativo. No obstante, continúan en aislamiento a la espera de los resultados de una tercera prueba.
La mayor prisión
Por último, en el módulo 15 también hay un total de 60 internos en cuarentena preventiva tras la detección de un preso con síntomas. Todos ellos suman el total de 220 presos aislados para contener la expansión de la pandemia en el centro penitenciario valenciano.
Picassent es, por capacidad, la prisión más grande de España. En estos momentos cuenta con alrededor de 2.000 internos y cerca de 1.000 trabajadores entre todos los turnos de personal que acuden a las instalaciones. Se trata de una masa de personas en la que 59 contagios (cerca del 2%) representan un brote de grandes dimensiones.
Vista aérea de la cárcel de Picassent. Google Maps
Si la prisión fuera un municipio de 3.000 vecinos su incidencia acumulada sería de 1.996 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, un dato muy superior a la media de las comunidades autónomas que peores registros presentan en la actualidad.
Ante tales circunstancias, CSIF solicita que se realicen pruebas PCR a todos los funcionarios. “Ahora solo están haciendo cuando hay un brote, en los módulos mencionados”, critican, y agregan que, “ante el brote de 59 casos, le hicieron la prueba a solo 10 funcionarios y 3 de ellos dieron positivo”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios solicita además a Instituciones Penitenciarias “más negociación” con la plantilla para abordar la respuesta a la pandemia, así como “más medios de protección individual” para poder protegerse de la misma.