Elena Azcárraga, la arquitecta que logró el contrato a dedo para la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, es familia directa de Joan Olmos, asesor de Joan Ribó en materia de movilidad cuando se encargó el proyecto. La firma adjudicataria fue La Paisatgeria, empresa fundada en 2016 por la dirigente que ocupa actualmente el cargo de directora general de Vivienda de la Generalitat Valenciana a propuesta de Podemos.
Según precisan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, el organismo está analizando la posible influencia de esta relación familiar -Olmos es el padrastro de Azcárraga- en una decena de adjudicaciones a dedo por parte del Ayuntamiento de Valencia y la Empresa Municipal de Transporte (EMT) tanto a La Paisatgeria como a los socios que integran la enseña.
Olmos fue el coordinador de la Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento de Valencia desde su creación a finales de 2015 hasta el pasado mes de febrero de 2020, fecha en la que anunció su dimisión tras haber cumplido un ciclo de cuatro años, según explicó. Marchó justo antes de la peatonalización provisional de la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, una actuación cuyo proyecto fue adjudicado a dedo el 11 julio de 2019 a la todavía sociedad de su hijastra.
Azcárraga, que rehúsa ofrecer a este medio su versión de los hechos, abandonó La Paisatgeria justo ese mismo día, el 11 de julio de 2019, tal y como consta en su ficha de Alto Cargo de la Generalitat Valenciana. Su nombramiento como directora general de Vivienda se produjo seis días antes, el 5 de julio del mismo año.
150.000 euros
Como informó este periódico, el contrato de la Plaza del Ayuntamiento se encuentra entre los diez que investiga Antifraude por su adjudicación a dedo tanto a La Paisatgeria como a sus socios fundadores a título particular (Elena Azcárraga, Jaime García, Elisabet Quintana y Javier Rivera). Su valor conjunto supera los 150.000 euros.
Antifraude, en su “resolución de inicio de investigación”, apreció “indicios razonables de veracidad” en las denuncias presentadas por los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular. Por ello solicitó tanto al Ayuntamiento de Valencia como a la Empresa Municipal de Transportes -también controlada por Compromís, la formación del alcalde Joan Ribó- “todas las operaciones contables” con La Paisatgeria, con sus cuatro fundadores y con ocho personas más.
La firma fue fundada el 26 de julio de 2016, según su acta de constitución. Los fundadores acordaron entonces que “la participación de los socios en derechos y obligaciones, pérdidas y ganancias será a partes iguales, siendo tratados de manera individual como rendimientos de capital o como rendimientos propios de la actividad económica”. El “gobierno y la administración” de la sociedad recayó en Elena Azcárraga y Jaime García, si bien Elisabet Quintana y Javier Rivera también obtuvieron firma en su cuenta bancaria.
Desde su constitución, la sociedad y sus cuatro socios fundadores han logrado al menos 10 contratos por parte del Ayuntamiento de Valencia, según consta en el portal de transparencia del consistorio (donde solo aparecen los contratos con administraciones públicas por importes superiores a los 5.000 euros).
Elena Azcárraga, en una imagen de archivo. EE
Del total de 10, cuatro corresponden a La Paisatgeria SCP. Se trata del estudio de urbanización mediante actuaciones tácticas de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, por 18.089,50 euros; la elaboración de un proceso participativo del espacio público y la movilidad para el barrio del Botànic, por 18.755 euros, el estudio de movilidad en centros escolares, por 18.755 euros; y la “dinamización del trabajo de las mesas sectoriales de la movilidad” para “elaborar un documento de conclusiones a fin de desarrollar la nueva ordenanza de movilidad”, por 7.211,6 euros.
Al menos este último lo firmó la propia Elena Azcárraga en octubre de 2017, según ha podido constatar EL ESPAÑOL. A su vez, la arquitecta se adjudicó a título particular la “redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de reparación del CEIP Eliseo Vidal”, por 6.707,67 euros.
Por su parte, su exsocio Javier Rivera se hizo con la adecuación para el uso público del recinto de las compuertas de la Gola del Pujol de la Albufera y su integración funcional con el mirador y el embarcadero, por 17.908 euros. De Jaime García no aparece ningún contrato a título particular en el mencionado portal.
Los cuatro proyectos restantes los logró Elisabet Quintana. En concreto, se trata del ajardinamiento del antiguo camino de Farinós entre las calles San Columbano y Masquefa, por 21.700 euros; la remodelación del jardín de la plaza Manuel Granero, por 17.794,11 euros; la redacción del proyecto del jardín de la Ermita de San Jerónimo, por 14.245,69 euros; y la dirección facultativa de las obras de este mismo jardín, por 15.180,11 euros.
Posible fraccionamiento
Sobre estos dos últimos encargos, Antifraude pregunta expresamente al Ayuntamiento de Valencia por qué se contrató por separado la redacción del proyecto y la dirección de las obras de la misma actuación en el jardín de la ermita de San Jerónimo. El organismo parece sospechar que se haya fraccionado el encargo en dos contratos para evitar la concurrencia y poder adjudicarlos a dedo como contratos menores.
De hecho, en su resolución de inicio de investigación, pregunta al consistorio por qué en este caso se han separado cuando sí contrató de forma conjunta con la propia Quintana los trabajos para el ajardinamiento del antiguo camino de Farinós entre las calles San Columbano y Masquefa.
Antifraude subraya en su resolución que “tanto la sociedad constituida como las personas físicas con carácter individual han sido adjudicatarias desde 2015 de diversas contrataciones, mediante la modalidad de contratación menor, promovidas por tanto por el Ayuntamiento de Valencia, en diferentes departamentos de la acción administrativa municipal, como por la empresa municipal de transportes de valencia (EMT), empresa pública vinculada a la entidad”.
“Ello podría haber dado lugar a la existencia de conductas colusorias del mercado mediante la vulneración de la libre concurrencia”, advierte al respecto.