Un aval de 1,25 millones por el que acabó abonando una deuda de algo más de 800.000 euros. Este es el favor del empresario Enrique Gimeno a Carlos Fabra que investiga la nueva causa contra el expresidente de la Diputación de Castellón con el PP.
En concreto, el Juzgado de Instrucción 4 de la provincia sospecha que este respaldo financiero, que Gimeno brindó a través de su empresa de gestión del agua Facsa, pudo responder a “una contraprestación por los contratos suscritos entre la mercantil y la Diputación de Castellón u otras entidades locales”. Todo, tras “una presunta labor de intermediación de Carlos Fabra”, según desliza el auto del juez instructor.
Con el propósito de analizar al detalle la relación mercantil entre ambas partes, el magistrado Jacobo Pin ha requerido a la administración provincial que “identifique y detalle los contratos suscritos entre la referida entidad local y la mercantil”. Los quiere todos, “desde el primero hasta la actualidad”. Según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, tal requerimiento ya ha llegado a la Diputación de Castellón y solicita en exclusiva sus contratos con Facsa.
La recopilación de todas las adjudicaciones puede resultar una labor harto compleja, pues Facsa tiene más de 145 años de historia y siempre ha trabajado para las administraciones públicas de Castellón. Se da además la circunstancia de que la saga de los Fabra tiene también una larga trayectoria política en la Diputación. De hecho, la propia firma reconoció al juzgado “la relación de amistad familiar existente desde hace varias generaciones entre las familias Fabra y Fernández Blanes y la familia Gimeno”.
"Pignoración de fondos"
Así lo explicó la propia Facsa en su respuesta por escrito al juez al ser preguntada sobre los avales al político, según recoge el auto. En el mismo, el juez precisa que la mercantil garantizó, mediante un “contrato de pignoración de fondos” firmado en 2007 por “una suma total de 1.250.000 euros”. Del total, “se ordenó cancelación parcial por importe de 801.942,17 euros para afrontar la ejecución de una parte de los referidos avales”, precisa el juez.
Preguntado sobre el respaldo financiero que le otorgó Facsa, Fabra explicó en su declaración ante el juzgado que “solicitó a su amigo Enrique Gimeno Escrig que le ayudase económicamente”, en concreto, a afrontar “el pago de las deudas contraídas con la AEAT”. El auto recoge además que fue Gimeno quien decidió hacerlo a través de su empresa “y no a título personal”.
Al saldar Facsa una deuda de Carlos Fabra, el político pasó a deber a la empresa los mencionados 800.000 euros. Es por ello que el juez advirtió a la sociedad de que, “en el caso de que se trate de un préstamo, deberá acreditar documentalmente la forma en la que fue devuelto, (plazos, cuotas de amortización, intereses, etc.), debiendo justificar la exención de la devolución si no se ha efectuado el reintegro del mismo”.
Pero la mercantil, según el juez, respondió que “los contratos anteriormente referidos se perfeccionaron como consecuencia de la relación de amistad familiar existente”. “No se suscribió ningún contrato de préstamo, siendo los únicos negocios jurídicos concertados los descritos anteriormente”, agregaron al respecto.
Operario de Facsa. EE
Tales circunstancias, la suscripción de un aval de 1,25 millones y el abono de 800.000 euros de la deuda de Carlos Fabra sin que Facsa solicitara al político el reintegro de tal importe, supusieron para la empresa “un perjuicio económico no repuesto”, según el juez, que expone abiertamente la siguiente sospecha.
“No debe dejar de observarse que la referida mercantil -subraya Jacobo Pin- mantuvo relaciones económicas de importes relevantes con la Diputación de Castellón, al menos en el período comprendido entre los años 2007-2016, periodo en el que Carlos Fabra fue presidente”. Fabra se defendió al respecto con el argumento de que Facsa mantenía relaciones económicas con la administración provincial antes de su llegada al poder.
El juez, en cualquier caso, cita al empresario como imputado, y subraya en su auto la necesidad de “practicar las diligencias oportunas a los efectos de investigar si la relación económica entre Carlos Fabra Carreras y Enrique Gimeno Escrig, a través de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA, respondía o no a una contraprestación por los contratos suscritos entre la mercantil y la Diputación de Castellón u otras entidades locales tras una presunta labor de intermediación de Carlos Fabra”.
El propio juez puntualiza en su escrito que la empresa “tiene por objeto la captación, depuración y distribución de agua de consumo público y riego”, y precisa que se trata de “la entidad gestora del servicio de aguas de Castellón de la Plana, Burriana, Vinaròs, Peñíscola, Oropesa, Onda y Vall d’Uixó”.
Condenado en Gürtel
La imputación de Enrique Gimeno lo involucra en una nueva investigación por corrupción vinculada al Partido Popular. Cabe recordar que ya fue condenado en el caso Gürtel. Fue uno de los empresarios que reconoció el pago de fondos a sociedades de la trama de Francisco Correa para sufragar los gastos electorales del partido en 2007 y 2008. El aval a Carlos Fabra por el que ahora se le investiga corresponde a las mismas fechas.
Como viene relatando EL ESPAÑOL, el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón analiza en esta ocasión el origen de los flujos económicos que manejaba el político -que ingresó una media de 19.000 euros mensuales, según estima el juez- así como una presunta ocultación de patrimonio para no pagar a Hacienda lo que debe por su condena en el Caso Fabra.
En concreto, el magistrado acusa al político de los delitos de cohecho, uso de información privilegiada como particular y como funcionario público, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El total de imputados asciende a 27, entre los que también se encuentran conocidos empresarios de Castellón como Fernando Roig (Pamesa), Luis Enrique Batalla (Becsa) o la familia del golfista Sergio García.