El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 6/2020 de 5 de junio de la Generalitat Valenciana para la ampliación de vivienda pública en la autonomía mediante los derechos de tanteo y retracto.
El escrito de admisión, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, acordó el pasado 22 de septiembre dar traslado de los documentos y la demanda al Congreso, el Senado, Les Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat Valenciana para que, “en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes”.
El PP llevó al TC la norma al entender que incurre en la “expropiación de un derecho fundamental” como es la propiedad privada. “Supone burocratizar, paralizar inversión, no dar seguridad jurídica a los inversores y condenar a aquellos que quieren comprar y vender a estar supeditados a que la Generalitat tenga a bien ejercer su derecho al tanteo y retracto”, denuncia la líder autonómica de los ‘populares’, Isabel Bonig.
La admisión por parte del TC, un trámite habitual cuando se trata de un recurso de inconstitucionalidad promovido por senadores, como es el caso, judicializa la medida estrella de la Conselleria de Vivienda, liderada por Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem).
Intervenir en el mercado
La norma, que fue desarrollada con el propósito de incrementar el parque público de vivienda en las zonas con mayor escasez de la autonomía, introdujo una novedad importante: ahora la Generalitat Valenciana puede intervenir la compraventa de vivienda en determinados supuestos para ser quien adquiere los inmuebles.
Hasta la fecha solo podía ejercer su derecho de tanteo cuando se trataba de viviendas protegidas, y se daba además la circunstancia de que la administración no hacía un uso intensivo de este mecanismo.
Pero desde junio, además de poder intervenir la compraventa de viviendas protegidas de promoción pública y las VPO de promoción privada impulsadas a partir del 21 de abril de 2005, la administración valenciana también puede ejercer el tanteo cuando se trata de viviendas libres provenientes de subastas hipotecarias, subastas extrajudiciales, daciones en pago o transacciones de edificios de cinco o más viviendas.
También incluso ante la venta de participaciones de sociedades poseedoras de viviendas -entre otros supuestos-.
En el caso de la banca, la Generalitat también puede interferir en cualquier operación cuando sea una entidad financiera la que vende la residencia o cuando se trate de viviendas vendidas por particulares pero que pertenecieron a un banco.
5.000 notificaciones
Como informó este diario, en los menos de cuatro meses transcurridos desde su aprobación, la Generalitat Valenciana ha recibido cerca de 5.000 notificaciones para ejercer, si lo considera, su nuevo derecho de tanteo y retracto. En la mayoría de los casos cumple una función de mero espectador, sin entrar en la pugna por el activo.
La directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, explicó a EL ESPAÑOL que el departamento está intentando responder lo más rápido posible, y que se está centrando en las transacciones de más de cinco residencias, las de edificios completos, y en las operaciones que se materializan entre personas jurídicas. “No tenemos intención de intervenir en el mercado entre particulares”, defiende.
Por contra, Nora García Donet, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval), denuncia que la aplicación de este decreto está ralentizando las operaciones inmobiliarias en un momento crítico para el sector, “justo cuando el mercado se abría después del confinamiento”.
“Está sucediendo lo que advertimos que ocurriría. Este sistema está retrasando las operaciones una media de dos semanas, una demora que llegó a ser de un mes al principio”, expone.
“Y lo peor es que sirve de poco, porque la Generalitat ejerce el derecho de tanteo en muy pocas operaciones. Nosotros vemos bien que quieran engrosar el parque público cuando se trata de grandes operaciones de VPO, pero no tiene ningún sentido que revisen compraventas de viviendas que no les interesan”, argumenta la dirigente.