UGT-A pide anular el juicio por desviar 40 M€, pero el fiscal cree que hubo "fraude masivo"

UGT Andalucía ha intentado dar un golpe de efecto en el arranque del juicio a la antigua cúpula de UGT acusada de desviar más de 40 millones de euros en ayudas públicas obtenidos a través de las subvenciones. Estas se las concedió la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011 para impartir cursos de formación a parados y trabajadores.

El abogado del sindicato, José María Calero, el mismo que defendió a José Antonio Griñán por el caso ERE ante el Supremo, en un escrito que presentó el pasado viernes, ha pedido que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía renuncien a la reclamación de estos 40 millones. Otra de las defensas ha solicitado anular el juicio al considerar "ilícitas" las pruebas aportadas.

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¿El motivo? Calero se ha referido al acuerdo que el Gobierno andaluz alcanzó a finales de 2022 con la UGT-A por el que el sindicato se comprometía a devolver a plazos el dinero defraudado durante 25 años. La defensa lo cifra en "casi 70 millones de euros" y el mismo incluiría los 40 millones que se reclaman en este proceso. 

Ha sido entonces cuando se ha sacado otro as de la manga y ha solicitado la declaración como testigo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el fin de que dé cuenta del mismo. La petición ha sido rechazada por abogado de la Administración andaluza al considerar que el sindicato lo que busca es el "morbo mediático".

A su vez, tanto la Fiscalía como la Junta se han negado a retirar su petición de responsabilidad civil al sindicato. El fiscal alega que "una cosa es el fraude y otra cosa es la responsabilidad administrativa" y ha acusado al sindicato de "institucionalizar" el mismo y de "defraudar masivamente".

Además, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto ha añadido que "es falso" que la UGT-A quiera pagar", ya que pleiteando con la Junta de Andalucía para no abonar los reintegros que el Gobierno andaluz les reclama desde hace diez años.

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En el banquillo se sientan el ex secretario general Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica María Charpin; la exresponsable de Compras Dolores Sánchez y el delegado de Soralpe I Más P Asociados, Enrique Goicoechea.

Tiempo atrás, el juez del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas.

La vista ha comenzado con las cuestiones previas, que ha sido abierta por el abogado defensor Luis López de Castro en nombre de Federico Fresneda. Este ha pedido la nulidad de todas las actuaciones de este proceso al considerar que la causa nace de "una documentación sustraída" e "ilícitamente obtenida" por el que fuera trabajador de UGT-A Roberto Alejandro Macías Chaves.

Este fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación "información reservada y sensible" del sindicato sobre estos hechos, pero no a las autoridades policiales y judiciales.