Luz verde para el reglamento que desarrolla una ley creada en 2005 por el expresidente andaluz Manuel Chaves para la creación de una oficina para los expresidentes de la Junta de Andalucía.
El personal que tendrán a su servicio es un asesor de nivel 30, un coche de representación y dos conductores, además de un escolta. Esto supondrá un gasto de 220.000 euros ya asignados. Realmente este servicio en la actualidad depende de la Consejería de Presidencia y, con esta ley, pasará a tener una estructura propia.
El portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que no va a suponer ningún coste a los andaluces, ni los expresidentes recibirán ningún sueldo público, sólo estos servicios de los que ya dispone Díaz, según ha explicado.
El objetivo es desarrollar la ley para que sea un organismo propio que contará con una oficina como tal en el Parlamento andaluz. No obstante, la única que podrá acceder será Susana Díaz, ya que deben tener menos de 75 años y no estar inhabilitados.
Todos los demás expresidentes andaluces incumplen estos requisitos. Todos superan la edad y Manuel Chaves y José Antonio Griñán además están inhabilitados por condenas del caso ERE.
Fernández-Pacheco ha insistido en que "no va a suponer incremento presupuestario para la Junta", ya que sólo consistirá en "apoyo logístico".
El portavoz se ha esforzado en remarcar esto último, ya que la medida se suma a la proposición de ley registrada por el Partido Popular en el Parlamento andaluz para reformar el Consejo Consultivo de Andalucía, en el que hasta ahora los expresidentes podían sentarse pero sin sueldo.
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Con la reforma, los expresidentes, y Juanma Moreno cuando deje el cargo, tendrían derecho a un sueldo público con una cuantía asignada de más de 70.000 euros hasta que cumplan 75 años.