Las vías por las que el Gobierno andaluz ha reclamado ya 433 M€ del fraude de los ERE

Por vía administrativa, vía penal y por la jurisdicción contable. A través de esas líneas, ya ha reclamado el Gobierno andaluz 433 millones de los 679 defraudados en el caso ERE.

Se trata del mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se ha producido en España y por el que fueron condenados 15 ex altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Una petición que ya se extiende a herederos de los condenados. Es el caso de las hijas del principal urdidor de la trama, Francisco Javier Guerrero, que ejerció como director general del Trabajo entre 1999 y 2008 en la Junta de Andalucía.

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Este falleció de un infarto en octubre de 2020, pero como si de una herencia se tratara, a través de una sentencia, el Tribunal de Cuentas le reclama a sus herederas 200.000 euros por una de las ayudas fraudulentas que concedió a una de las empresas beneficiadas ilegalmente. 

Hace unas semanas el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, aseguró en una comparecencia en comisión parlamentaria que la citada cantidad ha sido reclamada teniendo en cuenta tres contextos. Por un lado, las actuaciones llevadas a cabo en la vía penal; por otro, mediante las revisiones de oficio de ayudas a empresas y, por último, a través del Tribunal de Cuentas.

Por esta última vía el montante asciende a 169 millones, aunque por el momento la Junta ha recuperado 6,8 millones de euros. De ellos, 5,9 se han reintegrado a las arcas públicas como consecuencia de las actuaciones ejecutivas desarrolladas desde el 1 de enero de 2022 hasta el momento presente.

"Queremos el total y no vamos a renunciar ni un solo euro", señaló el consejero de la Presidencia en aquella comparecencia y aclaró que esta cantidad está vinculada únicamente a los procedimientos que se han abierto. 

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La solicitud del Tribunal de Cuentas

En este caso en concreto de las ayudas para la prejubilación de trabajadores de la empresa Saldauto Sevilla S.A.L, además de a las herederas de Guerrero, el Tribunal de Cuentas reclama a su sucesor en el puesto, el también condenado por el caso ERE Juan Márquez, que devuelva 298.814,93 euros. A ambos ex altos cargos de la Junta el tribunal les considera responsables de agujero a las arcas públicas de un total de 498.814,93 euros.

Guerrero fue considerado como el brazo ejecutor de la trama de los ERE y quien manejó sin control hasta 647 millones de euros repartidos en ayudas y subvenciones fraudulentas de la partida 31-L, más conocida como 'el fondo de reptiles'.

Lo hizo durante casi diez años a través de un sistema creado al margen del Presupuesto andaluz y de los interventores, con la supervisión de sus superiores, por lo que pisó la cárcel en preventiva tras prestar declaración ante la juez Alaya.

Con una veintena de juicios pendientes, más los que faltaban por calificar en el momento de su muerte, falleció de un infarto en octubre de 2020 y  sin cumplir los 13 años de prisión a los que fue condenado.

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En aquellas fechas su abogado, Rafael Ramírez García del Junco, aseguró a este periódico que, al fallecer, la responsabilidad penal se extinguía, pero la civil podría pasar a sus herederos. Y así ha ocurrido. 

La última vez que se sentó en el banquillo fue un mes antes de morir en el primer juicio de la pieza separada de la macrocausa. En concreto, Guerrero iba a ser juzgado, junto a once acusados más entre exconsejeros y ex altos cargos -algunos de ellos ya condenados-, por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que ascendieron a 2,9 millones de euros.

En el caso por el que se le reclama a sus herederas, la Junta de Andalucía concedió ayudas a Saldauto Sevilla por un montante total de 1,8 millones de euros, de los que 1,6 se otorgaron para financiar el 100 por cien de las prejubilaciones voluntarias en la empresa.

Entre ellas figuraban tres personas que no pertenecían a la plantilla de esta empresa, los denominados como intrusos. Este mismo modus operandi se aplicó en muchas de estas ayudas concedidas del conocido como fondo de reptiles.