El Gobierno en funciones ha iniciado los trámites burocráticos para la concesión del indulto solicitado por los ex altos cargos del PSOE andaluz condenados en elcaso ERE. Se trata del mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se ha producido en España, un total de 679,4 millones de euros.
La mayoría ya cumple condena en prisión por los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos, a excepción del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, quien no llegó a entrar en la cárcel al alegar que padecía un cáncer de próstata.
Tampoco ha llegado a pisarla el ex director general de Trabajo Juan Márquez. El Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le dio uno de plazo mientras se tramitaba esta solicitud del indulto.
El exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, ha sido el primero en abandonar la prisión al serle concedido el tercer grado penitenciario por motivos sanitarios, tal y como adelantó este periódico el pasado mes de junio.
Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado a Europa Press que el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la tramitación de las peticiones de indulto, pero sí la concesión de los mismos.
La aprobación de esta medida de gracia supondría la salida inmediata de prisión del resto de los penados que se encuentra en distintas cárceles andaluzas cumpliendo sus respectivas penas.
Se trata de la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Actualmente cumple su pena en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra y era la mano derecha de Griñán. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, es otro de los encarcelados en la prisión Puerto III (Cádiz).
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El exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, también cumple en la misma prisión, pero entró tres meses más tarde al estar enfermo de cáncer y la Audiencia denegara su suspensión. Y el resto, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo; el exviconsejero del anterior, Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, se encuentran en la cárcel de Sevilla I.
Petición de un informe a la Audiencia
Según ha publicado ABC, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del departamento que dirige la ministra en funciones, Pilar Llop, ha dirigido un oficio a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla para solicitarle "un informe respecto de la petición de indulto" de cada uno de los penados.
Tras esta solicitud, el tribunal acuerda formar "expediente de indulto" merced a la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de esta medida, interesando diversos aspectos sobre la hoja histórica y penal de cada uno de los condenados. En el mismo, solicita además que la propia Fiscalía emita su propio informe sobre tales peticiones.
Según ha declarado este mismo lunes la ministra Pilar Llop, el procedimiento que se ha iniciado no tiene nada de extraordinario. "Estas peticiones están siendo tramitadas como todos los indultos", ha remarcado.
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En concreto, los familiares del expresidente andaluz fundamentaron su petición de indulto parcial expresamente por razones de humanidad y equidad.
Al respecto, descartaron cualquier "enriquecimiento personal ni familiar" y esgrimieron que es "un ciudadano de 76 años (77 actualmente) con una intachable trayectoria vital" y que "tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario".