Moreno a Ribera: "No va a venir nadie de un ático de la Castellana a decirnos lo que tenemos que hacer"

"No va a venir nadie de un ático de la Castellana a decirnos lo que tenemos que hacer con un mando a distancia". Así ha respondido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el pleno del Parlamento andaluz de las críticas que vertió sobre él Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica.

Esta lo llamó ayer con un tono enfadado "señorito que dispara con pólvora del rey" y él le ha reprochado "el desprecio" con el que trata a Andalucía. A Moreno le ha molestado especialmente que se refiriera a él que se pronuncia desde "su esquinita".

El rifirrafe procede de la luz verde dada a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana para solucionar un problema que arrastran desde hace años más de un millar de agricultores. Concretamente, en los alrededores del parque, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

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En su réplica al presidente del grupo socialista y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, el jefe del Ejecutivo andaluz aprovechó para preguntar al líder socialista si ve "razonable este desprecio" y que Ribera recurra al insulto y que "hable del rinconcillo". Desde el propio PSOE han reconocido a este periódico que la ministra se ha equivocado al verter estas críticas utilizando ese tópico.

La Junta "no ha engañado"

Anteriormente, en respuesta a la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, el Moreno ha asegurado que "no ha engañado a nadie" con la ley que abre la puerta a regularizar más regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana pese a los informes contrarios de varios estamentos científicos y las advertencias de la Unión Europea.

Por último, Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno no va a legalizar regadíos ni en el Parque Nacional, ni en el Natural ni en el Preparque, ni habrá ninguna amnistía, sino que lo que hay es una ley que se ha empezado a tramitar a la que incorporarán las enmiendas que se consideren oportunas.

La llegada del agua

El quid de la cuestión y donde se produce el choque entre las administraciones, la UE y la comunidad científica es cómo se resuelve este problema que tienen más de un millar de agricultores. Ahí se han enzarzado ambos líderes.

El Gobierno andaluz no va a dar ningún paso atrás y cree que si el Gobierno finalmente recurre al Tribunal Constitucional la Junta lo tiene ganado porque lo que quiere resolver la ley es una cuestión de ordenación del territorio enconado de anteriores gobiernos del PSOE.

Desde la Juntas insisten en que han intentado, por varias vías, que el Gobierno les atienda y no han querido sentarse con el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco. Fuentes socialistas aseguran que no ha habido petición formal para mantener una reunión ni para crear una comisión bilateral.

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En cualquier caso, mantienen que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra y otras obras hídricas que el Gobierno tiene que realizar. Todo supervisado poruna comisión técnica la que evalúe la situación de cada agricultor.

La oposición sostiene, sin embargo, que el único trasvase de agua superficial (19,9 hectómetros) autorizado por ley desde 2018 -una de las primeras que aprobó Pedro Sánchez como presidente- y previsto por la Confederación del Guadalquivir es para autorizaciones ya asignadas, con el fin de reducir la presión sobre el acuífero de Doñana y cumplir con las exigencias de Bruselas. De ahí que sostengan que la nueva ley es "una farsa".

Hasta el momento, se han venido autorizando hasta 10 hectómetros cúbicos, pero en ningún caso, según el PSOE, podría destinarse a las nuevas tierras que la Junta persigue recalificar.