El ingreso en prisión de los seis primeros expolíticos socialistas condenados por el caso ERE marca un antes y un después en la política andaluza. Es el símbolo del fin de una época para el partido que fue la fuerza hegemónica en la comunidad durante casi cuatro décadas.
El PSOE optó por un cambio de liderazgo, de Susana Díaz a Juan Espadas, para renovar el partido y hacer frente al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero la entrada en la cárcel de estos exdirigentes socialistas coincide con las horas más bajas de la formación, con el liderazgo de Espadas cuestionado internamente.
Tras la ejecución de esta sentencia, la Audiencia Provincial de Sevilla podrá señalar en rojo el ejercicio 2022 en su calendario, doce años después de que la jueza Mercedes Alaya abriera las diligencias previas número 174/2011 en enero de 2011.
No obstante, aunque la imagen de exconsejeros entrando en prisión marcará ese punto de inflexión, el calvario judicial para el PSOE no acaba aquí: aún siguen vivas y sin juzgar casi 120 causas, una por cada programa de ayudas que se concedió.
La buena noticia es que este hecho permite alejar de sus actuales líderes el mantra de la corrupción y presentarse como un partido refundado dispuesto a hacer las cosas de otra manera.
Tras todos estos años y miles de documentos jurídicos, EL ESPAÑOL analiza los hitos de este proceso, considerado el mayor caso de corrupción de la Democracia española.
Además de los seis expolíticos andaluces que ya están durmiendo en la cárcel, la macrocausa supera los 500 investigados y los 680 millones de euros defraudados. Tras la primera sentencia condenatoria de la Audiencia contra 19 ex altos cargos, el Tribunal Supremo confirmó las penas contra 15 de ellos. Nueve condenados a prisión por malversación y el resto sólo a inhabilitación por prevaricación (como es el caso del expresidente Manuel Chaves).
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La primera en ingresar fue la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo el pasado jueves, mientras que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández lo hizo el primer día del año.
El resto, los ex altos cargos socialistas José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano, han apurado el plazo hasta el último día. De estos tres últimos, que han entrado juntos, son los únicos de los que hay documento gráfico.
Los ex altos cargos socialistas Jesús María Revuelta y Francisco Vallejo en el momento en el que entraban en prisión.
Por su parte, el expresidente andaluz José Antonio Griñán no tendrá que ingresar para cumplir la condena de seis años de cárcel hasta que la Audiencia de Sevilla reciba un informe médico del Instituto de Medicina Legal sobre el cáncer de próstata que padece.
Este giro de guion se produjo hace un par de semana,s después de que su defensa presentara nueva documentación para pedir la suspensió de la ejecución de la pena ante el tribunal alegando que padece un cáncer de próstata que no puede ser tratado en prisión.
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Los otros dos penados a prisión que no ingresarán de inmediato son el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá (cuyo plazo fue ampliado hasta obtener un informe del médico forense al alegar su defensa hace semanas que también padece cáncer) y el ex director general de Trabajo Juan Márquez.
A este último, el Supremo le rebajó la pena privativa de libertad a tres años y la Audiencia le da uno de plazo mientras se tramita su solicitud del indulto al Gobierno.
El tribunal condenó igualmente a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a siete años y 11 meses de cárcel, pero falleció en 2020, con decenas de causas pendientes. Su muerte fue otro punto de inflexión en el caso, ya que sobre él giró la mayor parte de la instrucción de la jueza Alaya y fue una pieza clave. Llegó a estar inmerso en 147 piezas.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, delante de Francisco Javier Guerrero, durante el juicio de los ERE.
De hecho, Guerrero fue uno de los primeros cargos socialistas en pisar la prisión de manera preventiva en marzo de 2012, junto a Antonio Fernández, lo que marcó otro hito también por la fecha en la que se produjo.
Aquel episodio coincidió con la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Fueron los primeros comicios en los que el PSOE perdería la mayoría absoluta, pero pudo gobernar con IU y evitó así que asumiera la presidencia de la Junta el popular Javier Arenas tras obtener 50 diputados.
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Los socialistas han justificado la trama de los ERE en un intento de mantener la paz social en un momento con miles de trabajadores de empresas afectadas por la crisis económica. Para ello, el dinero salía de forma arbitraria de la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de reptiles, según reza en la sentencia del Supremo.
La cifra de prejubilados beneficiados superó los 6.000 y —salvo en el caso de los casi 200 intrusos— la Justicia los considera como terceros de buena fe y siguen cobrando sus prestaciones de la Junta de Andalucía.
El coste final que terminarán abonando los andaluces hasta el año 2025, a través de la Administración, rondará los 1.300 millones de euros. En esa fechas se estima que se jubilarán todos los trabajadores que aún están percibiendo estas rentas.
¿Qué queda de la macrocausa?
Pero, ¿qué queda de la macrocausa? En la actualidad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hay casi 120 causas sin juzgar vinculadas a los ERE, cuyo proceso podría prolongarse durante otra década.
De ellas, la mitad se encuentra en fase de instrucción de diligencias previas, por lo que aún podrían ser archivadas. Sobre el resto ya está concluida esa fase o a punto de culminar. Algunas ya cuentan con fecha asignada para la vista oral.
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En cualquier caso, la sentencia de Supremo marcó otro punto de inflexión. En las piezas que restan, la Fiscalía está rebajando las penas para los empresarios con el fin de facilitar conformidades y lograr que abonen el dinero recibido de la ayuda como responsabilidad civil. Por su parte, la Junta ya ha puesto en marcha mecanismos para fraccionar estos pagos con el fin de ir recuperando el dinero.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Susana Díaz junto a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En un primer momento, la Administración autonómica también se personó como acusación particular y la Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitó que los condenados se vieran obligados a reintegrar los cientos de millones hurtados. Sin embargo, un mes después, y coincidiendo con la orden de Susana Díaz de retirar a la Junta como acusación particular, el Ministerio Fiscal retiró aquella exigencia.
Sólo seis juicios
A día de hoy, se han celebrado sólo seis juicios del caso ERE. Además del de la pieza política, el segundo fue el de las ayudas concedidas a la empresa conservera Acyco. En ese caso, el tribunal condenó a siete años de cárcel al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, junto al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, ambos también condenados en el primero.
En el tercer juicio fue condenado a año y medio de prisión el empresario y exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente del Gobierno andaluz José María Rodríguez de la Borbolla, por malversar ayudas por importe de 8,4 millones a un entramado de empresas del corcho vinculadas a él. Ambas sentencias están pendientes de revisión en el Supremo.
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El cuarto juicio fue el primero en el que se procesó sólo a los beneficiarios, tras la aplicación del principio non bis in ídem, que impide enjuiciar a una persona dos veces por los mismos hechos. En concreto, fueron condenados a 18 meses dos de los responsables de la empresa Novomag por cobrar ayudas irregulares por valor de 420.708,47 euros.
El pasado mes de junio fue juzgado un empresario catalán tras recibir presuntamente una ayuda irregular de 147.913,72 euros para dos de sus empresas, una bollería y otra de alimentación en Nerva (Huelva). La Fiscalía le rebajó la pena a tres años de cárcel y está pendiente de sentencia.
El primero en reconocerlo
A finales del pasado mes de noviembre el caso ERE alcanzó un nuevo hito en el sexto juicio. La vista no llegó a celebrarse porque el responsable de otra empresa dedicada a la panadería reconoció los hechos, asumió la pena de un año y medio de cárcel y se comprometió a devolver la ayuda irregular de 120.000 euros que percibió. Este es el camino que pretende abrir la Fiscalía en las piezas que quedan por juzgarse.
La macrocausa podría sumar un juicio más, uno de los más llamativos de todo el proceso: el del conocido como el chófer de la coca, pero la Audiencia lo aplazó tras la renuncia de un abogado y de un procurador. Juan Francisco Trujillo Blanco fue el conductor del ex director del Trabajo Francisco Javier Guerrero y sus declaraciones ante Mercedes Alaya fueron claves para desenredar la trama.
Supuestamente Guerrero concedió casi 1,5 millones a un entramado de sociedades mercantiles que ambos idearon para financiar falsos proyectos de inversión. Sin embargo, parte de ese dinero se desvió a la compra de cocaína, copas y antigüedades. De ahí su apodo al declarar ante la jueza que había gastado hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe.
El relevo de Alaya
Otro hito de esta macrocausa fue el relevo de Mercedes Alaya en 2015 y la sustitución de la jueza María Núñez Bolaños. El traspaso no estuvo exento de polémica al ser esta última denunciada luego por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, por "desatención y retraso" en la tramitación de las macrocausas que llevaba.
Mercedes Alaya, en el Club Siglo XXI en una imagen de archivo.
La denuncia fue archivada en septiembre de 2020 y unos días después Núñez Bolaños dio un paso al lado, tras acordar un plan de actuación con el juez de refuerzo de su juzgado, José Ignacio Villaplana. En la actualidad, éste se encarga de las macrocausas como la de Invercaria o la Faffe, y ella de las tareas ordinarias.
En cualquier caso, aunque aún queda un largo recorrido judicial, la entrada en prisión de estos ex altos cargos socialistas marca uno de los hitos más importantes de este proceso. El siguiente presumiblemente será la decisión que tome el forense sobre la situación de Griñán.