La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado este viernes que un médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla examine el estado de salud del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso ERE.

Este giro de guion se produce después de que su defensa haya presentado una nueva documentación ante el tribunal alegando que padece un cáncer de próstata que no puede ser tratado en prisión.

Su abogado, José María Calero, ha argumentado esta situación 24 horas después de que la Audiencia dictara un auto ya firme en el que le daba diez días naturales de plazo para su ingreso. El mismo comenzaría a contar este viernes y culminaría el 1 de enero. 

Según informan a este periódico fuentes judiciales, a pesar de esta petición, este plazo no se paraliza y en el caso de que el informe llegue una vez cumplidos los diez días, se analizará la situación y se decidirá.

En concreto, su abogado ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 80.4 del Código Penal. El mismo dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, ha informado el TSJA.



Tras ello, el tribunal ha acordado librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) a fin de que un forense examine la documentación, con reconocimiento del paciente si fuera necesario, y emita un informe valorando si su ingreso pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito.



En base a su resultado, el tribunal decidirá sobre la petición de suspensión planteada por la defensa del expresidente de la Junta. En cualquier caso, ahora su futuro más inmediato puede cambiar al ser diagnosticado hace escasos días de un cáncer de "alto riesgo" que necesita un tratamiento hospitalario urgente y que no puede tratarse en prisión, según alega su abogado.

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La excepción de uno de los penados

La Audiencia no ha aceptado ningún recurso de súplica de los ocho condenados por el Supremo. Por tanto, deberán ingresar siete de ellos antes del primer día del año. Sin embargo, ha hecho una excepción con el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. En concreto, en su caso el tribunal sí le aplaza el ingreso al alegar su defensa que padece cáncer hasta obtener un informe del médico forense.

El objetivo de su defensa es que a Griñán le ocurra lo mismo, es decir, que la Audiencia pare el tiempo de nuevo de cara a su ingreso en prisión. Por el momento, sí ha solicitado el informe.

[Griñán pide a la Audiencia ampliar tres meses el plazo para su ingreso en prisión por el caso ERE]

En total, el tribunal desestimó los recursos presentados de los ochos condenados al considerar que "no hay dato o circunstancia alguna que permita reformar la resolución dictada".

En el caso de Griñán en concreto, rechazó a su vez la petición de su defensa para aumentar el plazo de ingreso en la cárcel a tres meses para que diera tiempo a tramitarse el indulto solicitado al Gobierno y el incidente de nulidad ante el Supremo.

Sin embargo, el tribunal considera que no existe "ninguna razón" para acordar un aplazamiento del cumplimiento de la pena y no estaría justificado. No obstante, ahora su situación puede cambiar debido a su estado de salud.