Hasta 11 años y medio de prisión pide la Fiscalía para el propietario y administrador único de Magrudis e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodríguez, y su padre y administrador de hecho, José Antonio Marín Ponce, como causantes del mayor brote de listeria de España.
En agosto de 2019 la empresa, con sede en el Polígono El Pino de Sevilla, contaminó a más de 200 personas: cuatro de ellas murieron y hubo siete abortos tras el consumo principalmente de carne mechada de nombre 'La Mechá'.
Al igual que el juzgado, sí pide declarar al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario y que, de esta forma, haga frente al pago de los gastos originados por el contagio por "falta de control efectivo". Inicialmente, el Ministerio Público los cifra en unos 800.000 euros y la Junta en 3,4 millones.
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Las peticiones de penas, aunque en menor medida, también se extiende a su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. Para ello, solicita diez años de prisión.
En el escrito de acusación, consultado por EL ESPAÑOL, el Ministerio Público pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Sevilla contra estos cuatro acusados y contra el arquitecto Sergio L.G., contratado por la empresa en cuestión y autor de la declaración responsable de la misma.
La Fiscalía cree que éste acomodó el contenido de parte del proyecto ante el Ayuntamiento de Sevilla a la situación "más favorable de cara a la legalización del funcionamiento" de Magrudis, a través de la citada declaración. Todo ello siendo conocedor de que no procedía, con el conocimiento y consentimiento de José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez.
La Fiscalía no presenta acusación, en cambio, contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José O.B., porque cree que no pudo realizar bien su trabajo por falta de medios y no porque realizara alguna "imprudencia grave". Tampoco presenta cargos contra David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis y también procesado en las actuaciones.
Contra la salud pública
El Ministerio Fiscal detecta respecto a los hechos un delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro de homicidio por imprudencia grave, siete de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 de lesiones por imprudencia grave, uno de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Además de pedir declarar al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario, en esta materia solicita que todos los acusados, salvo el arquitecto, indemnicen conjuntamente con 141.040 euros al Consistorio y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados a ambas administraciones.
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Ante ello tendrá que responder la aseguradora de Magrudis, una entidad que ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor en favor de las víctimas y afectados.
También habrán de indemnizar todos ellos, salvo el arquitecto, con 5.861 euros a Endesa y habrán de compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados, con esta compañía aseguradora de nuevo como responsable "directa".
Registro en la nave de Magrudis.
Además del brote de listeria, en las instalaciones fue detectada una doble acometida a la red eléctrica, es decir, una derivación ilegal, así como una conexión directa con el contador, sin que existiera un contrato en vigor.
"Deficiencias sanitarias"
En su escrito de acusación, la Fiscalía determina que los principales acusados conocían que realizaban un proceso de elaboración de alimentos con "deficiencias sanitarias y riesgo grave o muy grave para los posibles consumidores en caso de comercialización".
El órgano se refiere en concreto a un lote de productos etiquetado el 20 de diciembre de 2018 que dio positivo en listeria a los dos meses y que Sandro José Marín Rodríguez había llevado a analizar como consecuencia de una intoxicación en Huelva.
No consta que estos acusados, según la Fiscalía, retiraran el lote del mercado, ni que pusieran los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias, ni Ayuntamiento de Sevilla, ni Junta de Andalucía. De ello, desprende el Ministerio Fiscal que "lo ocultaron de forma deliberada".