La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo (Valladolid, 1977), ha visto cumplido uno de sus retos desde que cogió la cartera. Lo hizo en enero de 2019 tras la investidura del presidente popular, Juanma Moreno.
Prácticamente desde el minuto uno de su nombramiento se puso a trabajar en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Hace dos semanas, recibió la luz verde en el Consejo de Gobierno. Ahora comenzará su trámite parlamentario con el objetivo de poner fin a "la maraña normativa urbanística que se ha creado en los últimos 20 años".
Asegura que con la nueva norma, que sustituirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y a la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA), se evitará que un promotor que quiera invertir en cualquier rincón de Andalucía tenga que lidiar con 235 textos legales. La última vez que el Parlamento andaluz sacó adelante una norma del suelo gobernaba el socialista Manuel Chaves. Desde entonces, nada había cambiado.
En conversación con EL ESPAÑOL, a esta vallisoletana, pero granadina de adopción, se le escapa una sonrisa al hablar de la Lista. Está convencida de que va a ayudar a la recuperación económica tras la crisis sanitaria de la Covid-19.
Sus directrices fundamentales son: reducir a dos años la tramitación de un PGOU, proteger el litoral y el paisaje, establecer solo dos distinciones de suelo (el urbano y el rústico) y regularizar viviendas ilegales, entre otras.
"La Marbella de Gil"
Otro de los objetivos con los que nace la nueva norma es aprender de los errores del pasado. En parte, provocados por estas leyes anteriores y por el hecho de "mirar hacia otro lado" desde las administraciones.
A través de este instrumento jurídico, la Junta estará muy vigilante para que un caso como el de la construcción del hotel Algarrobico en el parque natural almeriense del Cabo de Gata-Níjar, no vuelva a ocurrir. Este símbolo del ladrillazo en España sigue en pie tras 15 años de paralización de las obras a la espera de ser demolido por su ilegalidad.
El Supremo dice que el hotel de El Algarrobico está en suelo no urbanizable
Otro de los ejemplos andaluces, y españoles, de lo que no se debe hacer en cuestiones urbanísticas es el caso de Marbella en la época de Jesús Gil en la alcaldía, en la que estuvo 11 años. "Lo que pasó en ese municipio no ha vuelto a producirse en Andalucía y hemos aprendido y madurado mucho de la Marbella de Gil".
En este caso, la ley es firme. Además, contempla la creación de la figura de subinspectores de urbanismo para hacer cumplir la norma desde el minuto uno y no esperar a que comience la construcción. En la actualidad, la Junta trabaja en la regularización de las más de 300.000 viviendas ilegales y muchas de ellas acaban precintándose.
"Hemos aprendido de esos errores, se está poniendo en orden la ciudad de Marbella y ha ganado de nuevo en su propia marca, que fue tan dañada por ese urbanismo desmesurado", asegura la consejera.
"El fantasma de los peajes"
Otra de las materias que tiene a cargo es la construcción de nuevas carreteras y su conservación. "El nivel de ejecución del anterior gobierno era nefasto", asegura la consejera. De ahí que hayan dejado proyectos aparcados como la Huelva-Cádiz por la falta de consenso y se haya dado prioridad al mantenimiento de la red. "El PSOE redujo en una década a la mitad la inversión para ello".
Esa conservación es costosa, pero considera "una irresponsabilidad" abrir de nuevo el debate de la imposición de nuevos peajes en plena crisis por la pandemia tras la propuesta que ha hecho el Gobierno a Europa. "Es un fantasma al que Pedro Sánchez recurre de vez en cuando".
No obstante, considera que "ahora tienen menos sentido que nunca" y más cuando el más conocido, el de la autopista que une Jerez con Sevilla, se eliminó a finales de 2019. Carazo asegura con rotundidad que en las autovías de competencia autonómica, como la A-92 y la Jerez-Los Barrios, no se impondrá este impuesto. "Sería un paso atrás".
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, junto al de Presidencia, Elías Bendodo, en el metro de Málaga.
Otros proyectos importantes para la comunidad como la culminación de la SE-40 o la reanudación del servicio del tren Sevilla-Málaga "siguen dormidos". El primero porque el Gobierno central "lo ha dejado parado" y el segundo sigue a la espera de la firma de un convenio entre administraciones con la obra ya realizada.
Entre los propósitos a alcanzar, tras la crisis de la Covid, la consejera destaca la reactivación de la obra pública, por un lado, y la recuperación, por otro, de los usuarios del transporte público. Estos han caído un 56%, como la media nacional. Para ello Fomento sigue trabajando en la extensión de las líneas de metro de Sevilla, Málaga y Granada, que contaban con bastante demanda.
Niveles de okupación
En tres años de este gobierno está previsto tener listas 3.000 viviendas dirigidas a los más jóvenes y para fomentar el alquiler. Además de las sociales que se están construyendo y conservando las ya construidas, a través de permutas de solares a cambio de viviendas con promotores privados.
El parque de vivienda social en Andalucía asciende a las 75.000, es el más grande de España. La consejera aclara que solo 300 están okupadas. Por tanto, considera que tanto en estas como en las privadas el nivel de okupación "no representa un porcentaje elevado".
No obstante, reconoce que es una práctica ilegal que no se puede permitir y le preocupa que representantes políticos la impulsen. Por ello, reclama al Estado una modificación legal que sea clara contra este fenómeno y se defienda la propiedad privada.
Son varios los proyectos que le quedan por delante a esta consejera, licenciada en Ciencias Políticas, pero asegura que "queda legislatura" para ello. A su juicio, "este gobierno de PP y Cs funciona en base al entendimiento y los acuerdos. Estamos en el ecuador y vamos a seguir". Otra cuestión que tiene clara en este momento es la confianza que tiene puesta en Isabel Díaz Ayuso en las inminentes elecciones madrileñas.