La investigación de las ayudas "ilícitas" de 38 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía a la empresa energética malagueña de Isofotón bajo gobiernos socialistas, sigue sumando nombres. Tras la última petición de la titular del Juzgado de Instrucción 3, se han visto salpicados en el avance de esta instrucción judicial dos ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.
Se tratan de María Jesús Montero, portavoz del Gobierno central y ministra de Hacienda, y de Luis Planas, titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En concreto, la juez ha solicitado a la Consejería de la Presidencia de la Junta el acta de la comisión delegada para Asuntos Económicos de fecha 3 de julio de 2012.
De ella formaban parte ambos ministros cuando eran consejeros bajo el mandato del expresidente José Antonio Griñán, condenado por el caso ERE. En aquel entonces, Montero llevaba la cartera de Salud y Bienestar Social y Planas la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
La juez ha hecho esta solicitud a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales. En la citada comisión fue en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder un préstamo de 8,3 millones a la empresa energética, que acabó echando el cierre tras recibir más de 80 millones de ayudas públicas entre 2005 y 2012.
Las actas de los consejos de gobierno
El pasado mes de octubre la titular del juzgado ya solicitó a la Consejería de la Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015. La juez quería comprobar aquellos que incluyeran acuerdos sobre los avales concedidos por la Agencia IDEA a la empresa malagueña. Estas fechas abarcan los periodos de los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
En total, según avanzó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado mes septiembre, en el caso hay 40 investigados, de ellos 37 son ex altos cargos y exdirectivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE. Entre ellos, Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, quien tiene pendiente otra causa judicial por su labor como director de Promoción de Invercaria entre 2005 y 2010.
Las declaraciones comenzaron a mediados de octubre. En concreto, la juez está indagando la concesión de tres avales para salvar a la empresa de la quiebra, entre 2010 y 2011, por valor de 29 millones, y un préstamo posterior de 8,3 millones.
Precisamente este préstamo le fue concedido a la compañía bajo el gobierno de José Antonio Griñán en agosto de 2012. Esto ocurrió un mes antes de que otra ministra de Sánchez, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, fuera el fichaje estrella de la empresa como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales.