La nueva Ley de Vivienda que el Gobierno ha pactado este viernes con sus socios de ERC y Bildu será papel mojado en media España.
Las principales comunidades autónomas gobernadas por el PP (cuyo número probablemente crecerá tras las elecciones del 28-M) no tienen intención de aplicar dos de las principales novedades de la norma: el tope al aumento del precio de los alquileres y la definición de los "grandes tenedores" de viviendas para luchar contra la "especulación".
El texto deja la decisión sobre ambas cuestiones en mano de los ejecutivos regionales, una exigencia de ERC y Bildu pues las competencias en materia de vivienda están en manos de las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen la última palabra en esta materia.
Corresponderá, por tanto, a la decisión política de las autonomías declarar las "zonas tensionadas" en las que se aplicará el tope al precio de los alquileres, que será del 2% durante 2023 y del 3% en 2024. A partir del siguiente ejercicio, el Ministerio de Economía diseñará un nuevo índice “más estable", que no esté directamente ligado a los vaivenes del IPC.
El proyecto de Ley de Vivienda pactado por el Gobierno señala que esta limitación al precio de los alquileres se aplicará en las "zonas tensionadas": aquellas en las que el precio del alquiler o la hipoteca supere el 30% de la renta familia media, o en las que el precio del alquiler haya crecido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.
Pero en última instancia corresponderá a las comunidades autónomas aprobar la declaración de las "zonas tensionadas".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha anunciado que no tienen intención de aplicar esta medida, por considerar que la intervención de precios es perjudicial para la evolución del mercado.
Libertad en el PP
Es muy probable que otras regiones gobernadas por el PP sigan su ejemplo. De hecho, Andalucía se lo está planteando y Alberto Núñez Feijóo ha dado a sus barones libertad para decidir si quieren llevar la norma al Tribunal Constitucional o no.
Feijóo ha criticado el texto anunciado porque considera que intervenir el mercado puede reducir la oferta de pisos en alquiler y disparar sus precios.
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Lo mismo ocurre con la definición de los "grandes tenedores". El anteproyecto de Ley aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros aplicaba esta fórmula a las personas físicas o jurídicas que posean al menos diez viviendas en área tensionada.
El texto pactado ahora permite reducir esta fórmula a cinco inmuebles, pero la decisión política recaerá, de nuevo, en las comunidades autónomas. ERC y Bildu señalan abiertamente que esto permitirá luchar contra "la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión". Una fórmula que, también en este caso, rechazan las comunidades autónomas del PP.
Desahucios
El acuerdo alcanzado este viernes también incluye varias medidas para frenar los desahucios, con el fin de atender "la demanda histórica de los movimientos por la vivienda y acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos", según han recalcado Bildu y ERC.
Entre otras medidas, introduce nuevas prórrogas que demorarán los lanzamientos más de 2 años e impone los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables. Además, las comunidades autónomas podrán recurrir a los planes estatales de vivienda para ofrecerles alternativas habitacionales.
La Ley también prohibirá que el propietario incorpore sobre la marcha gastos adicionales (por ejemplo, por gestión de la comunidad de vecinos o tasas de basuras) que no estaban inicialmente previstos en el contrato.