Miles de guardias civiles y policías saldrán a la calle el 4-M contra la nueva ley de 'inseguridad ciudadana'

Sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil saldrán a la calle el próximo 4 de marzo para manifestarse en las calles de Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que el Gobierno pretende aprobar en las Cortes en las próximas semanas.

La concentración está organizada por la plataforma Jusapol y sus organizaciones en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, Jupol y Jucil respectivamente, mayoritarias en ambos cuerpos. La marcha arrancará, como otras concentraciones previas, a los pies del Congreso de los Diputados. 

El Gobierno y sus socios aceleran los trámites para reformar antes de las elecciones municipales del 28 de mayo su reforma de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Mordaza'. 

Lejos de garantizar la protección de los policías como máximos garantes de la seguridad ciudadana, la nueva norma pretende rebajar el castigo por desobediencia a los agentes y recortar los medios de contención para hacer frente a altercados violentos multitudinarios.

También retira la prohibición de difusión sin autorización de imágenes grabadas a policías en su trabajo e incluso rebaja la presunción de veracidad de los relatos de los policías frente a los de los presuntos delincuentes en las actas policiales, según denuncia Jusapol.

Alta afluencia

El Gobierno y sus socios suprimirán también con la nueva ley la obligación de comunicar una manifestación a las delegaciones del Gobierno. Así, al no contar con las estimaciones de asistencia a cada concentración, la Policía lo tendrá cada vez más difícil para preparar los dispositivos de seguridad en las concentraciones.

Los organizadores, a los que se ha sumado el sindicato Csif, creen que podrán conseguir una afluencia cercana a las 80.000 personas en el centro de Madrid. "Hemos decidido movilizarnos, creando un calendario de movilizaciones y acciones con las que queremos dejar claro que no nos gustan los términos en los que se aborda esta reforma", indican fuentes de Jusapol, que califican la nueva norma como la ley de "inseguridad ciudadana".

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"Hacemos un llamamiento al ciudadano, para que de nuevo nos apoye, ya que directamente se verá afectado con una Ley, que no garantizará realmente su seguridad", indican las mismas fuentes.

El 6 de mayo, JUPOL y JUCIL organizarán otra concentración similar. "Esta se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos efectivos se encuentran desmoralizados y debilitados en un escenario de violencia agravada y pérdida del principio de autoridad policial", explica Aarón Rivero, su secretario general.

"Todo ello deriva en un agravamiento de las agresiones a los compañeros y una peligrosa judicialización de nuestra labor profesional, que en ningún momento cuenta con el respaldo del Gobierno de España", continúa.

Desde el comienzo de la pandemia en 2020, los ataques contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos han aumentado de manera significativa. Ahora, tres años después, este tipo de agresiones no han dejado de crecer.

Plataforma

La mayor parte de asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales han acordado conformar un frente común, al que han denominado Plataforma Conjunta de Policías y Guardias Civiles para una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial. De este modo, todos los colectivos policiales se levantan desde ya en armas contra el Ministerio del Interior y su titular, Fernando Grande-Marlaska.

El comunicado lo firmaron hace unos días colectivos como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Profesional de Cabos, APROGC, AEGC, AsesGC, IGC, UniónGC, ASP, SPP, EYA y la UFP.

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Según explican, tanto este Gobierno como los anteriores "niegan el reconocimiento como profesión de riesgo" al servicio que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata, a su juicio, de un "despropósito" y un "agravio ver como el resto de policías autonómicos y locales sí cuentan con este reconocimiento".

Con esta unión exigen una ley que recoja la aplicación de índices correctores para una jubilación anticipada de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sea cual sea el régimen de cotización en que se integren.

La Policía Autonómica Vasca (Ertzaintza) cuenta con la jubilación anticipada desde el año 2008, las Policías Locales desde el año 2019. Y, más recientemente, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra desde el año 2022. "Todos los cuerpos policiales tienen reconocido este merecido derecho, excepto la Policía Nacional y la Guardia Civil", apuntan desde la plataforma.

Solicitan también el "pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial total" y absoluta de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas, "en todas y cada una de sus cláusulas".