El 41% de los españoles considera que paga muchos impuestos, y el 90% opina que existe “mucho” o “bastante” fraude fiscal. Así lo revela el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), “Opinión pública y política fiscal”, publicado este viernes.
Los resultados del CIS señalan también la preferencia de los españoles por los impuestos directos (como el IRPF), ya que tan solo el 23,5% se inclina por los indirectos, con el mismo tipo para todas las rentas. Esta tendencia se puede explicar con la percepción generalizada (79,9%) de que los impuestos “no se cobran con justicia”.
El estudio llevado a cabo por el CIS de José Félix Tezanos en 900 municipios entre el 21 y el 30 de julio llega apenas una semana después del anuncio gubernamental del nuevo impuesto a la banca y energéticas. Con la recaudación de este tributo extraordinario, el Gobierno pretende financiar medidas para la lucha contra la inflación.
El 59,4% de los participantes afirma, por otro lado, que “los impuestos son necesarios para la prestación de servicios públicos”. Sin embargo, más de la mitad de los españoles considera que la sociedad se beneficia “poco o nada” de lo que paga en impuestos, y el 62% cree que paga más de lo que recibe.
Así pues, la mayoría de encuestados considera que se dedican "muy pocos" recursos a servicios públicos como la sanidad (71,7%), la investigación científica (85,2%), la vivienda (66,3%) o la enseñanza (57,1%).
A pesar de ello, el funcionamiento de los servicios públicos es “bastante satisfactorio”, y tan solo la administración de justicia (67,7%) y la ayuda a personas dependientes (56,8%) son calificadas como “poco o nada satisfactorias”.
Por otro lado, el 90,3% de los españoles cree que existe “mucho” o “bastante” fraude fiscal. No obstante, el 46,5% afirma que “toda o casi toda” de la gente que conoce declara todos sus ingresos a la hora de hacer la declaración de la renta.
Como culpables, el 19,4% señala a los más ricos de “evitar o minimizar el pago de impuestos”, y el 18,2% lo achaca a los salarios, “demasiado bajos”. Además, el 59,3% acusa a la Administración pública de hacer “pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal”.