Tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, del cual depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), niegan las acusaciones de espionaje con las que les señalan los independentistas catalanes. 

El separatismo ha montado en cólera después de que una información del The New Yorker asegure que 63 miembros del entorno separatista fueron espiados a través del software de una empresa israelí. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una de las supuestas víctimas, ha exigido este lunes al Gobierno que ofrezca explicaciones sobre estos hechos. 

Detrás de esta historia está el llamado programa Pegasus. Se trata de un software espía que han utilizado varios servicios de Inteligencia para rastrear a activistas y políticos. De esta aplicación ya se tuvo noticia en España hace dos años, cuando se reveló que el teléfono móvil de Roger Torrent había sido infectado por ese programa.

Ahora, otros como Artur Mas, Carles Puigdemont o Joaquim Torra se suman a la lista de supuestos damnificados, espiados a través de sus dispositivos móviles.

Este software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, solo puede ser adquirido por gobiernos o instituciones de seguridad pública. Pegasus aprovecha vulnerabilidades importantes de los sistemas Android e iOS (Apple) para actuar, infectando miles de millones de dispositivos. 

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han insistido este lunes en negar cualquier relación con el caso: "Ni Interior ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios".

En este sentido, en Interior remarcan que "todas las intervenciones de comunicaciones se hacen bajo orden judicial y pleno respeto a la legalidad".

Negativa de Defensa

El otro señalado por los separatistas es el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, pues de su departamento depende el CNI. Fuentes próximas a la ministra no niegan que la inteligencia española haya utilizado alguna vez ese software, pero aseguran "con total contundencia" que el Gobierno "siempre actúa con arreglo a derecho y en estricto cumplimiento de la legalidad".

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; el de ERC, Oriol Junqueras; el diputado de la CUP Carles Riera, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie y Xavier Antich, han convocado una rueda de prensa unitaria este martes en el Parlamento Europeo para denunciar los hechos.

Del caso, ya rindió cuentas en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en julio de 2020. Entonces aseguró que ni el Gobierno ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenían ninguna relación con el presunto espionaje sufrido por políticos independentistas como el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Grande-Marlaska aseguró entonces, a preguntas de Gabriel Rufián, que el sistema constitucional protege todas las opiniones políticas, incluso las de aquellos que no comparten el propio modelo constitucional. Además, sostuvo en varias ocasiones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solo investigan hechos constitutivos de delito y siempre "bajo el impulso del Ministerio Fiscal y con mandato judicial".

El hackeo de aparatos móviles con el sistema de la empresa NSO, convierte el teléfono de la víctima en una suerte de antena parabólica. Desde ese momento, Pegasus es capaz no solo de rastrear la ubicación de la víctima, sino de detectar con qué otras personas ha estado en contacto. Puede recopilar fotografías, hacer uso de la grabadora del teléfono para conseguir conversaciones o incluso rastrear los mensajes de prácticamente todas las aplicaciones del dispositivo. Este software, además, no deja rastro en el teléfono.

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