La Generalitat Valenciana plantará batalla para que el nuevo modelo de financiación autonómica reconozca y resuelva la infrafinanciación de sus arcas.
El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, hizo suyo este miércoles el duro informe del comité de expertos -un órgano creado en Valencia para abordar la reforma- y pedirá eliminar del esqueleto del Ministerio de Hacienda los criterios que a su juicio sobrevaloran los territorios de la España vaciada.
Los expertos de Puig han concluido que el borrador presentado en diciembre por la ministra María Jesús Montero no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana, por lo que apuestan por que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada sin disfunciones y aborde tanto la deuda histórica acumulada en los últimos años como la cogobernanza fiscal entre administraciones.
El informe es un bofetón al planteamiento inicial del Gobierno de Pedro Sánchez. Los expertos concluyen que el borrador no solo no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, sino que empeora su situación pese a que es el territorio peor financiado de España desde hace años.
Además, subrayan que, con los actuales indicadores, se mantendrá una financiación valenciana por habitante alejada de la media nacional y de las comunidades mejor financiadas. El informe ha mantenido la unidad política en torno a este asunto y todos los grupos lo apoyaron.
La reforma del sistema de financiación ha vuelto a generar teniones entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno, y está por ver cómo influye en la relación entre Puig y Sánchez tras su reconciliación, admitieron a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a dirigentes socialistas.
"España justa"
Este es el gran tema de la legislatura en Valencia y Puig no se puede permitir perder la unidad política y de la sociedad civil en un momento clave, pues se ha extendido cierto desánimo con los cambios y los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez en cada campaña electoral o visita a la Comunidad.
El jefe del Gobierno valenciano convocó este miércoles a la plataforma en la que están representados los partidos, sindicatos y sociedad civil para trasladarles las conclusiones de los expertos. El plazo para presentar las alegaciones finaliza el lunes 31 de enero. Ximo Puig pidió "unidad de negociación" para lograr "el gran acuerdo de una España justa".
El también líder de los socialistas valencianos pidió la aplicación urgente del fondo de nivelación, que el nuevo modelo elimine las variables no poblacionales y garantice la suficiencia para no quedar "obsoleto" en unos años. También pidió más participación de las CCAA en los impuestos y que la compensación de la deuda sea de manera objetiva.
Según dijo, la Generalitat propone cambios técnicos para recalcular las variables en el nuevo modelo. En sanidad, por ejemplo, utilizar la población de derecho por tramos de edad en lugar de la protegida; en educación, incluir toda la población de 0 a 17 años, y en servicios sociales incorporar la población dependiente de menos de 65 años y ajustar esta variable al gasto real.
Ximo Puig cuenta por el momento con el respaldo del principal partido de la oposición en Valencia, el Partido Popular. Si presidente, Carlos Mazón, garantizó que la propuesta cuenta "con todo el apoyo", a falta de estudiarla a fondo, para lo que ha instado al Gobierno a seguir adelante porque "la pelota vuelve a estar en el tejado de Pedro Sánchez".
Sobre la postura de Pablo Casado, quien defendió en un mitin en Castilla y León un modelo que cubra las necesidades de CC. AA. despobladas, Mazón puntualizó que está "absolutamente de acuerdo" con este problema, pero añadió que "nadie en el PP duda que la situación de la Comunitat Valenciana es un caso excepcional".
La negociación se aventura larga y compleja, y se ha planteado como una carrera entre territorios. El Gobierno solo ha presentado una pieza de un rompecabezas mucho más complejo, pues el borrador solo aborda un mecanismo. Más tarde se tendrá que decidir cómo se articulará el reparto del dinero. Valencia presiona para que el mecanismo sea el de la población ajustada. Punto, sin matices.
El documento del Ministerio recoge fondos vía compensación por la población o la dispersión que "distorsionan la cantidad que vamos a recibir", señalan fuentes de varios partidos. Las alegaciones califican el informe de Hacienda de "técnicamente poco satisfactorio" y pedirán que queden garantizados los servicios básicos de la Comunidad Valenciana.