El Gobierno ha sacado pecho de los indultos del 'procés' porque "el paso del tiempo" ha confirmado que "esta medida fue adecuada" ya que "ha mejorado y normalizado las relaciones institucionales": "los indultos han funcionado".
La subsecretaria de Estado de Justicia, Ana Sánchez, ha respondido así a los diputados de PP, Vox y Ciudadanos que esta tarde han arremetido contra el Gobierno por la concesión de indultos a los líderes independentistas catalanes, durante la comparecencia ante la Comisión de Justicia para presentar el informe semestral de indultos.
Esta cuestión ha centrado las intervenciones de PP, que ha denunciado el "uso inadecuado y perverso por razones políticas", y de Vox, que ha alzado la voz por el "indulto general" a los líderes independentistas que "apesta" por ser "una traición a España", mientras que Ciudadanos ha criticado que el informe no cite a los condenados por su nombre y apellidos.
Sin embargo, Sánchez ha destacado que "el paso del tiempo lo único que ha hecho es confirmar que esta medida fue adecuada", porque "ha supuesto una mejora de la situación sociopolítica en Cataluña, ha mejorado las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat; y ha normalizado las relaciones institucionales".
"Los indultos han sido eficaces, han funcionado" ha añadido la número 3 de Justicia, que ha subrayado que se han reducido en un 66 % los delitos de odio relacionados con la libertad de expresión por cuestiones asociadas a la independencia de Cataluña.
Sí que ha evitado responder a las preguntas y críticas de estos tres partidos por el indulto parcial a Juana Rivas que han tildado de "populista" y "controvertido" y que, al haber sido concedido recientemente, centrará previsiblemente la próxima comparecencia semestral.
En números globales, el Gobierno ha tramitado 1827 solicitudes de indulto en el primer semestre de 2021 y ha concedido 41 ( 27 hombres y 14 mujeres), más del doble que los concedidos en el último semestre de 2020 con un número de peticiones similar.
La mayoría de los indultados estaban condenados por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública, a los que hay que sumar los nueve de los presos del "procés" por sedición y malversación.