El juez dice que el etarra Mikel Antza tuvo un papel "relevante" en el asesinato de Gregorio Ordóñez

Diez años después de que la Audiencia Nacional condenase a los autores materiales del crimen, Mikel Antza, jefe político de ETA entre 1993 y 2004, se ha sentado en el banquillo a declarar como investigado por su presunta participación en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez. Tras escucharle, el juez Alejandro Abascal ha decretado en un auto la retirada de su pasaporte, y ha apuntado que el exdirigente etarra habría jugado un "relevante papel" a la hora de encargar el asesinato.

En el documento, conocido por EL ESPAÑOL, el magistrado indica que Antza pertenecía en aquel momento al "comité ejecutivo" de la banda, y que las órdenes de acabar con la vida del teniente de alcalde hace 26 años se habrían tomado, como en muchos otros crímenes perpetrados por ETA, desde las más altas instancias de la organización terrorista que él coordinaba y de las que formaba parte.

"Se aceptan como fiables y verosímiles indiciariamente todos aquellos elementos relacionados con los miembros de la banda que participan en las distintas actividades que permiten llevar a cabo un atentado", dice el juez instructor de la Audiencia Nacional.

El magistrado, en atención a las características estructurales y el funcionamiento de la banda terrorista, destaca la participación decisiva y necesaria del máximo órgano de decisión de ETA -en el que Antza figuraba- en el asesinato de Ordóñez. Es decir, el papel clave a la cabeza de la organización "para que se llegue a realizar una acción terrorista".

El magistrado asegura también que la decisión de matar al dirigente vasco del PP estaría "recopilada fundamentalmente en la documentación ocupada en poder de miembros de ETA con ocasión de la detención en España de los integrantes de comandos de acción o por efectuar labores de colaboración con la banda terrorista".

Fuentes presentes en el interrogatorio relatan a este periódico que el líder de la banda terrorista ha negado su implicación en los hechos, con los cuales, dice "nada tuvo que ver". 

Antza sólo ha respondido al juez, y no ha querido contestar a los representantes legales de las víctimas, personadas en la causa a través de las asociaciones Dignidad y Justicia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que preside Consuelo Ordóñez, la hermana del teniente de alcalde del PP en San Sebastián, asesinado el 23 de enero de 1995. 

El exdirigente etarra ha hablado de la "represión en Euskalherria", y ha criticado los procedimientos nuevos que se abren en los últimos años, sugiriendo que son "creados" por las víctimas. Ha llegado a declarar también que esa supuesta represión "sigue existiendo" en el País Vasco. 

Retirada de pasaporte

Tras escucharle durante cerca de una hora, el juez ha decretado medidas cautelares. La primera consiste en la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización del juzgado. También ha procedido a retirarle el pasaporte y a obligarle a designar un domicilio en España, así como un teléfono de contacto permanente donde pueda ser notificado y citado.

El etarra Mikel Antza, implicado en el asesinato de Gregorio Ordóñez, aplaudido por Bildu este martes en San Sebastián antes de su declaración telemática. Europa Press

El juez concluye que no es irracional, "ante la extraordinaria gravedad del delito que se le imputa al encausado y las elevadas penas que pudieran imponerse en sentencia en caso de condena, que el mismo quiera optar por eludir la acción de la Justicia y ponerse fuera del alcance de este órgano instructor o del de enjuiciamiento". Por todo ello el magistrado adopta las medidas cautelares mencionadas.

Advierte además que el incumplimiento de las mismas, así como la incomparecencia del investigado a cualquier llamamiento judicial sin causa justificada, podría suponer la revocación de su situación de libertad y la adopción de la medida de prisión provisional.

Las víctimas piden "agilidad"

Este mismo martes, la asociación Dignidad y Justicia ha pedido a la Audiencia Nacional "agilidad" y que "persiga" los 65 asesinatos cometidos por ETA que no habrían prescrito hasta la fecha, y por los que "podría acusarse" a 35 dirigentes de la banda por su participación.

Cerca de 20 personas, entre ellos representantes del Sindicato Unificado de Policía, acudieron a la concentración convocada por Dignidad y Justicia frente a la sede de la Audiencia Nacional, en la Plaza de la Villa de París, coincidiendo con la declaración de Antza, que se produjo por videoconferencia desde San Sebastián.

Mientras, en la capital guipuzcoana, Antza era recibido entre vítores y aplausos por miembros de EH Bildu a su llegada  a los Juzgados.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, recordó que Antza fue "jefe del aparato político durante 12 años" a lo largo de los cuales se perpetraron 90 asesinatos. "Es responsable no solamente del asesinato de Gregorio Ordóñez, sino de muchas otras víctimas, entre ellas mi padre", lamentó.

Pero, además, Antza "fue el redactor de la ponencia Oldartzen", en la que se estableció la "normalización del sufrimiento" y a partir de la cual "cambió el criterio" a la hora de asesinar. "Se acabó el asesinar a policías y guardias civiles. Ahora también a políticos, jueces, fiscales, periodistas, cualquier persona influyente. Lo que pretendían era la eliminación sistemática de la población", insistió.