Una juez de Móstoles ha retirado a una mujer la guardia y custodia de sus hijos de 15 y 16 años, para entregarlos al padre, un acusado de la trama Gürtel que actualmente se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional.
En el actual juicio de la trama Gürtel de Boadilla, el padre -cuya identidad no desvela EL ESPAÑOL, para preservar la intimidad de los menores- ya ha reconocido ser autor de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, asociación ilícita, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros.
A cambio de esta confesión, ha pactado con la Fiscalía una pena de seis años de cárcel, que comenzará a cumplir en cuanto termine el juicio. Pese a que está a punto de ingresar en prisión, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Móstoles le ha entregado la guardia y custodia de los dos hijos menores de 15 y 16 años.
La juez dictó el pasado 14 de julio un durísimo auto en el que -tras un proceso de divorcio que resultó especialmente conflictivo- impone a la madre las medidas más drásticas: le retira temporalmente la guardia y custodia de los dos adolescentes durante tres meses, le prohíbe comunicarse con ellos por cualquier medio durante el mismo período y la obliga a abandonar la vivienda familiar.
Fundación Filia y el juez Serrano
Una vez vencido este plazo, la juez renovó el pasado 12 de noviembre las mismas medidas (que suponen la separación de la madre de sus dos hijos menores), por tres meses más.
La juez de Móstoles ha tomado esta decisión atendiendo a los informes elaborados por la Fundación Filia de Amparo al Menor, a la que la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid otorgó en marzo de 2019 la posibilidad de actuar como Servicio de Intervención del Coordinador Parental, en procesos judiciales sobre custodia y protección de menores.
En teoría, los informes de la Fundación Filia (que tiene entre sus colaboradores al polémico juez inhabilitado y exdiputado de Vox Francisco Serrano) son fruto del trabajo coordinado de psicólogos, educadores y abogados. Pero no ha ocurrido así en este caso.
El primer informe de la Fundación Filia fechado el 29 de octubre de 2020, en el que la juez se basó para tomar la decisión, fue elaborado a partir de seis entrevistas que la madre y sus dos hijos mantuvieron con la presidenta de la Fundación, Lucía del Prado.
Una experta en publicidad
En ningún momento del proceso que se prolongó entre febrero y septiembre de 2020 -interrumpido durante los meses del confinamiento por el Covid- la mujer y los niños fueron evaluados por ningún psicólogo o especialista: sólo mantuvieron seis reuniones, que resultaron bastante tormentosas, con la presidenta de la Fundación.
El informe entregado a la juez está firmado por la propia Lucía del Prado, que se presenta como "especialista en coordinación parental", aunque su titulación oficial es muy distinta: es licenciada en Ciencias de la Información, en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas.
Por tanto, la juez acordó retirar a la madre la custodia de sus dos hijos de 15 y 16 años basándose en un informe firmado por una especialista en publicidad.
El pasado mes de junio entró en vigor la Ley de Protección Integral del Menor, impulsada por la ministra Irene Montero, que proscribe de los procesos judiciales el uso del llamado síndrome de alienación parental (la supuesta manipulación de los hijos por parte de la madre, para que rechacen a su progenitor).
La alienación parental
El artículo 11.3 de la Ley establece que "los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".
Pese a ello, un mes después de la entrada en vigor de esta norma, la juez de Móstoles dictó el 14 de julio el auto en el que retira a la madre la custodia de los dos menores apelando, mediante circunloquios, al síndrome de alienación parental que acababa de ser desterrado de la legislación española por la Ley de Protección Integral del Menor.
El auto alude literalmente al "síndrome de alienación parental, acuñado por el profesor de psiquiatría Richard Gardner en 1985 para referirse a un desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente, denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores y se niega a tener contacto con él".
"No utilizaremos dicho término, pues no es pacífico", añade a la juez. Pero a continuación atribuye a la madre todos los síntomas descritos en el síndrome de alienación parental: afirma que la madre ha aplicado "diferentes estrategias con la intención de ejercer influencia en el pensamiento y el ánimo de los hijos para destruir o dañar severamente la relación con el otro progenitor y anular o denostar constantemente al padre frente a sus hijos, lo que a la postre es tóxico y perjudicial para los menores".
Con un pie en prisión
Para realizar este diagnóstico, la juez se basa en el informe firmado por la presidenta de la Fundación Filia sobre la situación familiar. Y de nuevo, siguiendo las recomendaciones de la experta en publicidad Lucía del Prado, la juez impone la solución prescrita para el síndrome de alienación parental: apartar por completo a la madre de sus hijos, con la prohibición de comunicarse con ellos, para que puedan "reconstruir" su relación afectiva con el padre, que está a punto de entrar en la cárcel como autor confeso de graves delitos de corrupción.
Antes de la intervención de la Fundación Filia, los dos niños sí fueron sometidos en octubre de 2018 al análisis del equipo psicosocial de los Juzgados de Móstoles: uno de los pequeños refirió al psicólogo que su padre "le pegaba, castigaba en una esquina y que una vez le dio un puñetazo en una pierna, que no quiere tener visitas porque tiene miedo".
Después de que la juez ordenara retirar a la madre la custodia de sus hijos, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla remitieron al Juzgado el pasado 5 de agosto un informe emitido por el servicio de Psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro, ante el que uno de los menores había manifestado ideas suicidas: "Preferiría estar muerto antes que estar con mi padre", dijo el niño al especialista.
La juez de Móstoles rechazó tener en cuenta este informe, alegando que el Ayuntamiento de Boadilla no es parte personada en la causa. La magistrada hizo valer, en cambio, el "sólido y exhaustivo" informe firmado por la especialista en Publicidad Lucía del Prado, para retirar la custodia de los niños a la madre y confiarlos al padre, que en un plazo de breves semanas ingresará en prisión.