Los sindicatos piden el cese de Ortiz por el asesino de Lardero: "No se hace caso a los profesionales"

Tras las recientes revelaciones que en los últimos días ha ido publicando EL ESPAÑOL sobre la concesión del tercer grado al asesino del niño de Lardero (La Rioja), los sindicatos mayoritarios en las prisiones de toda España han exigido la dimisión de Ángel Luis Ortiz como secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, en una rueda de prensa convocada para la mañana de este jueves, han censurado el "buenismo" del Ministerio del Interior al progresar al tercer grado a Francisco Javier Almeida, de 54 años, detenido por la muerte del pequeño Álex, al que presuntamente estranguló en su casa tras llevárselo engañado del parque donde el menor celebraba con sus amigos la fiesta de Halloween.   

"Los profesionales de la cárcel de El Dueso, que lo conocían desde hace 20 años, sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia", ha explicado José Ramón López, presidente de ACAIP-UGT.

"No se puede trabajar cuando una junta de tratamiento rechaza el pase a tercer grado con una mayoría de 6 a 3, cuando el interno, dicen, muestra buena conducta —por cierto, como todos los agresores sexuales—, pero es que no te puedes basar solo en la buena conducta. Cuando una Junta de Tratamiento que conoce a un preso desde hace 20 años, dice que no puede salir en tercer grado, no es de recibo que desde Madrid, desde la Secretaría General, despachando con tres líneas en un informe, se pase a tercer grado a este señor".

Así, desde ACAIP se hacía referencia a la información revelada por este periódico, según la cual bastaron tres líneas de un texto estándar, en realidad cuatro palabras —"Hay cierta evolución positiva"— para poner en la calle a este peligroso y reincidente delincuente sexual. El documento reproducido este jueves por EL ESPAÑOL indica que esa instancia política revocó el criterio técnico de la Junta de la cárcel sin tan siquiera hacer una indagación específica. 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del ministro Grande-Marlaska, no justificó esa apreciación y tampoco argumentó las razones por las que corregía el criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión de El Dueso. Los funcionarios de la cárcel habían argumentado la conveniencia de mantener a Almeida en segundo grado dado su perfil reincidente en delitos de agresión sexual y asesinato.

Para ACAIP, estos hechos suponen "el fracaso de la institución penitenciaria". "La Administración lo despacha con tres líneas, sin dar ni una razón", ha expuesto José Ramón López en la comparecencia junto a Jorge Vilas, de CSIF. Ambos entienden que fue la unidad de clasificación desde Madrid quien resolvió en contra de la opinión mayoritaria de la cárcel, usando para ello un "documento tipo" habitual para un preso condenado por delitos comunes, pero no en un "caso tan complicado" como el de Lardero.

"No se hace caso a los profesionales"

Los sindicatos han incidido en el modo en que se obvió que los primeros permisos de Almeida fueron acompañados, del total de 39 que tuvo antes de la libertad condicional, momento en el que funcionarios de prisiones participaron en 16 intervenciones para comprobar la buena conducta, según fuentes penitenciarias. Los sindicatos rebajan este seguimiento a "ciertos controles" primando las entrevistas telefónicas.

La rueda de prensa ha servido a su vez para incidir en esa filosofía que impera en Instituciones Penitenciarias bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska y Ángel Luis Ortiz. A su juicio esta administración va a la "deriva" porque lo que se prioriza es "maquillar la estadística".

Tras expresar su solidaridad con la familia del pequeño Álex, los representantes sindicales han pedido a Interior "cierto grado de autocrítica", algo de lo que, dicen, "adolecen totalmente". Los dos sindicatos han denunciado que la prioridad ahora "no es garantizar la seguridad y la reinserción de los internos", citando el crimen de Lardero, pero también otras agresiones recientes como la de una profesora del Centro Penitenciario de Jaén que sufrió un intento de agresión sexual por parte de un interno o las heridas en el cuello con un cristal que estuvo "a punto de llevarse por delante la vida" del jefe de servicios en Cuenca.

También han criticado la orden de 2020 sobre pluses de productividad, revelada por EL ESPAÑOL, cambiando sin transparencia el consenso que hubo con gobiernos de PSOE y PP desde el año 2000. Critican en concreto que se premie las progresiones al tercer grado —en la primera clasificación para condenados a menos de un año y con unanimidad de la Junta de Tratamiento— y que no se tenga en cuenta otras cuestiones como evasiones o el quebrantamiento de permisos.

"Estamos en el mundo de la estadística y el buenismo, hay que ser mucho más serio y riguroso", han exigido ACAIP-UGT y CSIF. "No se hace caso a los profesionales penitenciarios —insistieron—. Es indiferente que los resultados sean positivos, lo importante es que crezca la estadística, así no se puede trabajar en la institución penitenciaria".