El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado que la futura Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dotará por primera vez a los funcionarios de prisiones con la consideración de agentes de la autoridad.
Esta era una de las reivindicaciones más repetidas por los sindicatos de los funcionarios de las cárceles a lo largo de los últimos años. A su vez, esa nueva ley propone, tal como ha explicado el ministro, la creación de nuevas figuras laborales en el ámbito penitenciario, como será la de agentes de libertad condicional.
Durante su intervención en la inauguración de las Jornadas de Trabajo de directores de centros penitenciarios en Cuenca, Marlaska ha señalado además que los trabajos están orientados a poder sacar adelante esa normativa antes de que finalice esta legislatura.
"Trabajamos para consensuar un texto integrador que ponga fin a la dispersión normativa y modernice la estructura corporativa penitenciaria regulada por dos leyes preconstitucionales", ha señalado Marlaska, quien ha mostrado su deseo de que el texto "se ajuste a la realidad actual y recoja las peculiaridades propias y exclusivas del personal funcionario penitenciario que no están adecuadas a la legislación aplicable a todos los colectivos funcionarios".
Con todo, esta norma incluirá, además del reconocimiento como agente de la autoridad de los funcionarios, un refuerzo de la protección penal de los trabajadores, el reconocimiento de asistencia jurídica y la creación de "puestos de trabajo inexistentes pero imprescindibles en cuanto a medidas penales no privativas de libertad", como agentes de libertad condicional y vigilada.
Acto en Cuenca
El ministro del Interior, acompañado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha inaugurado este lunes en Cuenca la reunión de directores de centros penitenciarios y de centros de inserción social de España.
A la reunión inaugurada este lunes en Cuenca asisten los responsables de los 81 establecimientos penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado para abordar, a puerta cerrada, durante tres jornadas las principales líneas de actuación en el ámbito de prisiones. Materias como la sanidad y, en particular, la atención a enfermos mentales, la igualdad, la seguridad, el tratamiento, el régimen abierto y las penas y medidas alternativas formarán parte, entre otros asuntos, de las sesiones de trabajo. Es en el marco de ese acto cuando ha anunciado la aprobación de esa medida ya reivindicada desde hace años por los funcionarios de las prisiones de todo el territorio y de todos los sindicatos.
Con el acto se dio inicio a unas jornadas que se desarrollarán desde ese lunes al miércoles 20. En ellas se abordan las líneas generales de trabajo en el ámbito penitenciario y asuntos vinculados al tratamiento de los penados, la seguridad, la salud mental y la igualdad en las prisiones.
Durante su discurso, el ministro ha destacado la reducción de población reclusa a lo largo de los últimos 18 meses. "Se ha reducido en 2.724 personas, un descenso de 5,4 puntos porcentuales". Por su parte, el número de internos que cumplen condena en régimen abierto "ha pasado de 7.066 en marzo de 2020 a 7.813”.
El ministro del Interior también ha ensalzado los programas de tratamientos puestos en marcha, como el reciente Programa de Intervención en Delitos Económicos (PIDECO). "Es una respuesta imprescindible al aumento de la delincuencia económica detectada en los últimos años, se ha implementado ya en doce centros penitenciarios y en cinco centros de inserción social, y en él participan ya 134 hombres y nueve mujeres, cifras que crecerán cuando logremos implantar el programa en todos aquellos centros a los que todavía no ha llegado".
Ángel Luis Ortiz ha subrayado, además, la relevancia de la cita de este año en Cuenca: "El trabajo penitenciario en muchas ocasiones aparece como un mundo cerrado, poco conocido. Por ese motivo, me parece importante que en reuniones como esta podáis poner en común vuestras experiencias y que, al mismo tiempo, recibáis el apoyo y el reconocimiento de quienes tenemos la responsabilidad de dirigir la política penitenciaria".