Entre las pruebas que las acusaciones populares del caso Ghali están empleando ante el juez que investiga su entrada supuestamente ilegal en España están los documentos con los que se le inscribió en el hospital de Logroño. En ellos, revelados ahora por primera vez por EL ESPAÑOL, figuran con claridad una fotocopia de su pasaporte argelino, bajo el nombre falso de Mohamed Benbatouche, y un impreso de solicitud de atención a pacientes no financiados en el Servicio Nacional de Salud.
Ambos han sido aportados a la causa como una prueba más de la confusión que generó en muchos la llegada de Brahim Ghali al recinto hospitalario el pasado 18 de abril. En el impreso de solicitud, rubricado por la firma del tal Benbatouche, el paciente solicita ser atendido por el sistema público sanitario de La Rioja, comprometiéndose a hacerse cargo "económicamente de los gastos" derivados de su asistencia.
Se desconoce, por el momento, si fue el propio Ghali quien se inscribió bajo esa identidad en el recinto sanitario o si lo hizo una de las personas que lo acompañaba. Esta última opción resultaría la más probable, dado el estado de salud en que se encontraba el mandatario saharaui.
Estas pruebas se unen a otros documentos que probarían la operación para tratar de ocultar la llegada del líder del Frente Polisario. Ghali llegó a España el pasado 18 de abril enfermo de Covid-19 en una avión procedente de Argel que aterrizó en la base militar de Zaragoza. Allí no tuvo que pasar los controles de documentación ni tampoco de aduana.
El magistrado a cargo de la investigación, Rafael Lasala, del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, ya ha citado como investigada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, igual que su Jefe de Gabinete, Camilo Villarino. Fuentes jurídicas confirman a su vez a Europa Press que la Abogacía del Estado ya han informado al magistrado a cargo de la investigación, Rafael Lasala, de que representarán a ambos en el procedimiento.
González Laya figura como investigada por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado. Hasta ahora, el magistrado instructor no ha fijado una fecha para su interrogatorio. La citación de la exministra como investigada fue solicitada el pasado 14 de septiembre por el abogado Juan Carlos Navarro, y a su petición se adhirió la otra acusación, dirigida por Antonio Urdiales.
Las jefas de gabinete
Otro de los datos que reforzarían esta tesis y que Villarino ofreció en su declaración, revelada por EL ESPAÑOL, fue que la primera noticia que tuvo de lo que iba a pasar la tuvo cuatro días antes de los hechos. Ese jueves 15 de abril, Isabel Valldecabres, directora de Gabinete de la exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, le llamó para preguntarle si sabía algo del asunto.
"Me preguntó si era cierto que se estaba valorando". Villarino le dijo que no tenía ni idea de a qué se refería.
A raíz de tales afirmaciones, las acusaciones han pedido incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera y su directora de gabinete, así como a Susana Crisóstomo, la jefa de gabinete del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Esta última ya tiene fecha para comparecer ante el juzgado. Según fuentes de la causa, está citada para el próximo 18 de octubre.
En un escrito del pasado lunes, el letrado Antonio Urdiales exigía la citación de Crisóstomo al entender que el departamento dirigido por Marlaska estaba "al tanto" de la llegada del líder polisario a territorio español. "Salvo que la presencia de Ghali en Logroño, el 18 de abril de 2021, no le hubiera sido puesta de manifiesto a la Policía Nacional por un acto de revelación extrasensorial, lo lógico y normal es que el Ministerio del Interior estuviera al tanto de la operación", aseguraba.
Urdiales sostenía la pertinencia de que se citase a la jefa de Gabinete del ministro del Interior "habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Ghali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales".
La investigación del juez se encamina, por tanto, a dilucidar si la decisión fue tomada directamente por la ministra Laya o, como declaró su jefe de Gabinete, la orden podía provenir de más arriba: "Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El Gobierno no es un reino de taifas".