La crisis de refugiados a la que, tarde o temprano, está abocada Europa ante la situación en Afganistán, que recuerda a la vivida hace años como fruto de la guerra de Siria, vuelve a plantear un conflicto político entre partidarios y detractores de la acogida de los refugiados.
Más aún en España, tras la irrupción de Vox hace tres años, una formación que, según proclamaba en un hilo en Twitter su líder, Santiago Abascal, se opone tajantemente a que nuestro país o cualquiera de sus socios de la Unión Europa (UE) reciban a quienes ahora huyen del avance de los talibanes.
Para Abascal, "los afganos que huyen del terror talibán deben ser acogidos en los países musulmanes limítrofes. Aunque el consenso de los políticos progres pretenderá ahora que sean los europeos los que sufran las consecuencias de sus errores y de sus traiciones". En su opinión, lo ocurrido estos días tras la toma de Kabul "es una terrible derrota de Biden [Joe], de la ONU y la UE. Y otro triunfo de China, que se convertirá en socio de los talibanes" concluía.
La, a juicio del presidente de Vox, indeseable compañía de quienes, como afirma su mensaje en la red social, huyen precisamente del terrorismo, no lo es tal para el Gobierno de España ni para comunidades autónomas y ayuntamientos de distintos colores políticos.
Desde el Gobierno independentista de Cataluña hasta los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page, pasando por el Ayuntamiento de Madrid -gobernado por una coalición de PP y Ciudadanos que cuenta con el respaldo de Vox, que permitió investir como alcalde a José Luis Martínez-Almeida- han mostrado tanto su disposición a acoger refugiados como la capacidad concreta que tienen en sus centros.
El consistorio madrileño, como explicaba la vicealcaldesa Begoña Villacís, pone a disposición del ministerio de Asuntos Exteriores el Centro Las Caracolas, en Vallecas, que podría acoger hasta cien personas, mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrecía alojamiento para cincuenta personas y pedía al Gobierno central un "corredor humanitario" con Afganistán.
Las mujeres
Otros dirigentes, en este caso autonómicos, como Page se han dirigido por carta a Pedro Sánchez para mostrarle la disponibilidad de su autonomía. Todos subrayan la dramática situación en la que se encuentran quienes huyen del país tras la derrota de EEUU, especialmente, subrayan, las mujeres que veinte años después de la primera intervención norteamericana se ven abocadas de nuevo a vivir bajo el terror fundamentalista de los talinabes, que ya dominaron el país entre 1996 y 2001, antes del 11-S.
La consejera de Asuntos Sociales de Aragón, Mariví Broto, afirmaba que "asusta pensar que en las universidades afganas tenían un 60% de mujeres de ese país que hoy ya no pueden ir a un centro universitario" ponía como ejemplo. De manera muy similar se manifestaba el Gobierno vasco del nacionalista Íñigo Urkullu, el navarro de la socialista María Chivite o el castellano y leonés de Alfonso Fernández Mañueco, entre otros.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que la acogida de los refugiados afganos es una cuestión de "dignidad" al tiempo que agradecía "la solidaridad de comunidades autónomas y ayuntamientos al ofrecer recursos que complementen nuestro sistema de acogida".
En la misma línea se manifestaba el titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien además de agradecer el apoyo de las administraciones regionales y locales afirmaba que "España reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres afganas". Albares daba también las "gracias por su solidaridad a las comunidades autónomas y ayuntamientos que ya se están ofreciendo a acoger refugiadas y refugiados".