El Consejo de Ministros aprobará este martes el Real Decreto (RD) que regula la creación de universidades en España. Un complejo documento legislativo con la firma de Manuel Castells y por el cual, según estudios independientes, se hace una zancadilla a los centros privados: obligará a cerrar uno de cada tres.

El principal objetivo del Gobierno de España con este RD es poner una serie de requisitos mínimos para asegurar la viabilidad y la "calidad" de los centros educativos públicos y privados.

De esta forma, el RD regula otorgar la categoría de centro universitario dependiendo del número de grados vigentes, la cantidad de trabajos de investigación realizados en la institución, las características del profesorado (temporalidad u horas trabajadas) o, incluso, la calidad de las instalaciones.

Uno de los puntos más controvertidos durante su redacción ha sido el de exigir que la universidad ofrezca titulaciones en al menos 3 de las 5 ramas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).  La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tachó este requisito de excesivo hace apenas un mes.

En un informe publicado el 8 de julio, la CNMC afirmaba que la necesidad de ofrecer titulaciones en al menos 3 de las 5 ramas de conocimiento "no está vinculada con una mayor calidad del servicio universitario".

"Tampoco la limitación del peso de los títulos de grado y de la formación permanente. Estos requisitos pueden reducir la capacidad de especialización de los centros universitarios y su capacidad de aprovechamiento de economías de escala en determinados casos", aseguraban desde la CNMC. 

1 de cada 4

Por otro lado, el grupo parlamentario Ciudadanos en la Comisión Europea se dirigió en marzo a instancias al Parlamento al considerar que este real decreto podría abocar al cierre de uno de cada tres centros privados, apoyándose en un estudio elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU).

El eurodiputado José Ramón Bauzá aseguraba que pedir a cada facultad un número mínimo de grados adscritos (10), máster (6) y programas de doctorado (3) puede ser un impedimento para universidades enfocadas a aéreas concretas, como los negocios.

En este sentido, el Observatorio del Sistema Universitario comparó los requisitos vigentes para poner en marcha una universidad con los que propone de Castells. Según esta entidad independiente, sólo 1 de cada 4 universidades (públicas y privadas) analizadas podría pasar el corte de la norma. Si se concretaba en la privada el número se reducía hasta 1 de cada 3.

El informe que lleva por título ¿A qué puede llamarse universidad?, deja latente que la mayoría de las universidades privadas no tiene suficientes programas de doctorado para cumplir las exigencias de Castells.

Lo mismo ocurre con la investigación. En estos momentos no hay ninguna norma que regule este punto, pero el RD de Castells va a exigir un número mínimo de publicaciones y que un 60% de los docentes tengan acreditada su actividad investigadora, al menos una vez (un sexenio). Según el citado informe, eso sólo pasa en una de las 33 universidades privadas analizadas. 

Problemas para la pública

Aunque el impedimento para las privadas sea claro, las exigencias de la norma también dejan latentes las vergüenzas de la educación pública. Sobre todo si hablamos de la temporalidad de sus profesores.

Según un estudio del OSU, los centros públicos superan por seis puntos porcentuales el tope de contratos temporales permitidos según la nueva ley.  

Actualmente, la media de contratos temporales en España está en un 46%, mientras que la norma marca el 40% como tope. Disgregados por tipo de gestión, en los centros públicos la temporalidad se eleva hasta el 47% y en los privados es del 40,3%.

Así, en total hay 45 centros en España (de los 81 analizados por el OSU) que superan el máximo del 40% de temporalidad permitido por la ley. De ellos, 32 son públicos (dos de cada tres centros del Estado) y 13 privados (un 39,4%).

Hasta ahora, este 40% estaba regulado en la privada, pero no se controlaba (de hecho, la media actual de temporalidad es del 46%). Lo que pretende hacer el Gobierno es convertir el techo del 40% en un requisito de obligado cumplimiento. 

Comunidades Autónomas

La norma refuerza el papel de las Comunidades Autónomas a la hora de validar las nuevas universidades. Serán las regiones quiénes tengan que controlar si una universidad cumple o no los requisitos de la nueva ley.

Algo que también cuestiona la CNMC. El organismo independiente recomienda que el Consejo de Universidades participe en el sistema de acreditación institucional de los centros universitarios.

Además, la CNMC considera que "los requisitos de sostenibilidad de las universidades públicas deberían vincularse al cumplimiento de los indicadores de calidad".

Respuesta de Castells

Pese a ello, el ministro de Universidades ha defendido durante el último año su proyecto educativo como una forma de luchar contra las "pseudouniversidades" que, a su juicio, cada vez proliferan más en nuestro país.

Lo cierto es que la exigencia del número mínimo de títulos o de ramas del conocimiento ata de pies y manos a pequeñas universidades que ofrecen un puñado de títulos propios.

"Si son universidades con criterios mínimos de lo que es una Universidad, cuantas más haya, mejor, y que el mercado decida. Ahora, si lo que hay es una proliferación de cualquier tipo de proyecto de negocio que se llama Universidad, eso es un problema", señalaba el ministro en una entrevista para Europa Press.

Castells defiende que el requisito de que una universidad privada tenga seis másteres, 10 títulos de grado y 3 programas de doctorado es "absolutamente mínimo en términos de estándares internacionales".

El ministro sostiene que pretende parar con su RD una "oleada especulativa de fondos de inversión en el mercado de educación superior". Algo que, en su opinión, ocurre actualmente en España y hace de la educación "una mercancía" con el "menor coste y la mayor ganancia posible".

Castells recalca que la norma da un margen de cinco años para que los centros privados y públicos cumplan con sus exigencias. Aun así, los afectados creen que es un tiempo "insuficiente".