Instituciones Penitenciarias ha emitido una circular dirigida a los directores de los centros penitenciarios de toda España en la que se establece un protocolo de actuación tras la aparición de brotes de coronavirus en seis prisiones en esta última semana.

Pese a que la vacunación de la población privada de libertad es superior al 85 por ciento, según fuentes consultadas de toda solvencia, la quinta ola ha irrumpido  con fuerza en varias prisiones. 

En el centro gaditano de Puerto III, un vis a vis entre un familiar contagiado y un interno ha provocado esta semana un brote que afecta a 19 personas de distintos módulos y de un funcionario de Prisiones. Los veinte casos, todos con sintomatología leve al estar vacunados, han supuesto el confinamiento de seis módulos completos, seiscientos internos, desde el jueves.

Otros centros penitenciarios afectados por estos brotes son Madrid II (MECO), Fontcalent (Alicante), con un centenar de presos confinados; Daroca, en Zaragoza; Brians I y II (Barcelona) y Botafuegos, en Algeciras (Cádiz). En esta última hay 36 internos positivos y cuatro funcionarios contagiados, según indica el CSIF.

Vistos los brotes, Prisiones, que depende del Ministerio de Interior, recomienda desde hoy a los directores exigir el certificado de vacunación para docentes, monitores, voluntarios y demás personal externo que quiera acceder a los centros.

Lo recomienda -y lo deja a criterio de la dirección de cada centro- porque Interior "no ha actualizado la normativa" para poder exigir el certificado de vacunación como directriz general, según indican fuentes del CSIF a este periódico.

El protocolo de Instituciones Penitenciarias, al que ha tenido acceso El ESPAÑOL es una guía para prevenir la entrada de la Covid-19 en las prisiones pese a la vacunación. Establece dos categorías de actuaciones sugeridas en función si hay brotes activos o no en el interior de cada centro.

En caso de no haberlos, y si la incidencia acumulada en 14 días en la provincia en la que se ubique el centro penitenciario no se acerca a los 500 casos por cien mil habitantes, se mantendrán las comunicaciones orales con un máximo de dos comunicantes por interno y con aforos reducidos a la mitad.

También se mantendrá la actividad docente, recomendando exigir que “el profesional que acceda acredite estar vacunado”. Esta medida afecta a los monitores de empresas externas, personal de entidades colaboradoras, oenegés y ministros de culto, como sacerdotes. Todos ellos extremarán “las medidas higiénicas”, siendo obligatoria la mascarilla y la correspondiente distancia de seguridad.

Contagios o tasa

En caso de que en el centro penitenciario se registren contagios o que en la provincia en la que se encuentra la prisión tenga una incidencia acumulada que se acerque a los 500 casos por cien mil habitantes, Prisiones recomienda una serie de restricciones.

La inclusión del parámetro de la incidencia provincial se establece “teniendo en cuenta que el momento actual existen casos de Covid (tanto en la población general como en Instituciones Penitenciarias) de personas vacunadas que están infectadas y transmiten la enfermedad”. Este caso afectaría, por ejemplo, a la prisión de Zuera, en Zaragoza, que no tiene contagios pero se ubica en una provincia que supera los 500 casos por cien mil habitantes.

Las medidas a adoptar, en este caso, son mucho más duras, con independencia del nivel de vacunación existente en la prisión. Se recomienda suprimir las comunicaciones especiales y los permisos de salida, independientemente de si el interno está o no vacunado. También se verían afectadas las salidas programadas y las regulares para internos de segundo grado, estén o no vacunados.

De la adopción de todas estas medidas, “se dará cuenta a la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial y a la Subdirección General de Análisis e Inspección y, en su caso cuando proceda, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”.

El sindicato CSIF reclamó el pasado jueves que se revisasen los protocolos, una vez se restablezca la normalidad de modo “que se implanten medidas como la cuarentena obligatoria para los internos que vengan de permiso o tengan contactos con el exterior”, y que se exija “un certificado de vacunación Covid" para aquellas personas que quieran entrar en el recinto penitenciario, como familiares, o personal de organizaciones no gubernamentales, entre otros.