Una incidencia acumulada (IA) de 712 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El diagnóstico de 59.038 positivos. Y la certificación de 304 muertes por Covid-19. Esas han sido las cifras que han llevado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a cerrar los colegios y centros de educación secundaria dentro de las medidas de endurecimiento del confinamiento a las que está sometido a su país.
La decisión choca con la gestión del Gobierno de España. En nuestro país, ni siquiera con datos peores durante la segunda y la tercera olas -en las que se rozó el millar de casos de IA-, el Ejecutivo no se planteó cerrar los colegios.
Medidas de seguridad dentro de las aulas, unos profesores volcados con la presencialidad y el empeño del Gobierno por mantener los centros abiertos (vacunando a docentes como personal prioritario) son algunos de los motivos por los que la decisión de Macron no ha pasado por la cabeza de Pedro Sánchez.
Esta semana, la propia Isabel Celaá se enorgullecía de que en los colegios españoles han mantenido el 99,6% de sus aulas abiertas durante el segundo trimestre. Unos datos similares a los del primero que, según su departamento, muestran el "esfuerzo" de toda la comunidad educativa.
"España es uno de los pocos países que han logrado mantener los colegios abiertos", se enorgullecían en una nota de prensa remitida a los medios, "algo que los organismos internacionales consideran fundamental para luchar contra las desigualdades".
Lo cierto es que los datos facilitados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional avalaban el mensaje. Sólo dos centros escolares de toda España estaban cerrados la pasada semana por motivos relacionados con la pandemia de la Covid-19.
Además, un estudio semanal elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad señala que son pocos los casos de Covid-19 notificados en centros escolares respecto a otras áreas como el entorno laboral, el domicilio o los lugares de ocio.
Concretamente, un 2% de los casos notificados desde el 10 de mayo de 2020 se han diagnosticado en colegios e institutos frente al 5,3% procedentes del entorno laboral.
Protocolos y vacunas
Pero la decisión no sólo se sustenta en datos, también lo hace gracias a las medidas instauradas por los docentes en cada uno de los centros. Un complejo sistema de vigilancia de la Covid-19 con unas medidas de contención del virus coordinadas por el Ministerio de Sanidad.
Ventilación, gel y mascarilla son, en este curso 2020/2021, los aliados de un profesorado que sigue a rajatabla las recomendaciones sanitarias. El Ministerio ha endurecido hasta en dos ocasiones en protocolo de seguridad en los centros educativos.
En la última, incluso se pedía no gritar dentro de las aulas y apostar por realizar actividades al aire libre, entre otras nuevas medidas. Además, se proponía una de las decisiones más polémicas: la ventilación cruzada continua. Es decir, ventanas abiertas todo el día. Una medida que, en pleno invierno, algunos profesores vieron casi "imposible" de implantar.
La importancia que el Gobierno le ha dado a la protección de los menores no sólo se ejemplifica en estos protocolos. También en el rango otorgado a los docentes. Cuando el Ministerio de Sanidad decidió crear grupos de vacunación prioritaria (es decir, vacunar primero a los más "esenciales") se pensó en ellos.
Los profesores, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal sanitario, han sido los primeros en ser inmunizados. Sin importar si estaban de prácticas, no tenían una jornada completa o realizaban labores de administración. Todos ellos están siendo llamados a vacunarse con el preparado de AstraZeneca, en lo que se ha conocido como "vacunódromos" o centros de vacunación masiva.
Educación presencial
Los profesores han sido un colectivo que siempre se ha posicionado en favor de la presencialidad. Sólo una vez han pedido atrasar la asistencia a las aulas en el curso 2020/2021, y fue tras el final de las vacaciones de Navidad. Un posible contacto "en exceso" entre menores y el temporal Filomena (que, sobre todo en la zona centro, hacía casi imposible ventilar las aulas) se postularon como las razones para atrasar la vuelta al cole tras las navidades.
Pero esto sólo se materializó en algunos puntos de la península más afectados por las nieves (como Madrid o Castilla-La Mancha) o en regiones donde la incidencia acumulada del coronavirus era muy alta, como Extremadura.
La incidencia acumulada no ha sido una herramienta usada por profesorados o instituciones para paralizar la educación presencial. De hecho, en estos momentos la IA de Francia a 14 días es de 712 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra es muy elevada con respecto a España (que en estos momentos es de 154) pero nuestro país llegó a rozar los 1.000 casos de IA y nunca se planteó cerrar las aulas.
De hecho, y aunque se trate de un área educativa superior, las Universidades de toda España celebraron exámenes presenciales en mitad de la tercera ola, con casi 800 fallecidos diarios. Los propios estudiantes solicitaron su paralización, pero los rectores se opusieron.
Otro ejemplo que pone de manifiesto que no hay una intención del Gobierno por cerrar los centros escolares es el protocolo de actuaciones que ha pactado el Ministerio de Sanidad y las diferentes regiones.
En el documento por el que se establece qué limitar cuando suben los casos o se saturan las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), nunca se plantea cerrar los centros escolares. Algo que sí ocurriría con los teatros, bares, gimnasios, bibliotecas u otros centros en los que se concentran un gran número de personas.
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