Una baronesa socialista ha dado a Pablo Iglesias el mayor aliento a sus reivindicaciones dentro del Gobierno de coalición con el PSOE que cabría imaginar, incluso para él mismo.
El líder de Podemos no puede estar más satisfecho con el plan adoptado esta semana por el Ejecutivo de las islas Baleares -presidido por la socialista Francina Armengol y en el que también participa el partido morado- de que expropiará 56 viviendas de "grandes tenedores" para dedicarlas a alquiler asequible, compensando a los propietarios con precios muy por debajo del mercado. En concreto, una rebaja del 40% para los próximos siete años.
La iniciativa del Gobierno insular se sitúa claramente en la línea de las medidas que el vicepresidente segundo aspira a introducir en la futura Ley de Vivienda, que desde hace meses negocia con el ministro del ramo, José Luis Ábalos. Armengol propicia así que Podemos radicalice su postura y que el Ejecutivo central se divida aún más.
Todo ello coincidiendo con el tramo final de la negociación de una norma en la que también se discuten los desahucios con alternativa habitacional y que en principio tendría que haber llegado al Consejo de Ministros, tal y como anunció el propio Gobierno, el pasado mes de febrero.
"Herencia del bipartidismo"
Prueba del envalentonamiento podemita la daba este viernes, en una entrevista en Televisión Española, la número dos de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda y de Derechos Sociales, Ione Belarra.
La presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol.
La secretaria de Estado de Agenda 2030 arremetía contra el PSOE, al que culpaba de tener una "herencia del bipartidismo muy grave" según la cuál, argumentaba, "se decía una cosa en campaña y otra cuando se llegaba al Gobierno, y yo creo que nuestro país ya no tolera más ese tipo de actitudes". Pese a ello, Belarra aseguraba no contemplar "que no haya un acuerdo".
La secretaria de Estado se remitía, como ha hecho reiteradamente el vicepresidente en las últimas semanas, al acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos.
Ione Belarra, con Iglesias y Alberto Garzón.
Un texto rubricado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias después de las elecciones de noviembre de 2019 en el que no se habla expresamente de expropiación. Sí, en cambio, de estudiar medidas "fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables".
Zonas tensionadas
El plan balear se aplica, además, en uno de los lugares de España, junto a Madrid y Barcelona, en el que los precios del alquiler más han aumentado en los últimos años. Es decir, en una de las zonas "tensionadas" según la definición del propio acuerdo de PSOE y Podemos. Una subida que alienta reivindicaciones del control de precios como las que siempre ha defendido Podemos y que logró introducir, parcialmente al menos, en el acuerdo de marras.
En el cuartel general de la vicepresidencia segunda no caben en sí de gozo, un sentimiento inversamente proporcional al que anida en el ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, que tiene Vivienda entre sus competencias. El equipo de Ábalos tiene ahora más difícil embridar las reivindicaciones podemitas, al haber adoptado una socialista como Armengol otras similares.
Ambas partes se reunieron de nuevo este jueves y los socialistas tuvieron ocasión de plantearles a los morados los peligros de una regulación excesiva de los alquileres. Consideran que podría llevar aparejadas consecuencias como las que durante el franquismo tuvieron los pisos de renta antigua.
Un sistema que no solo afectó gravemente al mercado, sino también a las condiciones de los propios edificios, abandonados a su suerte por unos propietarios sin incentivos para reformar sus propiedades, dada la expropiación de facto que suponía la renta antigua. En ocasiones, además, se podía herederar de padres a hijos, como contemplaba la Ley de Arrendamientos Urbanos de la dictadura.
El Gobierno está ya fuera de tiempo para aplicar la norma sobre Vivienda, e Iglesias ha ganado bazas negociadoras. Y todo gracias a una dirigente del PSOE.