El Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en tiempo récord para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras el órgano esté en funciones. La Mesa del Congreso dio el visto bueno este miércoles a que se modifique la ley que regula al tercer poder del Estado por la vía de urgencia y se ha opuesto a que el sector afectado participe en la reforma.
Fuentes del Grupo Parlamentario explican a EL ESPAÑOL que, antes de intentar invalidar la proposición con un texto alternativo, van a presentar a un escrito de reconsideración ante la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, porque creen que la urgencia no está justificada.
Tras el visto bueno de la Junta de Portavoces, el órgano rector del Parlamento se verá obligado a evaluar de nuevo si permite que participen en el debate legislativo el Consejo General del Poder Judicial y distintos agentes del sector, como las asociaciones de jueces y fiscales. Para solicitar su reconsideración a la Cámara, el PP se basará en la sugerencia hecha por el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, que recomendaba que todos los miembros del sector participen en cambios legislativos de esta envergadura.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, expresó su malestar por la fórmula que el bloque de izquierdas sacó adelante gracias a la mayoría con la que cuenta en el órgano legislativo que decide cómo se tramita una ley. "La única urgencia son las prisas de los partidos que gobiernan por controlar el poder judicial. Esta reforma debe abordarse con garantías de no intromisión de otros poderes", subrayó.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también se quejó de que no se habilite el Congreso para "trabajar medidas en contra de la pandemia, acelerar la vacunación o bajar la factura de la luz pero sí para acelerar su contrarreforma del CGPJ. Es vergonzoso".
Primer debate
Si la Mesa -con mayoría de izquierdas- vuelve a declinar que el sector participe en el trámite parlamentario, el Partido Popular presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo, una propuesta que se debatiría en primer lugar en el Congreso. Los conservadores son conscientes de que es una utopía que la enmienda prospere, pero al menos consiguen ganar tiempo, que se dilaten los plazos de tramitación y que la contrarreforma entre en vigor más tarde.
El pleno que fijaría la presidenta para su debate no se celebrará antes de febrero, ya que enero es un mes inhábil en el Parlamento. Para debatirlo entre periodo de sesiones, Batet tendría que convocar a la Diputación Permanente. No obstante, la Mesa ha abierto este miércoles un plazo de ocho días para que los grupos parlamentarios presenten las enmiendas que consideren oportunas a una iniciativa que cuenta con el rechazo del propio Consejo que se pretende reformar.
Polémica
El PSOE y Unidas Podemos, los partidos autores de la proposición de ley, presentaron la iniciativa a principios de diciembre en el registro del Congreso de los Diputados para presionar al Partido Popular y conseguir que se abriera a negociar una renovación pendiente desde hace dos años.
Los dos partidos que conforman el Gobierno buscan limitar las funciones del CGPJ cuando se encuentre en funciones, como está ahora. La Constitución obliga a un amplísimo consenso para abordar nombramientos: tres quintos de ambas Cámaras deben dar su visto bueno. En concreto, el relevo en el órgano de los jueces debe ser aprobado por 210 diputados y, en una votación posterior, por 159 senadores.
Los dos partidos que conforman el Gobierno necesitarían obligatoriamente al Partido Popular en la ecuación para cambiar a los miembros que hoy se sientan en el CGPJ. Sin embargo, los conservadores mantienen inquebrantables sus líneas rojas para sentarse a hablar de cambios: que Unidas Podemos quede fuera de la negociación y que sean los jueces los que elijan a los jueces.