Unidas Podemos vuelve a actuar parlamentariamente al margen del PSOE, con el que firmó un protocolo de colaboración al inicio de la legislatura, en consonancia con el acuerdo de coalición de Gobierno.

Los de Pablo Iglesias, coincidiendo este jueves con las horas finales del trámite de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, sumaban de nuevo fuerzas con los separatistas, en este caso con una Proposición no de Ley (PNL) que pide acabar con la "imposición legal exclusiva" del castellano en España.

Así consta en el texto de la iniciativa, que pretende instaurar el uso de las lenguas cooficiales tanto en el Congreso como en los altos tribunales, Supremo y Constitucional, como en la Audiencia Nacional y en Radio Televisión Española (RTVE). Igualmente, considera que la supuesta imposición de la lengua común de los españoles estaría “afectando de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado”.

Fronteras lingüísticas 

Además, Podemos suscribe las tradicionales pretensiones expansionistas que con respecto a la lengua tienen los nacionalistas, con el objetivo de que el catalán o el euskera, por ejemplo, sean oficiales no solo en el País Vasco y Cataluña, sino más allá de sus fronteras autonómicas.  

De aprobarse la resolución que promueve la formación morada junto a ERC, Bildu o PNV, entre otros, y que también firma el diputado de Más País, Íñigo Errejón, la Cámara Baja solicitaría “impulsar y apoyar reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o la totalidad del territorio donde se hablan”.

En la misma línea, otro de los puntos de la iniciativa parlamentaria aboga por la firma de "acuerdos para la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de esos espacios lingüíticos". Traducido: que por ejemplo TV3 se pueda ver fuera de Cataluña, otra de las viejas reivindicaciones nacionalistas.  

En la exposición de motivos de la PNL, que avala Podemos y sobre la que el PSOE se tendrá que pronunciar cuando se debata en el pleno parlamentario, se acusa al "Estado español" de haber discriminado a los hablantes de las lenguas cooficiales y por ello se le pide que genere "políticas activas de recuperación de su dignidad y autoestima que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos".