La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha hecho pública una auditoría sobre las residencias de mayores en la autonomía que desmonta el discurso de Mónica Oltra contra la gestión privada de estos centros. La dirigente, que ha protagonizado numerosos enfrentamientos con las empresas privadas desde que asumió las competencias de Igualdad y Políticas Inclusivas en 2015, recibe ahora un severo correctivo por parte de la prestigiosa institución estatutaria valenciana.
El documento, que analiza en 137 páginas los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2018, concluye que los centros privados que brindan plazas concertadas a la Generalitat Valenciana cuestan al día 52,5 euros por usuario, con un indicador de calidad de 8,3 puntos. Por contra, la plaza en una residencia pública gestionada de forma directa por la administración tiene un coste medio de 78,5 euros (un 49,52% más caras) y obtiene una nota de 4,7 puntos.
A su vez, la auditoría de la Sindicatura de Comptes analiza el modelo intermedio: el de las residencias públicas gestionadas por empresas privadas. En este caso el coste es de 58 euros por plaza al día, de modo que la oferta 100% pública también es un 35% más cara. Por lo que respecta al indicador que mide el “grado de elaboración de normas tendentes a la mejora en la calidad de la gestión y los servicios”, estos centros concertados son los que obtienen la nota más alta, con un un 9,1.
La auditoría de la Sindicatura ahonda en multitud de aspectos en los que también sale mejor parada la gestión privada, tales como el grado de participación de la persona residente en las decisiones que le afectan (con un 55,6% en las públicas y un 85,4% en las privadas) o las encuestas de satisfacción, que se realizan en el 96,6% de los centros privados frente al 44,4% de los públicos).
En materia de formación de los profesionales, los centros públicos con un plan anual de formación son el 77,8% frente al 100% de los de gestión indirecta o privada. En la misma línea, el 62,5% de los centros públicos ha brindado al menos un curso de formación al 75% de sus trabajadores en el último año, una cuota que asciende al 100% en el caso de los centros de gestión indirecta y al 91% de los centros privados.
Otro dato muy llamativo que arroja la Sindicatura es el grado de absentismo laboral en función del tipo de residencia. En los centros públicos este indicador se sitúa en un 16,7 frente al 9,2 de los de gestión indirecta y al 5,9 de las residencias privadas (donde es casi tres veces inferior al de las públicas).
Sus argumentos
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, preguntada al respecto, se aferra a los aspectos del informe en los que el servicio público sí presenta mejores cifras que el concertado o privado. Sobre el mayor coste de la plaza en las residencias públicas, replican que se debe a que estos centros cuentan con más personal, más servicios como fisioterapia (con 7,8 horas por residente frente a las 5,5 de la privada) o que tienen más metros cuadrados para los dependientes (9,6 metros por usuario en la pública frente a los 5 de la privada).
Además, subrayan que el análisis de la Sindicatura de Comptes tan solo abarca el periodo 2016-2018. “Es un informe de mitad de la legislatura pasada, con los cambios sociales comenzando a ponerse en marcha”, explican. Es decir: achacan los malos resultados de sus tres primeros años completos a la herencia recibida del PP y confían en que la próxima auditoría refleje una remontada en sus cifras a partir de 2019.
Mujer dependiente. EE
A su vez, el departamento de Mónica Oltra hace suyas la reivindicaciones de la Sindicatura de que transcurren 283 días de media hasta obtener una plaza en centros de dependencia y que un presupuesto extra de 52 millones de euros acabaría con esta lista de espera. “Hemos sacado a concurso 3.300 plazas más otras 1.500. Pero con todo lo que se ha hecho aún hace falta más”, recalcan a modo de crítica contra el sistema heredado del PP y contra la infrafinanciación de la autonomía con el actual modelo estatal, caducado desde 2014.
Por contra, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), considera que “la Sindicatura ha ratificado que la colaboración público-privada en el sector de los servicios sociales permite dar un mejor servicio al ciudadano y además atender a muchas más personas”.
“Cuestiones ideológicas”
“La función social de las empresas y su aportación de valor público ha quedado demostrada fehacientemente. Si la Consellería quiere seguir apostando por el modelo de gestión pública, mucho menos social a la vista del informe, tendrá que justificar porqué. Ya sólo puede responder a cuestiones ideológicas basadas en prejuicios o percepciones subjetivas pero no en datos objetivos”, afirmó su presidente, José María Toro.
“Con la gestión privada de centros públicos se podría atender a 150 personas más por cada millón de euros de presupuesto de la Consellería y 210 personas más si fueran derivadas a centros privados con plazas concertadas. Es la prueba definitiva de la capacidad de atender a más gente con los mismos recursos, del valor que aporta el sector privado”, estimó Toro a partir de las cifras de coste ofrecidas por la Sindicatura.
Sobre el coste por plaza de un 49,52% más en las públicas, el presidente de la patronal de las residencias destacó que “aunque los salarios en el sector público son más altos que en el privado, en ningún caso suponen un 50% más, por lo que ese sobrecoste no corresponde a las diferencias salariales”. “Además en el precio recogido para la gestión pública habría que añadir las inversiones que se hagan en los centros, tanto de puesta en marcha como de mantenimiento o mejoras que no se han incluido, que sí que están recogidas en los precios de plazas concertadas por lo que la diferencia sería aún mayor”, agregó.
Los choques
Desde la llegada de Mónica Oltra a la consejería no han sido pocas las ocasiones en las que la líder de Compromís ha infravalorado la gestión concertada o privada frente al modelo público. El mayor exponente fue la reversión de la residencia de Albocàsser en 2018, que fue asumida por la administración valenciana.
En la misma línea, el departamento pretende la reversión de dos módulos de la residencia de Bétera y la de la residencia DomusVi de Alcoy, que sufrió una alta mortalidad durante la pandemia. La misma empresa gestiona otra residencia en Llíria, de la que circularon imágenes sobre el abandono de un interno.
Desde Aerte consideran que Oltra aplica una doble vara de medir en función de la propiedad de la residencia, y citan también como ejemplo la investigación anunciada en la residencia de Torrent. Por contra, consideran que la líder de Compromís ha sido menos contundente ante los casos registrados en residencias públicas como la de Alzira. También con de la de Carlet, de la que también trascendieron imágenes sobre el abandono de un dependiente.