El relato de Los papeles de Bárcenas y la Operación Kitchen colocan al Ejecutivo de Mariano Rajoy en el espejo del felipismo. El uso descontrolado de los fondos reservados por el Gobierno del PP arroja, según puede comprobarse en el sumario, diálogos, prácticas y situaciones similares a las del socialismo de los noventa.
La presunta guerra sucia de la era Rajoy -el uso de las fuerzas policiales para colmar las ansias partidistas y de poder- adquiere cada vez más paralelismos con los últimos mandatos de Felipe González, bien es cierto que los GAL están a años luz de los sucedido en las cloacas populares.
Si las imputaciones actúan en efecto dominó y el cerco se sigue estrechando sobre Rajoy, el último presidente de la Democracia podría seguir los pasos de González, que marcó un hito judicial con su declaración en el Tribunal Supremo.
Aunque es Rajoy quien -por motivos cronológicos- sigue la estela de González, el líder del PP batió una marca desconocida para el otrora secretario general del PSOE: declaró ante la Justicia en 2017 por el juicio a la primera etapa de la trama Gürtel.
En el relato que sigue, quedan de manifiesto las distintas acciones -el principio y final- comandadas por el Gobierno de Rajoy en relación al espionaje y el presunto uso espurio de los fondos reservados.
Así empezó todo
Un archivo de Excel fue el que terminó de destapar la caja de Pandora. Ocurrió cuando los investigadores registraron la segunda de las casas de José Manuel Villarejo en Boadilla del Monte a finales de 2017. En la primera de las viviendas que poseía el policía en este municipio, había 41 pendrives y tres discos duros externos. En la segunda, aparecieron otros cuatro lápices de memoria y tres discos más.
En aquella marabunta de documentación, los investigadores de Asuntos Internos encontraron la prueba de lo que el excomisario sostenía en algunas de las grabaciones que se le incautaron: los documentos que acreditaban los pagos efectuados al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, alias 'El Cocinero', a cambio de espiar al extesorero del Partido Popular, a su mujer y a su entorno para lograr acceder a los lugares que frecuentaban habitualmente, para localizar y apoderarse de información que pudiera comprometer al partido.
Uno de los pagos con cheque de los fondos reservados al chófer de Bárcenas.
Los documentos se hallaban en una subcarpeta denominada "Chef". En ella figuraban 21 archivos con apuntes de los pagos mensuales que se le efectuaron al conductor entre julio de 2013 y abril de 2015 por sus tareas como topo y agente doble, recabando información del entorno del ex responsable del dinero del PP.
En esa misma carpeta apareció otro documento, un modelo para pago de servicios a través de los fondos reservados del Ministerio del Interior. A cambio de sus servicios, Villarejo le proporcionó una suma de 2.000 euros al mes. El chófer, en cada ocasión, lo formalizaba rubricando con su firma los recibos.
El levantamiento del secreto de sumario de la Operación Kitchen ha dejado en evidencia, a ojos del juez Manuel García-Castellón, un sofisticado dispositivo "parapolicial" dedicado a obtener, según el auto del magistrado, la "información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental comprometedor para altos dirigentes del Partido Popular, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial".
Por el momento, Anticorrupción ya ha exigido la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. También Mariano Rajoy aparece en la diana del caso, puesto que un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional apunta a que el expresidente del Gobierno, estaba al tanto de las labores de espionaje.
Sin embargo, la envergadura y la presunta gravedad del caso crecen al añadir el elemento del aparente descontrol que existía en la época de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio del Interior con respecto al manejo de los fondos reservados. Kitchen, dice la Fiscalía Anticorrupción, es más que el espionaje al extesorero.
En el escrito que los fiscales presentaron esta semana se incluían las palabras de la persona encargada en esa época de administrar esa partida presupuestaria para la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el órgano policial situado en el ojo del huracán de la trama.
Las declaraciones de Miguel Ángel Bayo como gestor de los fondos para la cúpula policial pusieron de manifiesto, para la Fiscalía Anticorrupción, "disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales".
El espejo del felipismo
Villarejo y García Castaño captaron al chófer del matrimonio Bárcenas para que les ayudara a conseguir la información que pudiera comprometer al PP. El sumario contiene centenares de recibís firmados por Sergio Ríos, a razón de 2.000 euros mensuales en 25 pagos diferentes.
Fernández Díaz con el ex Nº 2 de la Policía, Eugenio Pino, ambos implicados en la trama.
El dinero provenía de los fondos reservados. Además, Ríos fue agasajado con otros 2.574,53 en comidas y aperitivos en algunos de los establecimientos más caros de Madrid. Todo ello cargado a esa partida presupuestaria secreta de Interior, tal y como demuestran los documentos del caso.
Durante toda la democracia, los fondos reservados han sido muchas veces sinónimo de escándalo de corrupción. Siempre han estado bajo sospecha en gobiernos de distinto signo. Sin ir más lejos, uno de los más sonados fue el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, quien fue condenado por malversar fondos reservados de Interior. Roldán, según la sentencia del Tribunal Supremo se llevó 435 millones de pesetas (2.620.412,78 euros) de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones ilegales.
En la historia judicial española hay más precedentes por condenas en el uso de fondos reservados. En 2004 el Supremo confirmó la condena para Rafael Vera, exsecretario de Estado de Seguridad, y para varios de sus colaboradores por detraer hasta 3,8 millones de euros de fondos reservados para su uso personal.
La polémica vuelve a rodear esta enigmática partida presupuestaria por el manejo que se ha realizado de la misma en los últimos años. A lo largo de estos meses, las indagaciones realizadas en la Audiencia Nacional con respecto a Kitchen -la séptima pieza de la operación Tándem- han permitido conocer al magistrado Manuel García-Castellón el funcionamiento de los engranajes de Interior, así como los de las normas que rigen la gestión de los fondos reservados.
Entre los documentos del sumario hay facturas de elevado importe que reflejan el descontrol de gastos perpetrado por los miembros del clan del Villarejo. Algunas de las cuentas pertenecen a lujosos almuerzos en algunos de los restaurantes favoritos de Villarejo, como el establecimiento Rianxo, donde el comisario grabó, entre otros, los encuentros que mantuvo con Dolores Delgado, actual fiscal general.
Otro de los gastos cuya factura pasaron a Interior asciende, por ejemplo, a 207 euros. Igual que todas las particulares nóminas del agente doble que era Sergio Ríos, el chófer, infiltrado como topo entre los Bárcenas.
La gestión de los fondos
La norma actual con la que se gestiona esta partida la estableció el ejecutivo de Felipe González en 1995, un año antes de perder la presidencia del Gobierno. Como se trata de una reglamentación confidencial, el juez tuvo que pedir al actual Gobierno que lo desclasificase. En el sumario al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL aparece la orden aprobada el año pasado, firmada por el actual titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Consejo de Ministros, con su autorización oficial, logró levantar el velo de la Ley de Secretos Oficiales.
Al desclasificar esta documentación el juez ha podido conocer cómo se justifican las partidas de gastos de estos fondos. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado. Cada partida es preparada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que en las fechas investigadas estaba ocupada por el popular Francisco Martínez, ahora imputado en la causa.
El topo de Villarejo cargaba al estado las facturas de las suculentas comidas que degustó durante el espionaje.
Sin embargo, hacen falta dos firmas mancomunadas para que el dinero se entregue a los agentes encargados de repartirlo. Interior no es el único ministerio que disfruta de este tipo de fondos, empleados también por Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así, los fondos reservados se controlan con una doble contabilidad.
Por un lado está registrada la entidad, cuerpo o departamento que lo solicita, y por otro, hay una segunda línea que aglutina los fondos reservados que se asignan a cada una de las investigaciones en curso, independientemente de quién lo solicite.
La legislación vigente prevé el uso de fondos reservados para el pago de confidentes, el mantenimiento de agentes encubiertos y cualquier otro tipo de gasto que requiera de una especial protección o sigilo en las operaciones en curso. Sin embargo, no contempla en modo alguno el uso de este tipo de fondos para abonar o gratificar el trabajo de los agentes, que ya tienen su propio sueldo procedente del Estado.
La decisión de levantar el secreto sobre la gestión de los fondos fue vista con recelo por alguno de los más relevantes personajes en la trama. El sumario revela que el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez, dejó escrito en una de las notas de su teléfono móvil que la decisión de Marlaska de levantar el secreto para el juez sobre esas partidas presupuestarias le servían al ministro para "impresionar a su actual jefe y demostrar que tiene el pedigrí socialista que durante años negó".