Ramón, Mariano y los pioneros de las querellas contra Sánchez y Simón por homicidas del Covid

Cuenta Ramón Prados que cuando le notificaron la muerte de su tío Javier, lo primero que le salió del alma fue salir al balcón y gritar “asesinos” y otras cosas que no se pueden reproducir aquí. “Eran más de las doce de la noche, me imagino que los vecinos se asustarían”, cuenta este madrileño de 44 años residente en Elche. Él es uno de los muchos españoles que, de algún modo, van a intentar llevar a la administración pública ante los tribunales por su gestión de la pandemia.

Ramón se adhiere a una denuncia conjunta que ha preparado una plataforma de afectados, pero hay otros particulares que van por libre. Es el caso de José, un motorista de Barcelona que, justo antes de morir, presentó una denuncia contra Fernando Simón por homicidio imprudente y le dio vía libre a sus hijos para que tirasen adelante el tema. Hay otras denuncias en solitario de gente que, como el abogado valenciano Mariano Lorente, no han padecido ninguna muerte durante esta pandemia, pero “por responsabilidad” fue el primero en presentar una denuncia de estas características en España.

La desescalada del confinamiento vendrá acompañada de la escalada en los tribunales. Se viene aluvión de demandas contra el gobierno, contra las comunidades autónomas y contra todo lo que haya tenido cierto rango de autoridad durante la pandemia del Covid-19. EL ESPAÑOL ha hablado con las personas que han iniciado sus respectivas cruzadas para pedirle responsabilidades por la gestión del coronavirus y analiza con expertos qué recorrido pueden tener este tipo de demandas. Si son un brindis al sol o si pueden poner en jaque a la las superestructuras de este país.

“Yo creí a Fernando Simón”

“Lo que más cara de tonto me deja es que yo era de los que me creía a Fernando Simón”, recuerda sin esconder su indignación Ramón Prados, un gestor de telecomunicaciones ahora en paro, como gran parte de los españoles. Su tío Javier, de 81 años y residente en Madrid, ha muerto durante la pandemia: “Sabíamos todos la edad que tenía y que se podía ir en cualquier momento. Pero yo lo estuve viendo hace no mucho y estaba fenomenal. Con sus achaques, pero lo vi muy bien”.

Javier, exdirectivo de IBM, residía en Pinar de Chamartín y fue varias veces al centro médico porque no podía respirar. Todas ellas lo mandaron para su casa. Se fue por su cuenta al Hospital de San Rafael, conduciendo en su coche y de allí no salió. Falleció el 2 de abril.“Y esto se va a volver a repetir en invierno. Si esta es la gestión que vamos a tener, volveremos a caer. Yo temo por mi familia”, confiesa. La indignación de la familia Prados fue en aumento tras el fallecimiento de Javier porque él residía con su esposa, de 80 años. “Les prometieron que vendrían a desinfectar la casa y a hacerle las pruebas a mi tía. Ella es perfil de riesgo clarísimo, octogenaria y habiendo estado conviviendo con una persona que ha muerto de coronavirus. Eso se lo prometieron a principios de abril, y por allí todavía no ha pasado nadie. Puede estar infectada, o no, o no sabemos nada”.

Tras aquello, Ramón conoció a una plataforma de afectados por el Covid-19 que planeaba denunciar al gobierno y se entregó a la causa. Una iniciativa liderada por el polémico abogado Víctor Valladares, que ha presentado dos denuncias por prevaricación. Ramón entrega a esta plataforma todas las pruebas que llegan a sus manos. “¿De quién creo que es la culpa? Yo no tengo color político, ningún partido me representa. Pero creo que la responsabilidad última es del gobierno de Pedro Sánchez, que tenía información clave antes de decretar el estado de alarma, que tenemos pruebas, pero no la aplicó. Tenía la información”.

2 metros de distancia

Será una de las principales bazas de este tipo de demandas. Que se sabía lo que podía pasar y lo que había que hacer, pero no se tuvo en cuenta. Las pruebas, según los denunciantes, se acumulan. Y son públicas. Por ejemplo, un documento del Ministerio de Sanidad firmado por el propio Fernando Simón y el resto del equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Era un resumen de situación y estaba fechado el 6 de marzo. Esos días, el gobierno autorizó (e incluso alentó) concentraciones masivas, como competiciones deportivas, conciertos o las manifestaciones feministas del 8-M. Pero dos días antes, el citado documento publicado en EL ESPAÑOL decía lo siguiente acerca, por ejemplo, de la distancia de seguridad:

“La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos”.

Advirtieron de que el virus era capaz de transmitirse a 2 metros de distancia, pero se permitieron los actos multitudinarios sin ningún tipo de separación ni medidas de seguridad, además de un elevado tiempo de permanencia y exposición. Es una contradicción, una incongruencia. Una de muchas, a las que se aferrarán las personas que pretenden que los responsables directos asuman las consecuencias de su gestión, como el abogado valenciano Mariano Lorente, que ha sido el pionero en presentar una demanda de estas características.

El abogado pionero

“El día 8 de marzo, el gobierno lo sabía todo perfectamente, pero yo estuve en una mascletá en Valencia, comiendo con mi familia en un restaurante y luego todos juntos en el partido del Levante, que por cierto ganó. Me recuerdo a mí mismo discutiendo con mi mujer, que ella era más cauta y no se fiaba. Pero yo, confiando en el gobierno, le protestaba y le pedía que por favor no exagerase”, recuerda este letrado, que ha sido el primero en presentar una denuncia que ya se haya admitido a trámite. Por los presuntos delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y homicidio imprudente. Este último, el mismo que pide el motorista de Barcelona ya fallecido por Covid-19 que interpuso una denuncia contra Fernando Simón. En el caso del abogado valenciano, es contra Ximo Puig y los responsables de la gestión en la Comunidad Valenciana.

“¿Qué medidas tomó el gobierno, sabiendo todo lo que sabía? Teniendo la experiencia de China, sus advertencias, los informes de la OMS… y ¿permitió concentraciones sin ningún tipo de restricción? ¿Me dejó salir, poniendo en peligro a mis hijas, a mi familia?”, clama indignado Lorente, que hace especial hincapié en que, a primero de marzo, “a pesar del estado en que nos encontrábamos, a pesar de las advertencias internacionales y europeas y a pesar del precedente de China e Italia, ninguno de nuestros responsables políticos, en el ámbito de sus respectivas competencias, canceló ni uno solo de los actos previstos ni adoptó medida alguna que evitara las aglomeraciones que, evidentemente, suponían un foco masivo de contagio. El evidente riesgo que suponía la celebración de los actos que tuvieron lugar, principalmente el día 8 de marzo, se puso de manifiesto apenas dos días después, llegando incluso a suspenderse todos los restantes actos falleros”

Su extensa denuncia de 29 páginas, “ha sido redactada por todos los efectivos del bufete. Te digo que hay gente de Compromís, del PP, del PSOE y de VOX. Más plural no ha podido ser. Hemos dedicado todo este tiempo de confinamiento a su elaboración, y fue la primer admitida a trámite. Y no hemos querido que se adhiera nadie. Ni partidos políticos, ni particulares, ni nadie que la quiera costear. Es una cosa que llevamos nosotros sin ningún otro interés que el general”. El presunto delito que más llama la atención es el de homicidio imprudente, acción que Lorente justifica en el largo texto, plagado de enlaces, artículos, tablas y acotaciones, porque “en cada una de las situaciones mencionadas a lo largo del presente, el supuesto de hecho es el mismo: la Autoridad competente para suspender o cancelar un acto, evento o festividad en concreto, dentro de su ámbito legal de actuación, omitió dictar la oportuna resolución de suspensión o cancelación y la toma de medidas preventivas para garantizar la salud e integridad de los ciudadanos que, como derecho fundamental, vincula a todos los poderes públicos”.

La realidad de estas denuncias

Pero… ¿qué recorrido tienen estas denuncias? ¿Tienen alguna probabilidad de prosperar? ¿Podrían provocar un colapso en nuestro sistema político y judicial? ¿Se está produciendo este mismo fenómeno en otros países próximos que también estén afectados? EL ESPAÑOL aborda estas cuestiones con el gabinete de abogados Chabaneix, un bufete madrileño que tiene una particularidad: su fundador es francoespañol y uno de los socios es italiano. Por eso están haciendo un seguimiento en detalle de lo que está sucediendo en los tres países mediterráneos, amén de comparar las realidades jurídicas de cada código penal en una circunstancia tan concreta.

“La cuestión de las denuncias es mas compleja de lo que parece. Desde la emoción que están causando las muertes, se están planteando demandas un poco precipitadas a mi entender basadas sobre todo en la comisión de delitos de homicidio imprudente. Supongo que las denuncias se admitirán a trámite sin problema en su mayoría, pero ya su recorrido dependerá del juez que se ocupe de esta denuncia. Para simplificar esta cuestión, podríamos decir que hay jueces garantistas, que aplican la norma siempre al pie de la letra. Estos probablemente las desestimarán, porque necesitan un nexo causal. Es decir, demostrar que alguien que ha acudido a la manifestación se ha infectado ahí y no al día siguiente o el anterior comprando el pan. Eso es muy difícil, y sin ese nexo causal, el recorrido termina aquí”, explica Luis Chabaneix.

Existe, sin embargo, la posibilidad de que esa denuncia caiga en las manos “de un juez más abierto a interpretaciones, más intuitivo y que sepa ponerse al límite del derecho y darle más potencia a la prueba indiciaria que a ese nexo causal directo. En el caso de las residencias o los sanitarios, por ejemplo, sería más sencillo demostrar que se han contagiado trabajando, así que tampoco todas las denuncias serán iguales en este supuesto. De todos modos, hace falta un juez valiente para que esas denuncias lleguen a buen término”.

Italia, Francia y sus artículos

Aquí en España, estas denuncias discurren por ese camino de la ambigüedad. En Italia y en Francia, sin embargo, también se está produciendo este fenómeno, estas denuncias también se están dando, y sus respectivos códigos penales sí parecen más preparados para afrontar este asunto. Los italianos desde el inicio de la constitución del país. "El artículo 438 de la Constitución se refiere explícitamente a muertes causadas por pandemias. Un título que incluso está escrito en lenguaje antiguo y que se refiere incluso a la pena de muerte, que ya está abolida”:

Nuestros vecinos galos, desde los años 80. Fue a causa del mayor escándalo médico que se recuerda en Francia, el de la sangre contaminada por VIH. Entre 1984 y 1985, la administración francesa permitió que circulasen bolsas de sangre que no habían recibido el tratamiento térmico adecuado y estaban contaminadas por el virus del VIH. Más de 4.000 franceses fueron víctimas de aquel suceso, y tres ministros de François Miterrand fueron juzgados y condenados por aquello. Desde entonces, en Francia cuentan el artículo 223-7 del código penal: “Tras el escándalo de la sangre, se introdujo en el código penal francés una extensión del delito de omisión de socorro llamado "delito de omisión voluntaria de tomar o provocar medidas que permiten combatir un siniestro poniendo en peligro la seguridad colectiva, y está castigado con penas de 2 años de prisión y multa de 30.000 euros”. Al poco tiempo se aprobó en Niza el denominado 'principio de cautela', mediante el cual, “si se sospecha que puede suceder una tragedia de esta magnitud, hay que actuar. Y ahora se tiene que ver si eso se ha incumplido”.

Por ahí, los franceses nos llevan la delantera: “Ya hay presentadas potentes querellas. Uno de los abogados mas activos es Fabrice Di Vizio que representa a colectivos de sanitarios. El principal problema es que los políticos son juzgados por un tribunal especial (que Macron quería suprimir), la Cour de Justice de la République. El procedimiento es muy largo y costoso y seguro que quedara en nada”, cuenta Chabaneix, que cree que aquí podría darse una situación similar “con la cuestión de los aforados, cuyo hipotético juicio sería en el Supremo y no podría haber acusación particular, por ejemplo”. Además, en la mayor parte de los casos, estos procesos concluirían con sanciones económicas e inhabilitaciones de los políticos, pero difícilmente con la cárcel.

Así, el sistema judicial español no está tan preparado como los países de su entorno para afrontar la cuestión que se le viene encima, el aluvión de denuncias, de particulares, abogados, plataformas, sindicatos y colectivos enteros. Además, este tipo de denuncias suelen devenir en procesos judiciales mastodónticos, que no se acaban de resolver hasta más de diez años después. Son todo trabas y la recompensa, si llega, mínima. Sin embargo, hay unos pioneros que no están dispuestos a dejarse amedrentar por ello: “Yo ya no tengo miedo”, asegura Ramón Prados, que seguirá luchando por la muerte de su tío y que admite que “he tenido problemas en redes sociales por criticar esta gestión, pero ya me da igual. O hacemos algo, o en unos meses vamos a volver a tener esta tragedia encima, y serán capaces de decir, otra vez, que nadie lo vio venir. Necesitamos que alguien asuma estas responsabilidades, pero delante de un juez”.