El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, subió a la tribuna del Congreso el 22 de julio y dejó a los diputados atónitos. En una intervención de gran dureza, Rivera denunció la existencia de un "plan Sánchez" que el entonces candidato a la investidura quería llevar a cabo con una "banda" con la que, al tiempo que pedía la abstención a PP y Ciudadanos, negociaba "en la habitación de al lado, la habitación del pánico". Los integrantes de esa banda eran ERC, JxCat o EH Bildu, según él.
La certeza de Rivera de que, en realidad, Sánchez haría lo que fuese para ser investido y contaría con partidos independentistas para ello. Pero el líder del PSOE no reunió los apoyos y las advertencias del líder de Ciudadanos acabaron en una falsa profecía y papel mojado. Semanas después, Sánchez encara unas elecciones generales y la tensión en Cataluña por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés con un plan, pero para evitar un nuevo desafío en Cataluña.
El plan ha sido detallado a EL ESPAÑOL por distintas fuentes gubernamentales, que advierten de que la seguridad se mantendrá en Cataluña. A tal efecto, la Policía y la Guardia Civil llevaron a cabo este martes, 1 de octubre, un simulacro de operación para salvaguardar el orden en Cataluña en completa colaboración con los Mossos d'Esquadra. Con la policía catalana, el Ejecutivo asegura trabajar con total normalidad.
En los últimos dos días, el propio presidente ha avanzado algunos de los instrumentos que estaría dispuesto a utilizar. Comienzan por un requerimiento al Parlament, siguen por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y terminan, si fuese necesario, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
El 155
El martes, en una entrevista en la Cadena Ser, Sánchez desgranó la posibilidad de poner en marcha el 155, para el que sólo existe el precedente de 2017, inmediatamente después de la declaración unilateral de independencia. "Nosotros no amenazamos, sí advertimos", dijo Sánchez, recordando que un Gobierno en funciones puede tomar esa medida.
Sánchez condena el acoso a los medios de comunicación en Cataluña
Pero la aplicación del 155 es una medida ultima ratio, que no puede ser preventiva ni de duración indefinida, según recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional que tuvo que estudiar un recurso tras su primera activación. En ese sentido, el Ejecutivo repite que no ha llegado ese momento. "Si se dieran las circunstancias para la aplicación del 155, el Gobierno lo haría. Pero no se dan", dijo el viernes la portavoz, Isabel Celaá.
El Gobierno espera que los partidos independentistas, muy divididos entre sí, tengan ya claro cuál es el límite de sus actuaciones y, por tanto, que una mera advertencia de utilización del precepto constitucional tenga un potente efecto disuasor. La situación es muy diferente a la de 2017, cuando los dirigentes independentistas no podían prever (o al menos así lo dijeron después), que podrían ser procesados o ingresar en prisión provisional por la responsabilidad de sus acciones.
El requerimiento al Parlament
Sin embargo, las resoluciones del Parlament de la semana pasada han inquietado mucho en Moncloa, que avanza que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional a través de una de las vías posibles. Con toda probabilidad se tratará del conocido como incidente de ejecución de un pronunciamiento que ya haya hecho el Alto Tribunal. En la práctica, funciona como una denuncia del Gobierno de que una de las resoluciones del Constitucional no se están cumpliendo, algo que llevaría a la institución a recordar al Parlament que no puede permitir que se tramiten o aprueben declaraciones abiertamente contrarias a la ley. Ese requerimiento, dirigido a la Mesa del Parlament, serviría como otra advertencia a destacados dirigentes independentistas, como Roger Torrent, presidente de la Cámara, de que sus acciones tienen consecuencias. Visto el recorrido de su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, Torrent podría ser precavido.
Hay otra medida sobre la mesa del Gobierno. Este lunes se la reclamó el presidente del PP, Pablo Casado y el miércoles la asumió el propio Sánchez. Se trataría de aplicar la Ley de Seguridad Nacional, una norma de 2015 que confiere al presidente del Gobierno la potestad de dar órdenes a los Mossos d'Esquadra o cualquier otra policía autonómica.
"Hemos hecho lo que tiene que hacer todo Gobierno, prevenir. Contemplar cualquier tipo de escenario, y lógicamente estudiar cuáles son las capacidades, los instrumentos que se tienen encima de la mesa, ya sea el artículo 155 o la Ley de Seguridad Nacional, para poder responder a cualquier desafío", dijo Sánchez en una entrevista con El Confidencial.
La Ley de Seguridad Nacional
La ley, en su artículo 15, confiere a Sánchez la posibilidad de "declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional". El artículo 24 otorga al presidente del Gobierno la posibilidad de definir la naturaleza e la crisis, su ámbito geográfico, la duración, los recursos que son necesarios (como agentes de los Mossos) o el nombramiento de una figura que coordine los trabajos.
Su aplicación podría ser prácticamente inmediata, ya que no tendría que pasar por el Consejo de Ministros. Bastaría con una decisión del presidente y su inmediata publicación en el BOE. En cualquier caso, se trataría de una respuesta intermedia entre las denuncias ante el Constitucional y la aplicación del 155 y pretendería garantizar la seguridad en Cataluña.
El Ejecutivo confía en no tener que aplicarla y, siempre que puede, alaba la labor de los Mossos d'Esquadra. Así lo hizo este martes el propio Sánchez. Pero los continuos cambios en la cadena de mando, la sospecha de que el president de la Generalitat, Quim Torra, pretende que se sumen a sus planes de insumisión y oposición al Estado y la situación de seguridad en las calles mientras los Comités de Defensa de la República (CDR) y asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que llaman a un combate duro contra el Estado, podrían obligar al Ejecutivo a echar mano de este mecanismo.
En ese sentido, la detención de nueve miembros de los CDR y la constancia de que tenían materiales que podían usarse para fabricar explosivos ha puesto al Ejecutivo sobre alerta. De esa manera, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha puesto al frente de un equipo de coordinación para diseñar un plan, esta vez sí, que el Ejecutivo describe como milimétrico y listo para ser aplicado sin vacilación.