Redouan Bensbih, 26 años, muerto en la guerra de Siria. Mehdi Kacem, 26 años, capturado por la Policía Nacional. Sus historias se escriben entre las bambalinas de las estructuras yihadistas. Son ejemplos de la larga lista de personas que viven en España... y a las que no se les conoce ningún empleo. Tampoco lo necesitan. Al menos, para conseguir sus objetivos. Porque se aprovechan de las ayudas sociales destinadas a personas en riesgo de exclusión social. Cobran hasta 900 euros mensuales sin hacer otra cosa que radicalizarse y propagar los preceptos terroristas.
Fuentes de Seguridad consultadas por EL ESPAÑOL admiten la brecha de seguridad en el sistema de ayudas públicas. El procedimiento es sencillo. Cada Comunidad Autónoma dispone de un engranaje a disposición de colectivos en riesgo de exclusión social, mediante el que se les garantiza una renta mínima mensual. En cada región hay matices y diferencias en criterios o cantidades a percibir. Pero el funcionamiento, en líneas generales, es similar.
En la Comunidad de Madrid es la Renta Mínima de Inserción (RMI); en el País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)... Diferentes denominaciones para un mismo concepto: un plan de choque para arropar a personas o familias en grave riesgo de exclusión social, sin trabajo conocido y con dificultades para acceder al mercado laboral. Y los yihadistas aprovechan esa oportunidad para asegurarse una pensión mensual.
¿Cómo tienen conocimiento de estas ayudas? Centros culturales y sociales, así como espacios religiosos -mezquitas- ofrecen información al respecto. Sus representantes brindan consejo a aquellas personas que les piden ayuda, en situaciones de desamparo. Les explican cómo deben solicitar la ayuda y qué requisitos se exigen en cada caso. Las mismas fuentes restan responsabilidad a estos organismos: "Sólo les dicen a qué ventanilla deben dirigirse; por supuesto, un yihadista o alguien en proceso de radicalización no dice que lo es".
Cobrando todavía muerto
Redouan Bensbih siguió cobrando las ayudas aún después de muerto. Nacido en Marruecos y afincado en Vizcaya, a los 26 años cayó en los combates de Anfal, en Siria, en marzo de 2014. Luchaba bajo la bandera de Al Qaeda y, por entonces, ya se le conocía como Redouan Tnjaw [Redouan, el de Tánger]. Buena parte de su proceso de radicalización tuvo lugar en España, donde se embolsó 836 euros mensuales durante cinco años.
Tras morir bajo la bandera yihadista, un amigo siguió retirando el dinero de la Renta de Garantía de Ingresos desde un cajero automático. Lo hizo al menos una vez y fue detenido por la Ertzaintza. En cualquier caso, el ejemplo detalla el modo en que actúan estos individuos radicalizados: su cuenta bancaria está abierta exclusivamente para recibir las ayudas sociales; una vez recibidas, las retiran inmediatamente en efectivo y guardan el dinero en sus domicilios, sin ningún control de en qué lo gastan.
El boxeador yihadista
Mehdi Kacem también se afincó en el País Vasco. En su caso, en San Sebastián. Originario de Marruecos, tenía 26 años cuando fue detenido por la Policía Nacional. Había recibido la ayuda de una ONG para conseguir la documentación y tratar de vivir del boxeo y la fontanería.
Del boxeo, porque estaba llamado a ser una gran figura del deporte en el ámbito regional. Llegó a pelear por el título de campeón de Guipúzcoa. Compaginaba esa labor con el adoctrinamiento yihadista, según apunta la sentencia judicial. Aprovechó su condición de deportista para aproximarse a otros jóvenes y tratar de extender su mensaje. Cobraba 625 euros de RGI y un suplemento de 250 euros para el alquiler.
Una brecha de seguridad
Hay muchos casos y también más recientes. Como el de un hombre detenido en Vitoria el pasado mes de diciembre tras lanzar proclamas de extrema violencia y acumular varios cargos relacionados con el yihadismo. El Gobierno vasco optó por retirarle sus ayudas.
Hay más casos, descritos también en redes sociales:
Fuentes de Seguridad consultadas por EL ESPAÑOL ponen de manifiesto el riesgo que supone esta brecha, de la que se aprovechan los yihadistas. ¿Cuántos hay en esta situación? La cifra es difícil de acotar, puesto que hay investigaciones en marcha. "Decenas", sostienen las mismas cifras. Algunos ya están en la cárcel; otros siguen en libertad, avanzando en su proceso terrorista y cobrando su 'pensión' de hasta 900 euros mensuales.
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