El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en dos sentencias de mayo de 2017 condena a Huerta por dejar de pagar la citada cantidad correspondiente a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008 en los que habría facturado 798.521 euros a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL, sociedad de la que era único accionista y administrador desde enero de 2006.
Según explican las dos sentencia del TSJM, recogidas este miércoles por El Confidencial, Huerta se dedujo por actividades artísticas 43.770 euros en 2006, 80.481 en 2007 y 24.451 en 2008, habiendo declarado solo por servicios profesionales o rendimientos del trabajo 44.400, 43.065 y 60.000 euros, respectivamente. Como consecuencia, del total de ingresos de los tres ejercicios, 798.520 euros, solo tributó por IRPF 21.860.
El titular de Cultura tributó por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, como debería haber hecho, eludiendo así "los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF" y "engrosando además indebidamente el capítulo de gastos".
Fuentes del Gobierno aseguran que esperan aclarar “a lo largo del día” la “situación” creada por el fraude hacienda del ministro de Cultura, según informa Daniel Basteiro. Moncloa está en contacto con Huerta, pero el entorno del presidente no aclara si le pedirá la renuncia o si éste dimitirá tras la información conocida este miércoles.
Además, el propio Máxim Huertas ha dado entender en Onda Cero que no va a dimitir: "El presidente me ha dicho esta mañana que nuestro objetivo es seguir trabajando y ser transparentes".
El ministro de Cultura ha explicado que sus sentencias se deben a un cambio de criterio en Hacienda: "Estoy al corriente con Hacienda desde hace diez años. Cambió el criterio fiscal, hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Acepté mi responsabilidad como ciudadano".