El exministro de Trabajo y Asuntos Sociales Eduardo Zaplana ha sido detenido este martes a las 8:10 en su domicilio en una operación de la Guardia Civil, ordenada por una magistrada de Valencia, acusado de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal, dentro de una operación llamada "Erial". Los agentes han registrado el domicilio del expresidente de la Comunidad Valenciana en la ciudad del Turia y se han desplazado más tarde hasta Benidorm, donde Eduardo Zaplana tiene también un inmueble. Fuentes próximas a la investigación ponen el foco sobre el presunto cobro de comisiones de más de 10 millones de euros.
Otro grupo de efectivos se prepara para registrar además su despacho profesional en Madrid. En función de los documentos encontrados, los agentes valoran además acceder al despacho profesional que Zaplana ocupa también en Telefónica.
Zaplana, detenido por presunto blanqueo de capitales
En la misma operación, han sido detenidos otras seis personas: el exdirector de Relaciones Institucionales de Terra Mítica, Joaquín Barceló Llorens, y su mujer, Felisa López, el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana y presidente del club de baloncesto Estudiantes, Juan Francisco García,el sobrino del exdirector general de la Policía y exconseller Juan Cotino, Vicente Cotino, y según informa Europa Press, el responsable de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Francisco Grau Jornet, que además era el responsable financiero de la consultora abierta en 2008 por Eduardo Zaplana, llamada Decuria.
La operación de la UCO, ordenada por la jueza Isabel Rodríguez, titular el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, sigue abierta y hay orden de una detención más por los mismos delitos que consistirían en aflorar dinero negro desde fuera de España procedente de comisiones ilegales obtenidas de contratos concedidos de forma irregular. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, las investigaciones se centran en varias operaciones y contratos públicos que habrían generado comisiones que se abonaron fuera de nuestras fronteras.
La tesis de los investigadores se centra en que Zaplana y varios de los ahora investigados habrían tramado una red para repatriar esos fondos escondidos en paraísos fiscales, que llegarían de nuevo a España con la forma de operaciones empresariales.
Hasta hoy, Zaplana ocupaba el cargo de adjunto al secretario general en Telefónica, pero la empresa ha confirmado el cese inmediato de esta relación laboral. De hecho, el único rastro oficial de su participación en una empresa extranjera se limita a una filial de la empresa de comunicaciones abierta en 2004 y ya extinguida.
Además y según el registro mercantil, el expresidente de la Comunidad Valenciana es administrador solidario de una consultora empresarial llamada Decuria Consulting, con un volumen de facturación bruta de 2016.000 euros según las últimas cuentas presentadas, además de figurar como consejero en Compañía de Distribución Integral Logista, una mercantil participada al 60% por Altadis.
Precisamente Eduardo Zaplana se encontraba este martes en Valencia porque tenía prevista una revisión médica de una grave enfermedad por la que sigue tratamiento, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
Registros en Valencia
Los agentes de la UCO rastrean además los contratos sobre energía eólica concedidos por la Comunidad Valenciana a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Para ello, los agentes se han personado esta mañana en la sede de la Consejería de Economía del Gobierno valenciano. Los agentes tienen orden de hacerse con toda la documentación relativa a esas concesiones, y en concreto con todo lo referente al expediente administrativo de la llamada "zona seis" del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, aprobado en 2001.
Además, los agentes buscan también documentación sobre la concesión en 1997 de las ITV de la Comunidad Valenciana, que fueron entregadas a una Unión Temporal de Empresas compuesta por Servicios de Excavaciones; Levantina de Obras y Edificios, ITV S. A. y Valenciana de Revisiones.
De forma paralela, el Partido Popular ha anunciado hoy la suspensión de militancia de Eduardo Zaplana de forma cautelar, hasta que se clarifiquen las acusaciones que pesan contra él en sede judicial.
Citado en Lezo
Eduardo Zaplana fue presidente de entre 1995 y 2002 la Comunidad Valenciana además de ministro de trabajo durante la etapa de José María Aznar en el Gobierno.
Zaplana también ha sido uno de los políticos que ha tenido que declarar en el marco de la Operación Lezo que se sigue en la Audiencia Nacional, aunque no como investigado, sino como testigo por el contenido de unas llamadas telefónicas con Ignacio González. En la causa que se sigue en el Juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional se investigan las irregularidades cometidas a través del Canal de Isabel II y que llevaron a la cárcel preventiva al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Precisamente el anterior instructor de la causa, Eloy Velasco, vio indicios de que Eduardo Zaplana habría planeado adquirir el 50% de una sociedad en Uruguay, y el otro 50% habría sido para González, a través de una sociedad de aquel país. Una operación a través de la que pretendían blanquear dinero procedente de comisiones por contratos irregulares, aunque nunca llegó a materializarse.
En el juicio por la trama Gürtel, Francisco Camps señaló a Zaplana, ministro de Trabajo hasta 2004, como el encargado de introducir a las empresas de Francisco Correa en Valencia. Al portavoz en el Congreso del PP hasta 2008 también se le relacionó con la 'operación Púnica'.